Dónde está el gobierno del cambio. Mataron a Digna Ochoa ya hace varios meses y nadie da cuenta de quiénes fueron los asesinos. Y porque era una abogada incómoda, alguien, o algunos que vieron afectados sus intereses egocentristas, la cancelaron, como se dice en las corporaciones de seguridad nacional de Estados Unidos.
La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal no da una en las investigaciones del asesinato de la luchadora social y no dará otra. Este crimen quedará impune como quedaron impunes otros asesinatos, como el de Colosio, como el de Ruiz Massieu, como el de varios. La policía es una inútil. El procurador Bernardo Bátiz es un inútil.
La Procuraduría tiene todos los medios para encontrar a una aguja en un pajar y no han encontrado a los asesinos de la ex monja y licenciada en Derecho. Eso no reconcilia a los mexicanos con sus autoridades, aunque éstas sean democráticas y su jefe, el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, muy popular, tanto que ya se está pensando que él va a ser el próximo presidente de la República.
Ahora, Bárbara Zamora, representante legal de la familia de Digna Ochoa en el proceso que se sigue para esclarecer el asesinato de la defensora de los derechos humanos, presentó este martes una denuncia penal en la Procuraduría capitalina por amenazas de muerte que recibió, la víspera, a través de Internet.
El mensaje decía todo. «Era muy breve y decía: choques, accidentes, abogados, urgencias», por lo que decidió acudir con el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la Procuraduría capitalina, Renato Sales Heredia, para denunciar el hecho.
Recordó que el escrito es muy similar al que en otras épocas recibió la extinta defensora de los derechos humanos, Digna Ochoa y su compañera Pilar Noriega, ahora primera visitadora de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal.
«Estamos muy preocupados porque no queremos que esta situación acabe como lo que le ocurrió a Digan Ochoa, pues los mensajes que recibimos son muy parecidos a los que en su momento llegaban al Centro de Derechos Humanos Agustín Pro para Digna Ochoa y Pilar Noriega».
Recordó que la diferencia es que antes los enviaban por correo postal e iban escritos con recortes de periódicos, donde se utilizaban las mismas palabras y otras como «colisión entre vehículos, abogadas, condolencias, pésames», entre otras.
Por ello se dijo preocupada por la situación, sobre todo ahora que está vigilando la investigación de la muerte de excompañera de lucha Digna Ochoa y Plácido.
Minutos antes de las seis de la tarde, Zamora llegó a las instalaciones centrales de la PGJDF en compañía de 20 juristas pertenecientes a la Asociación Nacional de Abogados Democráticos quienes exigieron al subprocurador Renato Sales el esclarecimiento de los hechos.
Posteriormente, la litigante rindió su declaración ante el Ministerio Público con el fin de que se inicie la investigación correspondiente, la cual concluyó alrededor de las nueve de la noche.
Con éste ya son dos los casos en que personas públicas son amenazadas de muerte vía correo electrónico por el caso Digna Ochoa; pues en febrero pasado el periodista Germán Dehesa recibió una amenaza de muerte por el email «athel_Malagateaexcite.com» y posteriormente agentes de la UEDO de la PGR identificaron a Martín Gerardo Moreno Pérez como el responsable.
El martes 19 de marzo Zamora López presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público, exigiendo que se investigue el origen del mensaje, pues Digna murió porque nunca se indagaron los recados que recibió.
Rechazó cualquier posibilidad de que las autoridades le brinden protección policíaca, ante la desconfianza que le tiene a tales corporaciones, aunque no descartó analizar esa eventualidad. Zamora demandó a las autoridades tomar en serio la indagación sobre el origen de las amenazas que recibió, así como esclarecer el crimen de su colega.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro le solicitó a las autoridades de la Procuraduría capitalina integrar en su plan de trabajo el informe del asesor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Díaz Romero, quien estuvo el pasado mes analizando los archivos de las investigaciones.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, dijo estar preocupado por las presuntas amenazas de muerte que recibió Bárbara Zamora, apoderada legal de la familia de Digna Ochoa. «Hay preocupación y temor porque este tipo de amenazas se extienda hacia otros defensores», subrayó el ombudsman.
La abogada Bárbara Zamora lamentó que a 24 horas de que presentó la denuncia por la amenaza que recibió por medio del correo electrónico, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) apenas estuviera girando el oficio de comisión a la Policía Judicial para iniciar las investigaciones.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) envió un escrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acerca de las amenazas de muerte que recibió la abogada Bárbara Zamora el lunes 18, vía correo electrónico, y ésta, a su vez, transmitió la información a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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