Desaparecer Luz y Fuerza del Centro (LyFC) por decreto presidencial es un acto «ilegal», un golpe «muy fuerte» para el sindicalismo en México y un acto de «miopía» por parte del gobierno mexicano frente al desempleo que generará al dejar sin trabajo a 43 mil electricistas, de los cuales las mujeres constituyen 10 por ciento, aseguró a Cimacnoticias Martha Heredia Figueroa, vicepresidenta de Equidad y Género de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).
A esta población se suman 23 mil trabajadoras y trabajadores jubilados; esto significa que la subsistencia económica de 66 mil familias mexicanas depende de LyFC. Ante lo «grave» de este hecho, Heredia Figueroa manifestó que la UNT –conformada por 300 organizaciones sindicales que agrupan a un millón de trabajadoras y trabajadores, de los cuales 46 por ciento son mujeres– se mantendrá solidaria con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
La sindicalista lamentó que el gobierno federal, encabezado por Felipe Calderón Hinojosa –quien durante su campaña presidencial «se hizo llamar el presidente del empleo»– «eche a la calle a miles de trabajadoras y trabajadores», quienes, aunque los liquiden conforme a la Ley Federal de Trabajo, «sin duda alguna» engrosarán las filas de los 2.4 millones de personas desempleadas en el país.
Asimismo, manifestó que «borrar una compañía tan importante de un plumazo», además de ser «ilegal» representa una provocación para las organizaciones sindicales mexicanas, e indicó que las y los integrantes de la UNT «no vamos a dejar de lado esta situación: nos sumaremos a las acciones del SME en busca del fortalecimiento obrero».
Entre las acciones de solidaridad programadas para apoyar a las y los electricistas está la marcha que realizarán el próximo jueves, a las 16 horas, del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.
DECRETO ILEGAL
Diversas organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema laboral coinciden en que la acción emprendida por Calderón Hinojosa es ilegal.
De acuerdo con el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), el decreto calderonista reconoce que, conforme al artículo 15 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la disolución de organismos descentralizados debe seguir el mismo procedimiento que se empleo para su creación.
La conformación de LyFC fue dictaminada, primeramente, por el Poder Legislativo mediante la modificación a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, por lo cual deberá ser este mismo poder el que discuta si desaparece o no la compañía paraestatal.
Por su parte, la Unión de Juristas de México indicó que LyFC es un organismo descentralizado que tiene carácter de empresa; por lo tanto, no forma parte de la administración pública centralizada y está sujeto a la Ley Federal del Trabajo. Por esta razón, el Ejecutivo carece de facultades para extinguir y liquidar a la empresa y terminar, sin juicio previo, las relaciones colectivas con miles de trabajadoras y trabajadores electricistas.
Asimismo, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fijó su posición en la Cámara de Diputados con respecto al decreto calderonista y sostuvo que desaparecer LyFC «se inscribe en una política de desmantelamiento de las instituciones del Estado donde se pierden funciones económicas y sociales de trascendencia para el desarrollo nacional».
El tricolor reconoce que no se pueden atribuir al sindicato los problemas que enfrenta la LyFC, ni se puede reducir el conflicto de la empresa y su sindicato a las transferencias fiscales, tal como se enuncia en el decreto.
El mismo instituto político concluyó que es «preocupante la recurrencia (de Felipe Calderón) a una política antisindicalista contra sus presuntos adversarios y de permisivas para sus aliados, así como la persistencia en sus afanes privatizadores con respecto a las empresas públicas de la energía».
09/GCJ/YT
