La tragedia que viven cientos de miles de mexicanos en los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Puebla y Tamaulipas, debido al paso del huracán «Karl» es de grandes proporciones. Deja en evidencia la incapacidad gubernamental para atender un desastre de esta envergadura.
No sólo trae consigo la pérdida de viviendas y de los enseres más elementales de la población, sino también de escuelas, fuentes de trabajo, terrenos de cultivo y hasta de pesca.
También como ocurre con desastres naturales de estas proporciones, el surgimiento de enfermedades por el estancamiento de aguas negras y la afectación de clínicas y hospitales, son hechos que hacen más vulnerable a la población.
La población clama ayuda por alimentos y agua, por refugios seguros mientras el agua se retira de sus viviendas.
Mientras las presas están desbordadas, y representan un peligro para la población, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha tenido que enfrentar de manera desesperada un desfogue del vital líquido en diversas zonas que ha propiciado inundaciones «controladas» ante el descontento de la población.
Desastres como el que se evidencia con el huracán «Karl» muestran la carencia de planes y la coordinación entre el gobierno federal y los estados y ahora por ello se hace un llamado desesperado para que la población no afectada colabore con la aportación de alimentos, ropa y medicamentos.
Los sistemas de protección civil, no sólo pueden ser planes de papel para atender emergencias que en muchas ocasiones, como ahora sucede, se encuentran desbordadas ante una demanda inusual de atención.
Se requieren de medidas preventivas que corrijan las causas del problema y no sus consecuencias.
Se siguen construyendo viviendas en lugares en donde antes cruzaba un río y los gobiernos de distintos niveles siguen dando autorización para que ello siga sucediendo.
Se siguen construyendo viviendas en los márgenes de los ríos y a éstos no se les da mantenimiento y cuando se desbordan, los gobiernos estatales y federal no se responsabilizan por estas omisiones.
La necesidad de elaborar un plan estratégico nacional de medidas preventivas ante desastres naturales, es una prioridad que debe atenderse, y en ello los Congresos estatales y el Congreso de la Unión, tienen enormes responsabilidades no sólo en la elaboración de leyes que obligue a los gobiernos a tomar las medidas anticipadas de atención, sino también a suministrar los recursos económicos para atender esas medidas.
En desastres como el que ahora enfrentan diversos estados, la población deja de tomar un papel pasivo cuando se da cuenta de la incapacidad de sus gobernantes.
Recordemos que hace 25 años, cuando ocurrió el sismo devastador del 19 de septiembre de 1985, hombres y mujeres decidieron organizarse para rescatar a la gente atrapada entre los escombros, repartir alimentos, y dar refugios a miles de víctimas.
Ahora no podemos cerrar los ojos ante un reclamo de solidaridad de miles de mexicanos que enfrentan un nuevo desastre natural y una desorganización gubernamental.
* Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal e integrante del Consejo de CIMAC.
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