El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza, llamó a mantenerse alertas ante el hecho de que la discriminación sea considerada un acto «normal».
Un ejemplo de ello, dijo, es que en la Ciudad de México las mujeres perciben un salario menor entre el 7 por ciento y 35 por ciento con respecto al de los hombres, a pesar de que realizan las mismas actividades, señala un boletín de la institución.
«En las relaciones sociales lo aceptable es lo masculino, lo heterosexual, lo mestizo, lo clase media y lo católico, y todo lo que se aleje de eso es socialmente reprobable», expresó.
Al presentar el libro «Educación, Interculturalidad y Derechos Humanos. Los Retos del Siglo XXI» de Guadalupe Millán Dena y Enrique Nieto Sotelo, investigadores de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), el Presidente de la CDHDF lamentó que la sociedad se haya dividido en sectores poblacionales y reconoció la urgencia de construir una nueva masculinidad que no le tema a la mujer.
Ante estudiantes y académicos reunidos en el «Auditorio C» de la UPN, Álvarez Icaza resaltó la importancia de poner sobre la mesa la visión de la interculturalidad desde la función educativa, porque lamentablemente esos códigos discriminatorios se reproducen con mucha fuerza en los centros escolares.
De acuerdo con un estudio que realizó la CDHDF en conjunto con la Administración Federal Servicios Educativos en el Distrito Federal de la Secretaría de Educación Pública (SEP), destacó el funcionario, cuatro de cada 10 estudiantes de secundaria consideran que las y los maestros reproducen conductas discriminadoras hacia ellas y ellos.
«Los maestros utilizan el espacio escolar para discriminar, y a los muchachos y a las muchachas, por determinados atributos, se les construye un código de identidad social», comentó.
Álvarez Icaza manifestó la importancia de revertir esa «normalidad» que sistemáticamente niega a la otra y al otro y avanzar en la construcción de una cultura basada en el respeto a los derechos humanos y en la normalidad democrática.
El Ombudsman capitalino emplazó a las autoridades de gobierno a reconocer que existen diferencias estructurales que no permiten el ejercicio de los derechos de la misma manera para todas y todos, porque a partir de ese reconocimiento se podrán generar políticas públicas, instrumentos legislativos y acciones de gobierno que permitan revertir las desigualdades.
Aseveró que el desarrollo del capital democrático en el país pasa por la construcción de una relación distinta en las escuelas, desafío que tienen hoy en día las y los educadores.
Por su parte, la Rectora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Sylvia Ortega Salazar, hizo un llamado a forjar una sociedad más tolerante y concebir que «la educación es sinónimo de compromiso con los derechos humanos de las niñas y los niños, pues en la interacción cotidiana no siempre ocurre así».
Por eso, Ortega Salazar se comprometió a intensificar la formación del magisterio y el desarrollo profesional de directivos escolares y de otros actores de la educación dentro del trabajo de la UPN.
«Esa es la tarea de nuestra Universidad, ese es nuestro compromiso y tenemos toda la capacidad y el interés de contribuir a forjar una sociedad más tolerante, una cultura de paz que predomine en cada uno de los espacios educativos e incrementar las capacidades que como educadores se deben adquirir antes de ingresar al servicio», dijo.
A su vez, la presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, Gloria Ramírez Hernández, advirtió que las niñas adolescentes embarazadas que viven en la Ciudad de México son las que sufren en mayor grado la exclusión en el ámbito educativo.
Aseguró que el derecho a la educación es una materia pendiente en el país, lo cual calificó de grave, pues es un derecho fundamental que permite el ejercicio de las otras garantías.
Ramírez Hernández señaló que las autoridades educativas caen en un doble discurso al decir que atienden los estándares internacionales en el rubro y apuntó que el derecho a la educación no se podrá ejercer plenamente si no se vive en una sociedad democrática, porque en el contexto actual se tienen muchos retos y amplias incertidumbres.
En tanto, los profesores-investigadores de la UPN, Jorge Tirzo Gómez y Saúl Velasco Cruz, coincidieron en que el libro «Educación, Interculturalidad y Derechos Humanos. Los Retos del Siglo XXI» invita a la reflexión y postula a estos tres temas como un desafío para alcanzar una mejor calidad de vida.
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