Los gobiernos «fracasaron estrepitosamente en el objetivo de impulsar la agenda del desarrollo sustentable», aseguró la organización no gubernamental Greenpeace, al terminar la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (FfD, por sus siglas en inglés).
Para el organismo ecologista internacional, el Consenso de Monterrey es un «ambiguo compromiso de los países pobres para cumplir con las normas y reglas impuestas por las instituciones financieras internacionales, a cambio de fondos para el desarrollo».
«Es un acuerdo entre gobiernos para continuar el deterioro ambiental en aras del libre mercado, y para empeorar la situación de los pobres del mundo. Mucha gente morirá por esta lamentable despreocupación hacia lo que ocurre con el medio ambiente», declaró el coordinador de la campaña de Energía de Greenpeace, Paul Horsman.
La directora de esa organización en Chile, Rosa Montero, afirmó que sin plazos concretos y sin obligaciones es imposible que se cumpla con los acuerdos de la Cumbre de Río en 1992. Dijo que tanto en la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD), el comercio y las inversiones es imprescindible tener metas temporales claras, para que se cumplan los compromisos.
Criticó la postura de Estados Unidos sobre los recursos a países pobres. «¿Cómo puede exigir condiciones para la ayuda al desarrollo si ellos mismos son los primeros que violan los acuerdos internacionales?», preguntó y citó los casos de la corrupción en la empresa de energía Enron, y el anuncio de que Washington no acatará los acuerdos de Kioto.
«Hipócrita es el llamado de Bush en esta conferencia para establecer criterios de transparencia, respeto a derechos humanos y civiles, afirmó por su parte Horsman. «Sería bueno que predicara con el ejemplo», ya que «esta nación ha rechazado todos los tratados internacionales que buscan detener el deterioro ambiental o la proliferación de armas».
En esta cumbre de Naciones Unidas existe una «fuerte alianza» entre el sector privado, los gobiernos y las instituciones financieras internacionales, acusó Montero. «La sociedad civil no puede competir contra ellos, el cabildeo cuesta», advirtió la ecologista chilena.
«Las organizaciones no tienen suficientes recursos humanos, financieros, y organizativos para estar en todos los procesos.»
LA AGENDA DE GREENPEACE
Greenpeace propuso antes de la FfD una agenda ambiental. Sin embargo, no pudo participar en las mesas redondas ministeriales de la conferencia y acusó a la ONU de no dar espacio real a las ONG, a pesar de que algunas eran observadoras oficiales en la cumbre.
«Argumentaron problemas de comunicación», dijo Rosa Montero, «pero la verdad es que no sabemos por qué no nos dieron espacio».
De acuerdo con la organización ambientalista, ninguna de sus propuestas fue incorporada a las discusiones. Su exigencia central es que tanto los organismos financieros internacionales como los gobiernos, destinen recursos para el desarrollo y el uso de energía sustentable con plazos definidos y obligatorios, para alcanzar tales metas.
Greenpeace demanda también la condonación de la deuda externa de los países pobres, ya que ésta es «uno de los principales factores que contribuyen a aumentar la presión sobre la biodiversidad en los países en desarrollo».
Asimismo, pide el fin de los casi 300 mil millones de dólares anuales en subsidios que favorecen la destrucción ambiental, y que resultan inequitativos entre los países ricos y pobres.
El organismo ecologista sostiene que las corporaciones transnacionales deben estar «obligadas por la ley a actuar responsablemente», y que las reglas del comercio internacional se subordinen a las normas medioambientales.
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