Existe un debate acerca del significado del concepto de «seguridad pública», al cual se le concibe en algunas ocasiones como «seguridad ciudadana». El debate se refiere a las fronteras del concepto y a si es posible incluir las desigualdades del ingreso, pobreza, educación, cultura popular, entre otras.
Particularmente, la sociedad de la capital mexicana, está preocupada por las cuestiones centrales del crimen, la violencia, la corrupción y la inadecuada procuración de justicia vistos como un conjunto íntegro de problemas.
Describir, y evaluar las dimensiones de los problemas de la inseguridad y de las respuestas gubernamentales y sociales, nos lleva a proponer iniciativas que puedan contribuir a la cooperación para mejorar la seguridad pública. Por lo que corresponde al legislativo analizar y discutir la iniciativa presentada por el ejecutivo recientemente así como la aprobación de los recursos.
Aunque desde su arribo como presidente, Vicente Fox, se comprometió a iniciar un nuevo combate a la impunidad y la corrupción, señalando que el castigo es más importante que la severidad de las penas. Sabemos que confrontar los múltiples problemas de crimen, violencia y corrupción, requiere de tiempo, recursos y un vigoroso liderazgo.
¿Contaremos con el liderazgo vigoroso? A tres años de su gobierno, aceptemos que es la sociedad quien toma la iniciativa para presionar al Estado mexicano, este pasado domingo 27 de junio.
Las inquietudes en torno a la delincuencia, la violencia y la corrupción se han convertido en temas políticos centrales, y sabiendo que la solución inmediata no es tan sólo más leyes o leyes más duras, el presidente Fox señaló en su toma de posesión, que lo que se requiere sobre todo, es que, su aplicación se dé en un marco de plena certeza.
Lo que significa que no esperaba que el legislativo aprobara reformas penales por estos delitos, sino dar respuesta con una mayor efectividad de los gobiernos en aplicar la ley.
Las personas y la sociedad civil, entendida como organizaciones cívicas, clubes de servicio, cámaras empresariales, asociaciones, clubes deportivos, escuelas, organizaciones religiosas y similares, tienen un papel muy importante en cuanto a inculcar y proteger una cultura de la legalidad, y los gobiernos a dar respuestas tomando en mente las dimensiones sociales del problema. Tales como el abuso en el alcohol y drogas, cuyos efectos se relacionan con la violencia.
Algunas colonias como la Buenos Aires, la Doctores, Tepito y Morelos están siendo afectadas por bandas delictivas en las que las adicciones son comunes en estas bandas. La violencia relacionada con las drogas es especialmente devastadora en algunos estados mexicanas como Baja California, Sinaloa y Jalisco.
Un estudio del Banco Mundial sobre el incremento del crimen en diversos países incluyendo el nuestro, señala que existen correlaciones económicas claras para el crimen. Que las tasas criminales son contra-cíclicas: «Actividad económica estancada induce altas tasas de homicidio. Más aún parece existir una clara correlación entre inequidad económica y el crimen»… por lo que países con distribución más desigual del ingreso tienden a tener mayores tasas criminales que aquellos con patrones más equitativos de distribución del ingreso.
Por lo que resulta preocupante la polarización entre los ricos y los que no lo son, entre el clamor y el odio, entre el silencio doloroso y la necedad sobre la pena de muerte. Dicotomías que se están marcando.
También se reflejó la concepción popular de que los delitos violentos se incrementan con el narcotráfico, y esto también está presente en el caso de México.
Con relación a las operaciones antidrogas, el ejército mexicano ha participado activamente en campañas de erradicación de cultivos desde la década de los 70 y de manera creciente en los 90 su papel ha aumentado en el combate a las drogas.
De ahí, lo importante del mensaje del general Clemente Vega, Secretario de Defensa, al señalar que el Ejército no debe involucrarse en la política, haciendo un llamado a la conciliación y al perdón, para superar las diferencias y conflictos políticos y, aunque no lo dijo pero se entendió que se refería a los gobiernos del Distrito Federal y el Federal.
No hay duda que el problema de la seguridad pública debe encabezar prácticamente la agenda política de México ya que con la manifestación ciudadana en la marcha histórica del silencio contra la violencia la coloca como el tema central que moldeará las relaciones entre los poderes de la Unión.
*Senadora e integrante de la Comisión de Equidad y Género y de la Comisión Especial que dará seguimiento a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.
2004/BJ/SM
