Con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2010 se suscribieron los recursos que se destinarán a los programas etiquetados para dar apoyo a las mujeres. Su monto asciende a 19 628.1 millones de pesos, lo que implica un incremento de 10.3 por ciento con respecto a 2009; incluyendo 8 809.4 millones de pesos para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 205.1 millones de pesos para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Lo limitados que son estos recursos se puede medir con las necesidades que tienen las mujeres del país, o comparándolos con los 80.6 millones de pesos que se destinan a las fuerzas públicas (Defensa, Marina y Procuraduría General de la República), contra los cuales no significan ni la tercera parte.
Esa es la magnitud de la atención que recibe la mitad de la población del país, que tendrá que reforzar la lucha por sus derechos económicos, sociales y políticos ante la indiferencia del Estado.
Dentro de las acciones para apoyar a las mujeres, el rubro de salud es el más significativo, pues representa 72.9 por ciento del presupuesto; le siguen, en orden de importancia, los programas de desarrollo social y los de la Secretaría de Educación.
También se incluyen 1 647.6 millones de pesos para vivienda, los cuales se aplicarán a financiamiento y subsidio federal, el Programa Hábitat y el Programa de Vivienda Rural. La vivienda ha tenido una caída del siete por ciento; es necesario dinamizar su demanda, en particular la de vivienda de acceso popular. La asignación para estos efectos es, a todas luces, insuficiente.
En este conjunto de programas hay tres ausencias muy importantes: el apoyo a los programas contra la violencia, el combate a la pobreza y los correspondientes a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Es necesario es que esta última dependencia, a través de sus Consulados en Estados Unidos, desarrolle acciones de apoyo a las mexicanas que trabajan en ese país. La población mexicana en Estados Unidos es de 12 millones, con un componente importante de mujeres, las cuales enfrentan múltiples problemas de índole migratorio, emocional, laboral, económico, etcétera.
Apoyar a esta población expulsada del país por el desempleo es lo mínimo que se debe hacer, pues gracias a las remesas que envían descendieron los niveles de pobreza en el 2000, se realizan proyectos productivos en varios estados y subsisten muchas familias de escasos recursos en México.
Con respecto a los programas para el combate a la pobreza, deben formar parte del presupuesto etiquetado como apoyo a las mujeres, ya que ellas padecen la pobreza la pobreza 1.15 por ciento más que los hombres, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). La solución debe aplicarse donde es más grave el problema.
De acuerdo con esta cifra, el crecimiento de 4.4 por ciento en pobreza alimentaria (2006-2008), se traduce, cuando se trata de mujeres, en 5.1 por ciento. Hay que recordar que ésta es la más radical de las pobrezas que pueda experimentar una persona.
Con mayor razón, ahora que el programa Oportunidades se aplicará en las áreas urbanas, es necesario hacer varias modificaciones.
En primer lugar, quitar esa grosera condición de que las mujeres tengan que hacer «trabajo voluntario» para recibir recursos, cosa que no se aplica a los hombres, seguramente porque se considera que ellos sí están trabajando o tienen algún privilegio de género.
Después, hay que definir una metodología con perspectiva de género para la medición y aplicación de programas para la pobreza (urbana o rural); es necesario que los informes de la Comisión Nacional para la Evaluación de la Pobreza (Coneval) contengan suficiente información de género en programas como Oportunidades, de tal forma que se pueda conocer el avance efectivo de las mujeres que están en condición de pobreza.
Además es indispensable que el parámetro de «pisos de tierra en la vivienda» y su respectivo programa forme parte de las acciones urbanas. En las colonias populares de las ciudades más importantes del país, como Tijuana, Cd. Juárez, Monterrey, Guadalajara y Veracruz, por mencionar algunas, existen numerosas viviendas con estas características.
En lo que concierne a la eliminación del apoyo a las actividades encaminadas a combatir la violencia, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales (ONG) tendrán que reforzar el tejido de redes sociales que han trabajado tantos años en apoyo a decidido a las mujeres que han sufrido violencia familiar o comunitaria, con acciones preventivas y, por supuesto, en la lucha permanente por exigir recursos para este tipo de proyectos.
En contraparte, lo que se ofrece a las mujeres es: impunidad para los feminicidas; penalización del aborto; impunidad para los delincuentes; violación de los derechos humanos y laborales; impulso a la informalidad y desempleo.
No se puede asumir pasivamente esta política depredadora, como si fuera un destino manifiesto. Las mujeres tienen derechos económicos, sociales y políticos pero, sobre todo, una gran fuerza transformadora.
*Economista especializada en género
09/CP/YT
