En él, Paola Sesia, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas) Unidad Pacífico Sur, disertó sobre la Conferencia «Women Deliver», realizada el año pasado, donde se concluyó que la inversión en salud rinde frutos no sólo en el campo de la salud, sino en el seno de la familia, con las y los hijos y para tener comunidades y sociedades más sanas.
«La muerte materna es una violación a los derechos humanos y la salud materna tiene que ser considerada la acción prioritaria, con acceso a los servicios de salud, a medicamentos, a condiciones de trato sin discriminación en el momento de necesitar los servicios.
El derecho a estos servicios es como el derecho a la alimentación, pues son mujeres que viven en extrema pobreza, dijo Sesia.
En la Conferencia Women Deliver –recordó Sesia– se concluyó que, como parte de las políticas públicas para prevenir la muerte materna, los Estados tienen la obligación de posibilitar el acceso universal e irrestricto a los servicios de salud reproductiva para prevenir embarazos no deseados, de anticoncepción de emergencia, aborto seguro, garantizar acceso pleno a la atención calificada durante el embarazo y parto, atención oportuna y de calidad con personal competente y con todos los insumos, atención obstétrica de emergencia con personal calificado y competente con los insumos e infraestructura necesaria.
TIERRA DE MUJERES SANAS
Durante su participación en el Taller, Lina Rosa Berrio, de la organización Kinal Antzetik, que significa «tierra de mujeres», abordó el derecho a la salud para las mujeres indígenas, donde destacó que estar sano no solo requiere de servicios hospitalarios especializados, si no que también implica factores determinantes de la salud como acceso al agua limpia, a condiciones sanitarias adecuadas, vivienda, nutrición, condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente, acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la sexual y la reproductiva.
Dio un panorama de los criterios para evaluar el derecho a la salud en las entidades, como la disponibilidad o número suficiente de establecimientos de bienes y servicios de salud; la calidad apropiada desde el punto de vista médico; el acceso desde la ubicación geográfica de las comunidades rurales, sin discriminación.
Todo ello debe enfocarse desde la perspectiva de los derechos, donde se debe tener en cuenta las características de los grupos de población más vulnerables en el diseño de políticas y programas para incorporar una perspectiva de género y reconocer los factores socioculturales.
Se habló de las violaciones al derecho a la salud, que son: la negación del acceso a este servicio, el desabasto de medicamentos en los hospitales del sector salud, la negación de medicamentos para el tratamiento de enfermedades y el mejoramiento de la calidad de vida, o la inadecuada prestación del servicio de salud, que implica la responsabilidad médica y administrativa de prestadores de servicios de salud pública.
Es decir, estas violaciones ocurren cuando el Estado niega, prohíbe o ignora la obligación de garantizar el acceso oportuno y de calidad y a los servicios de salud sexual y reproductiva de las personas o la imposición de métodos anticonceptivos y esterilización forzada, como ocurrió en Guerrero con una mujer indígena del Alto Balsas, a quien le realizaron ligadura de trompas, a pesar de que era estaba ya en la menopausia, sólo por cubrir los números para la estadística.
Finalmente, se abordó en el Taller convocado por CIMAC el tema del presupuesto, del gasto etiquetado con enfoque de género. A decir de las conferencistas Daniela Díaz y Melissa Ortiz, del Centro de Análisis e Investigación Fundar, en México no hay presupuesto con perspectiva de género, simplemente se etiquetan recursos para problemas específicos de las mujeres, lo cual no es lo mismo, debido a que no hay políticas públicas con esta perspectiva. Por ello, dijeron las ponentes, fue necesario realizar todo un análisis desde la elaboración del presupuesto hasta su aprobación y ejecución por los gobiernos federal, estatal y municipal.
El Taller Periodistas en Alerta, no más muertes maternas, concluirá mañana sábado 26, con acuerdos sobre cómo elaborar campañas para combatir la muerte materna.
08/ET/GG
