El anuncio de la iniciativa de reforma de Ley del ISSSTE ha caído como balde de agua fría para las mujeres que dependen de este sistema; ya que entre sus principales reformas destaca el aumento de edad para pensionarse, el aumento de la aportación por trabajador, limita prestaciones sociales y culturales, limita los derechos de los hijos y los padres a los servicios médicos y desaparece los seguros de jubilación, indemnización global y el de retiro por edad y tiempo de servicio.
En su propuesta el Senador Joel Ayala argumenta que los tiempos han cambiado, que el México de hoy, no es el de hace 50 años en que fue creado el Instituto, que es «indispensable» una reforma, que está por «quebrar» el instituto y otra serie de argumentaciones que a las millones de madres de familia que dependen del Instituto les vale «ídem».
A pesar de la poca calidad en los servicios de salud del ISSSTE y la raquítica pensión que se percibe al ser jubilada, es la única opción para recibir atención médica para millones de mexicanas y mexicanos.
Quién no sabe, o vivido el martirio de tener que esperar hasta 4 horas en una sala del ISSSTE para ser atendido y si tiene uno suerte de buena gana y si no rapidito y por encimita, recibiendo el medicamento que haya en ese momento, aunque no sea el adecuado.
A este tipo de atención están acostumbradas las millones de mujeres que acuden a este Instituto, ya sea directamente la trabajadora o la esposa del trabajador; pero es la única opción; es la salida que han encontrado las madres para la atención médica de los hijos, y ahora el Senador con toda la grandilocuencia de su lenguaje, les dice «disculpe las molestias que esta iniciativa les ocasionará».
Reconoce «que el sistema de seguridad social es un derecho constitucional; que las últimas generaciones de mexicanos han construido un amplio y complejo sistema de seguridad social con el objeto único de garantizar este Derecho, que en este país es la base para el sano desarrollo personal de sus trabajadores y sus familias; así como un pilar fundamental para el desarrollo económico; el proveedor más importante de servicios de salud para 2.8 millones trabajadores asegurados y pensionados y para 10 millones de familiares cobertura médica; y es sobre todo una red efectiva para dar certidumbre a trabajadores en momentos críticos».
De ahí la legítima protesta de la clase obrera por la recientemente Iniciativa de Reforma a la Ley de ISSSTE; pero existe otro cariz que ninguna ley o reforma tiene previsto, la vulnerabilidad de la mujer ante este tipo de cuestiones.
Ante cualquier debacle económica o social que afecte el entorno de la familia, históricamente la mujer es la que debe hacer frente a ésta y dentro de sus posibilidades paliar, solucionar y enfrentar esta situación, ya que es la persona a la cual los hijos acuden para pedir alimento, cobijo y atención medica.
Como se sabe también históricamente, la mujer ha enfrentado estos retos, de la manera como Dios le ha dado a entender ha solventado estas crisis, sacando a sus hijos adelante, realizando la doble jornada, trabajando por su cuenta, como artesana, trabajadora doméstica, administrativa, obrera o en miles de ocupaciones que se ha inventado para enfrentar la importante responsabilidad de criar y sostener económicamente a sus hijos.
De ahí que ante este tipo de embates económicos y sociales la mujer es la que está en mayor riesgo y vulnerabilidad, ya que es la que permanece más tiempo con los hijos y la que debe dar respuesta inmediata ante una emergencia medica.
Estudios de la ONU y de otros organismos nacionales e internacionales cada día se avocan a estudiar y señalar el papel y la vulnerabilidad de la mujer frente a algún tipo de desastre; destacando que esta situación se da debido al papel que históricamente ha desempeñado: la reproducción, el cuidado y crianza de los hijos, el trabajo doméstico y el trabajo asalariado, lo que hace que su volumen de trabajo sea mayor; dando como resultado que tengan menos tiempo para la educación y la participación en la toma de decisiones familiares y comunitarias.
Es necesario que Senadores y Diputados analicen la procedencia de este tipo de iniciativas que a todas luces vulneran y afectarán la calidad de vida de millones de mujeres que dependen de los servicios de ese Instituto; si en verdad es cierto que está por quebrar, qué investiguen donde o en que se utilizan las aportaciones de los trabajadores, que autoricen otras opciones; si han podido ayudar a los banqueros y a los inversionistas carreteros, es de justicia social que salven de la quiebra a este Instituto que sirve a 10 millones de mexicanas y mexicanos.
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