Chiapas sigue siendo uno de los estados del sureste con el mayor número de posiciones militares, la mayoría instaladas en zona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
De acuerdo con un informe del Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales (CAPISE) en San Cristóbal de las Casas son 97 las posiciones o campamentos militares permanentes en comunidades indígenas.
En contraparte a lo que dijo en días pasados el secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, de que el ejército mexicano ha ido abandonando la zona de conflicto, la ocupación militar en territorio indígena es alarmante, precisa el informe.
A pesar del retiro de algunos campamentos en la Selva y Altos, el despliegue táctico militar en el Teatro de Operaciones mantiene una lógica de guerra regular e irregular.
Tan solo 73 de las 97 posiciones o campamentos militares permanentes documentados en febrero de este año, se localizan en territorio de influencia zapatista en la frontera con Guatemala o con el estado de Tabasco.
Según el informe: «el ejército mexicano no ha dejado de atender y vigilar las zonas donde los –más de 38- municipios autónomos zapatistas tienen jurisdicción e influencia dentro de territorio indígena y no indígena» en el cual miles de rebeldes han expresado su repudio desde 1994.
Los indígenas, sobre todo milicianos del EZLN, han denunciado el constante abuso a sus derechos humanos, violación sexual a las mujeres, incremento de la prostitución y alcoholismo.
Sobre el asunto agrario, señalan que las tierras aseguradas tras la insurgencia de 94 están siendo reasignadas en el marco de «la legalidad» a indígenas de la región, pero excluyendo a las bases del EZLN.
Los despojos «legales» se han cometido en los municipios de Chilón, Altamirano y Ocosingo de los que se encargó la ex delegada de la Secretaría de la Reforma Agraria, Martha Cecilia Gómez, quien ahora buscará una curul en el Congreso de la Unión, a invitación del dirigente nacional del PAN, Manuel Espino, connotado miembro de la ultraderecha mexicana.
El CAPISE asegura que los despojos «van acompañados de amenazas de muerte y desalojo forzoso de las bases de apoyo zapatistas» como ha ocurrido en los últimos cinco años, en comunidades rebeldes asentadas en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules y la Selva Lacandona.
«La similitud de los casos ilustra una estrategia sistemática y agresiva contra las bases de apoyo zapatistas, autoridades de municipios autónomos y por consiguiente contra el EZLN».
El Gobierno mexicano y el ejército utilizan organizaciones sociales y paramilitares para configurar el despojo y los desalojos forzosos con el argumento de que aplican el estado de derecho.
La Procuraduría Agraria es la responsable de otorgar los títulos de propiedad de las tierras recuperadas.
El informe de CAPISE añade además que en los últimos cinco meses se han desatado una serie de agresiones contra miembros de organizaciones no gubernamentales que simpatizan con el EZLN.
Incluso el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas denunció que ha documentado 14 casos de amenazas de muerte, agresiones físicas o el allanamiento de casas de los activistas en Chiapas, Oaxaca y Campeche desde que el subcomandante Marcos inicio «La Otra Campaña» el 1 de enero de este año, sin olvidar, claro, el bloqueo de las cuentas bancarias de Enlace Civil.
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