La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) examinará la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en las reuniones que sostendrá en los meses de noviembre-diciembre de 2007.
La diputada perredista Rosario Ortiz Magallón dijo a Cimacnoticias que lo anterior le fue comunicado de manera oficial por la directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo de la organización laboral con sede en Génova, Cleopatra Doumbia-Henry.
Rosario Ortiz representa a las organizaciones de trabajadores que enviaron un recurso de queja a la OIT el pasado 7 junio y entre los que se encuentra el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México; el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y el Único de Trabajadores de la Industria Nuclear.
Así como el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana y Nacional de Trabajadores de la Educación.
La queja que se presentó al Comité de Libertad Sindical (CLS-OIT) está fundamentada en que, cuando se aprobó esta nueva ley, no hubo consulta bilateral, como lo marcan las condiciones generales de trabajo y los contratos colectivos de los sindicatos que están en convenio con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con lo que el gobierno federal «violentó todo el mecanismo de consulta y consenso con las y los trabajadores».
«Sólo hicieron el acuerdo entre Elba Esther Gordillo, Joel Ayala, Miguel Ángel Yunes y el gobierno federal, pero nunca convocaron a nadie, lo cual violenta el principio de libertad sindical», señaló.
Asimismo, indica la diputada y feminista, la queja fue emitida porque la llamada nueva Ley del ISSSTE –que, según Ortiz Magallón, afecta al 54 por ciento de mujeres de los cerca de 2 millones de trabajadores que laboran para el Estado mexicano– viola el Convenio 102 sobre Seguridad Social firmado por México.
La queja que fue aceptada por la OIT, explica la diputada, fue la de libertad sindical. La OIT nombró un Comité de expertos, conformado por un representante patronal del Guatemala, uno del gobierno chileno y uno de los trabajadores argentino: «Este Comité de expertos va a analizar todos los argumentos que nosotros presentamos».
Igualmente, la OIT ya notificó a la diputada que revisará la queja respecto al Convenio 102. Además, de acuerdo con Ortiz Magallón, el organismo urge al gobierno federal a que mande sus observaciones sobre los argumentos que se han presentado en ambas quejas.
«Esto es un triunfo que implica que la OIT está poniendo atención a la violación de los derechos laborales en el país, es un triunfo parcial, pero es un logro por el hecho de que la OIT acepte de entrada estos mecanismos de protección de las y los trabajadores y que el gobierno tenga que mandar sus opiniones.
«Ya después ellos analizarán lo que el gobierno dice y ahí tomarán una decisión sobre si emiten una recomendaciones o concluyen que no hay violación de nada, puede estar en estas dos posibilidades las medida final de la OIT», aseguró la diputada».
Pero, en caso de que el organismo internacional diga que sí hay violación, tendrá que emitir una recomendación. Sin embargo, dicha recomendación, enfatiza la diputada, no es vinculante, así que el gobierno federal puede o no aceptarla.
AMPLIACIÓN DE QUEJA
Por ello, el pasado lunes 20 de agosto, los sindicatos anteriormente mencionados y la diputada Ortiz entregaron una ampliación de queja a la OIT.
En ésta se establece que el gobierno federal no ha dado pauta para que se establezcan mecanismos de diálogo y discusión sobre la reforma a la Ley del ISSSTE que ya se encuentra actualmente vigente.
Asimismo, la queja argumenta que se rompieron las normas que se tienen en la Cámara baja y que establecen que una reforma como la hecha a la Ley del ISSSTE debe ser revisada en la Comisión de Seguridad Social, quien es la competente para revisar el tema, junto con la Comisión de Hacienda.
No obstante, a decir de la diputada, esta reforma se le asignó únicamente a la Comisión de Hacienda, dejando de lado a la Comisión de Seguridad Social.
Y, aseveró, «eso rompió con toda la norma que existe en la ley orgánica de la Cámara de Diputados».
07/HVR/GG/CV
