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La salud reproductiva debe prestarse sin ninguna imposición

Por Román González

La salud reproductiva y la salud sexual de mujeres y hombres, incluida la planificación familiar, son derechos inalienables en la prestación de los servicios de salud reproductiva, por lo que los prestadores de servicios deben otorgarlos sin ningún tipo coacción; tal es el criterio de la nueva titular del Consejo Nacional de Población (Conapo), Elena Zúñiga Herrara.

Desde hace más de tres décadas las políticas de población en México han estado dirigidas casi de manera exclusiva a la población femenina; razón por la cual ha sido posible reducir la fecundidad de una manera drástica: en 1974 el promedio de hijos que tenía una mujer era de siete; actualmente es de 2.4.

En entrevista para cimacnoticias, la nueva encargada del Conapo expresa que actualmente la mayor parte de la población mexicana sabe qué es la planificación familiar, no así la salud reproductiva y la salud sexual: ambas un derecho fundamental y básico de cada una las personas, ya que todas y todos tenemos “el derecho a decidir sobre el número de hijos y cuándo tenerlos”.

A decir de Zúñiga Herrera es importante generar una relación mucho más equitativa entre hombres y mujeres en todos los asuntos relacionados con la reproducción y la sexualidad; además de fortalecer su capacidad para reclamar, exigir y demandar servicios de calidad en la salud reproductiva.

La nueva funcionaria recuerda que el 7 de enero de 1974 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas y adiciones a la Ley general de población, y ahí mismo se dispuso instalar el 27 de marzo del mismo año el Consejo Nacional de Población, más conocido como Conapo.

Desde entonces, el Conapo tiene la misión de regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, su estructura, su dinámica y su distribución en el territorio nacional, a fin de lograr que participe justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social.

SITUACIÓN

Como es de conocimiento general, luego de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD, 1994), los países firmantes –incluido el nuestro– adoptaron medidas para asegurar el acceso a los servicios integrales de salud sexual y reproductiva, junto con toda la información necesaria , como los ejes básicos de las nuevas políticas, dejando a lado la reducción de la fecundidad.

A manera de justificación, Zúñiga Herrera, subdirectora de 1992 a 1994 de Estudios de Fecundidad y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, explica que los factores económicos y socioculturales le imponen fuertes restricciones al ejercicio pleno de los derechos reproductivos.

Pese a que desde la CIDP se definió que la salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social; no sólo la ausencia de enfermedades o dolencias en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones.

En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria, sin riesgos y con la libertad plena para procrear si se desea; en cuyo caso tampoco hay restricción para decidir cuándo y con qué frecuencia.

Sin embargo, la funcionaria destaca que los grupos sociales y las regiones más desfavorecidas del país son factores que contribuyen a explicar sus elevados niveles de fecundidad y el menor uso de métodos para regular la fecundidad; aunado a su aislamiento social y cultural y a las múltiples carencias en las que se desenvuelven.

Esa situación, abunda, propicia que algunos grupos registren niveles superiores de demanda insatisfecha; como es el caso de las mujeres indígenas, las que viven en poblaciones rurales y las que tienen baja escolaridad.

De ello, cifras del reciente Programa Nacional de Población 2002-2006 indican que siete de cada 10 mujeres unidas en edad fértil y residentes en las áreas urbanas usan algún método anticonceptivo, en tanto sólo cinco de cada 10 los empleaban en el medio rural.

Asimismo, siete de cada 10 mujeres en edad fértil usan algún método anticonceptivo; en contraste con los ocho de cada 10 ciudadanos que ven la planificación familiar como un derecho, no así la salud reproductiva y sexual.

Aunado a otros factores, la antropóloga social con especialidad en población en el Colegio de México observa que la población femenina carece de autonomía, de decisión y de posibilidad de hablar con su pareja sobre estos temas.

QUÉ HACER

Para Zúñiga Herrera, es necesario fortalecer las estrategias de información, educación y comunicación en la población, ya que son fundamentales para dar a conocer los derechos de las personas en los ámbitos de sexualidad y reproducción; sin olvidar los mecanismos mediante los cuales se pueden ejercer esos derechos.

Nuestra función, explica la titular del Conapo, es formular programas de población y vincularlos con los del desarrollo económico y social del sector público; como por ejemplo el programa Contigo, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Lo importante, insiste la funcionaria, es que las mujeres puedan decidir cuándo casarse o unirse y cómo postergar el matrimonio.

Por lo mismo Zúñiga Herrera caracteriza los servicios de planificación familiar como un gran potencial que permite contribuir al desarrollo humano. “Permite alcanzar una vida sexual y reproductiva más sana y placentera, debido a que contribuye a la prevención de embarazos no deseados y de alto riesgo, lo mismo que a la mortalidad perinatal, al aborto y a las enfermedades de trasmisión sexual”.

RECURSOS Y PRESIÓN

Acerca de los recursos financieros que Estados Unidos le negó al Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), por la presión de grupos que se oponen a la planificación familiar, la funcionaria destaca que esa decisión afecta en buena medida a todos los países que reciben apoyo. “No es de extrañar que México pudiera verse afectado por esos recursos.”

Al respecto, cabe recordar que según informó el UNFPA para el quinquenio 2002-2006 había destinado cinco millones de dólares para México, de los cuales 2.2 eran para programas de salud reproductiva, 2.3 millones para proyectos de población y 500 mil para asistencia; proyectos que ahora es posible se vean afectados por esta negación.

Según la titular de Conapo, en México no hay grupos que se opongan a la planificación familiar sino todo lo contrario; más bien, asegura Zúñiga Herrera, se reconoce claramente lo importante que es continuar con los programas de población, y además mejorar su calidad y su acceso.

Tal es la razón, dice, por lo que en el Programa Nacional de Población 2002-2006 –recientemente presentado por el presidente Vicente Fox– es incuestionable cómo se reconoce está política pública; no sólo en el ámbito de crecimiento demográfico sino también en el aspecto de la distribución territorial de la población y en el referente a la migración internacional.

ANTICONCEPCIÓN FORZADA

No obstante, conseguir beneficios económicos como los programas gubernamentales que combaten a la pobreza, están condicionados a alguna forma –supuestamente voluntaria– de esterilización; como por ejemplo el Programa Nacional de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), ahora llamado Oportunidades.

Los estados en los que es más frecuente esta situación son Guerrero, Oaxaca y Veracruz, donde se viene haciendo esta práctica no sólo a mujeres sino también a los hombres, convenciéndolos a cambio de apoyos económicos, ropa para la familia y despensas.

Uno de los casos más recordados es el que sucedió en Guerrero, en 1998, cuando 17 campesinos denunciaron que habían sido vasectomizados por la presión de no perder los beneficios que les otorgaban en ese tiempo el programa Progresa.

Ahora, recientemente, una nota del periódico Milenio da cuenta de que en esta misma región al menos 200 mujeres y hombres indígenas han sido esterilizados en el municipio de Acatepec, Guerrero.

Al abordar el tema Zúñiga Herrara señala que “cuando se viola el principio de consentimiento informado, la política de población es muy clara: está penalizado y lo contemplan las leyes mexicanas, como la Ley general de salud y la de Población, entre otras”.

En este sentido, explica, toda persona que decide optar por un método definitivo tiene que dar su consentimiento por escrito; además, aceptar cualquier método de anticoncepción tiene que estar sobre la base del consentimiento informado. “Está absolutamente prohibido”, reitera.

Zúñiga Herrera asegura estar confiada en que la población cuenta con los conocimientos necesarios y el acceso a los servicios adecuados: “cada pareja es la única que va a elegir el tamaño de familia que quiere y, en general, el más adecuado para sus proyectos particulares”.

Para quien desde 1996 labora en el Consejo Nacional de Población, del cual ahora es titular, los prestadores de servicios de salud en ningún momento pueden pasar por encima de la voluntad de las personas o ejercer algún tipo de caución sobre su decisión.

       
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información producida por cimac, comunicación e información de la mujer
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