En la investigación del caso de la guardería ABC, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe analizar el modelo de subrogación de guarderías y estancias infantiles, porque viola los derechos humanos de la niñez y el de la seguridad social de las trabajadoras y trabajadores del país, ejercido en un 80 por ciento por mujeres, coincidieron especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Es preciso que la Corte analice el modelo de subrogación de guarderías y estancias infantiles, que comenzó a operar en enero de 2007, pues éste representa un derecho de la infancia y de las madres y padres trabajadores, el cual «debe entenderse como un bien social y público y no como una mercancía», aseveró Carlos de la Torre, investigador del IIJ de la máxima casa de estudios, durante el foro «La facultad de investigación de la SCJN y el caso de la guardería ABC: implicaciones jurídicas y políticas sociales».
De la Torre actualmente trabaja en un proyecto conjunto de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y del Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer, mediante el cual brindan acompañamiento psicosocial a las familias de los menores de edad que fallecieron o resultaron afectados física o emocionalmente después de la tragedia, además de fungir como interlocutores para agilizar el trato de las madres y padres con los instrumentos internacionales.
Luego de que el 6 de agosto pasado, la SCJN atrajo caso del incendio registrado el pasado 5 de junio en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 niñas y niños, y 78 resultaron gravemente heridos –sobreviviendo 91, sin lesiones físicas, pero con daños en su salud mental–, la Corte debe cuestionarse si este modelo de subrogación es regresivo a los derechos económicos, sociales y culturales, pues éstas, reiteró, forman parte de los derechos a la seguridad social y de la infancia.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta con mil 718 estancias de bienestar y desarrollo infantil en el país, de las que 134 eran guarderías ordinarias, operadas directamente por el Instituto, y el resto pertenecían a estancias de participación social o subrogadas.
En tanto, en 2007, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) atendió a 34 mil 47 niños en sus estancias, 25 mil 711 en guarderías propias, lo que representaba 75.5 por ciento de los niños y 8 mil 336 en estancias de participación social o subrogadas, es decir, 34.2 por ciento.
Cabe mencionar que, según estimaciones de Manuel Fuentes, experto en justicia laboral, las guarderías son un derecho del que gozan un 80 por ciento las mujeres derechohabientes.
Durante el foro, que se llevó a cabo en el IIJ, Carlos de la Torre refirió que entre las críticas a la subrogación de esta prestación social, está que el gobierno federal ofrecía las guarderías «como una inversión para ciertas personas que pudieran tenerlas, como un negocio, sin que los propietarios tuvieran experiencia y vocación de cuidado de las y los niños».
Bajo este esquema, dijo, se genera un conflicto de intereses, pues las guarderías tenían que cumplir con requisitos para los cuales recibían cierta cantidad de dinero; no obstante, «la motivación es que los dueños van a tratar de ganar lo posible y para ello ahorran en seguridad de la infancia».
A decir del jurista, «ver a las guarderías como un negocio contradice la naturaleza misma este derecho, que es el cuidado de los niños en su primera infancia».
DERECHOS DE LA INFANCIA
Al respecto, Mónica González Contró, investigadora del IIJ, experta en derechos humanos de la niñez, señaló que «no podemos seguir con este modelo porque brindar este servicio es una obligación del Estado a la que no puede renunciar alegando falta de recursos».
En el país hay más de mil estancias infantiles subrogadas, que contravienen las recomendaciones que en 2005 hiciera el Comité Derechos del Niño a México sobre la protección de la «población más indefensa», niñas y niños en la primera infancia, es decir, de los 0 a 4 años de edad, al colocarlos en estos espacios que suponen un riesgo enorme para su integridad física y emocional.
El hecho de que «cualquier persona con un espacio y sin cumplir mayores requisitos pueda hacerse cargo de 6 u 8 menores de edad, impide que exista adecuada supervisión en este modelo, no se sabe que ocurre, y no se trata sólo de cuestiones seguridad, hablamos también de maltrato, abuso sexual», mencionó.
JUSTICIA
De acuerdo con Carlos de la Torre, la SCJN debe pronunciarse sobre el derecho a la vida, salud física y mental y la revisión de los contratos de subrogación de guarderías teniendo en cuenta que es un derecho, así como el acceso a la justicia.
Para ello, debe ampliarse el concepto de justicia, pues las familias la focalizan en que los responsables «estén tras las rejas»; no puede reducirse a justicia penal o económica como el gobierno de Sonora pretende al señalar que dará un millón 369 mil pesos a cada familia que perdió una hija o hijo; tiene que ver con verdad y reparación del daño, puntualizó.
Además, mencionó que debido al nivel de impunidad –que en el país se estima en 98.4 por ciento, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía– es «difícil» que además de los siete servidores públicos federales del IMSS, por su presunta responsabilidad por «negligencia y omisiones», se consigné a los propietarios de la ABC y a funcionarios de alto nivel.
De la Torre reiteró también la importancia de ampliar el concepto de derecho a la vida, que de acuerdo con el Comité de Derechos Humanos, aparte de las medidas positivas que garanticen este derecho, debe prevenir «accidentes evitables» y, con ello, «muertes evitables si el Estado toma las medidas necesarias de seguridad de acuerdo a las normas federales y estatales en la materia»; éste es el punto central de análisis de la responsabilidad.
09/GCJ/LG
