La violencia contra las mujeres debe ser prioridad para el gobierno mexicano

El pasado 2 de diciembre, Enrique Peña Nieto y los tres principales partidos políticos firmaron un compromiso nacional llamado Pacto por México.
 
Sin embargo, es realmente lamentable que la situación de las mujeres, específicamente la violencia contra ellas, quede totalmente diluida en dicho Pacto, a pesar de las recientes recomendaciones realizadas al Estado mexicano por el Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
 
Cabe señalar que el Comité se mostró consternado ante el aumento de los patrones ya existentes de discriminación y violencia generalizada contra las mujeres en México, y señaló que el gobierno mexicano ha dado una respuesta poco eficaz a la violencia contra las mujeres y por el contrario se ha agudizado en los últimos años debido a la agresiva estrategia de combate al crimen organizado, causando altos índices de violencia en el país.
 
El Pacto se plantea como un objetivo la construcción de una “sociedad de derechos que ponga fin a las prácticas clientelares, ampliando los derechos y las libertades con transversalidad y perspectiva de género, así como materializando los que ya están consagrados en la Constitución para generar bienestar para toda la población”. No obstante, en los acuerdos plasmados los derechos de las mujeres quedan totalmente desdibujados.
 
Ejemplo de ello es el acuerdo número 3 en el que se menciona que “el principal objetivo de la política de seguridad y justicia será recuperar la paz y la libertad disminuyendo la violencia, en específico (…) para reducir los tres delitos que más lastiman a la población: asesinatos, secuestros y extorsiones”, dejando de lado delitos tan graves como el feminicidio, la violencia sexual, la desaparición forzada de mujeres y la trata.
 
Resulta preocupante la ausencia de estos temas cuando un reciente informe de ONU Mujeres muestra que en el país los asesinatos por razón de género han aumentado en 68 por ciento entre 2007 y 2009.
 
Asimismo, tan sólo de enero de 2011 a junio de 2012, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) documentó más de 3 mil 976 casos de mujeres y niñas desaparecidas en 15 estados del país, donde el 51 por ciento tiene entre 11 y 20 años de edad.
 
Cabe resaltar que este indicador podría estar vinculado a las redes de trata por explotación sexual. La mayoría de estos delitos siguen sin ser formalmente investigados, juzgados y sancionados, debido a un patrón sistemático de impunidad y a la ausencia de cuerpos especializados que realicen eficazmente las investigaciones.
 
El acuerdo 1.5 plantea defender los Derechos Humanos (DH) como política de Estado. Se expresa que “México requiere que el respeto, la promoción y la defensa de los DH sean una constante de su cultura y del actuar de sus gobernantes”.
 
Por ello es indispensable que Enrique Peña Nieto incorpore en dicho Pacto recomendaciones formuladas por diversos mecanismos de protección de DH, así como sentencias emitidas al Estado, tales como:
 
* Las recomendaciones emitidas por el Comité de la CEDAW, el cual exhortó al Estado mexicano a revisar su estrategia de seguridad pública para la lucha contra la delincuencia organizada a fin de adaptarla a sus obligaciones internacionales de DH, incluida la Convención, y poner fin a los altos niveles de inseguridad y violencia en el país que afectan de forma desproporcionada a las mujeres.
 
Asimismo recomendó cumplir sus obligaciones de diligencia debida para prevenir la violencia contra las mujeres, incluida la doméstica, las desapariciones forzosas, las torturas y los asesinatos, en particular el feminicidio; investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de delitos, ya sean entidades estatales o no estatales, y proporcionar reparación a las mujeres que hayan sido víctimas de la violencia, independientemente del contexto y de los presuntos responsables.
 
* La sentencia Campo Algodonero, que en su resolutivo 18 obliga a la creación de protocolos de investigación con perspectiva de género, y en el resolutivo 21 obliga a la creación de un banco de datos de información genética de mujeres desaparecidas o asesinadas no identificadas.
 
La violencia contra las mujeres sigue siendo un desafío para el Estado mexicano. Por tal situación, tiene la responsabilidad de dar respuesta efectiva a las recomendaciones antes mencionadas y materializarlas en acciones concretas, de lo contrario las violaciones sistemáticas de los DH de las mujeres seguirán en aumento.
 
No podemos permitir que el feminicidio, la violencia sexual, la desaparición forzada de mujeres y la trata en México queden en la impunidad. No podemos permitir que sigan pasando días, semanas, meses y años sin que los familiares de las víctimas tengan acceso a la justicia.
 
La actuación del Estado mexicano para eliminar la violencia contra las mujeres es un asunto de vida o muerte en nuestro país.
 
*Coordinadora del Área de Violencia de Género de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), y fundadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
 
12/MLE/RMB