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La violencia contra las mujeres no es asunto privado

Por Soledad Jarquín Edgar

La investigadora Sara Méndez Morales sostuvo hoy que la situación de las mujeres frente a la violencia es la expresión más dramática, y debe dejar de ser considerada como un asunto privado donde el riesgo de vulnerabilidad se da por el solo hecho de ser mujeres.

Al presentar el informe La Violencia hacia las Mujeres en la Mixteca Oaxaqueña, investigación realizada en el Centro de Derechos Humanos Ñu´uji Kandii (CDHK), dijo que la violencia debe ser considerada una barrera para el logro de la equidad.

Méndez Morales explicó que en promedio el 36.5 por ciento de los casos que llegan al Ñu´uji Kandii se refieren a diversas situaciones de violencia, es decir una de cada tres personas tienen un problema de violencia.

Entre los factores de riesgo se encontró que las víctimas son menores de 30 años, dependen económicamente de otras personas, son indígenas con poca o nula escolaridad, así como el hecho de que la violencia intrafamiliar se invisibiliza ante la comunidad.

Entre las recomendaciones que realiza destacan la necesidad de un mayor número de servicios que puedan ayudar a frenar, atender y prevenir situaciones de violencia, así como capacitación y sensibilización al personal de las instituciones para evitar actitudes discriminatorias e intimidatorios.

Al Consejo Estatal para la Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar se le pide se consolide en un verdadero espacio de trabajo. Se hacen recomendaciones al magisterio, al sector salud para la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 190 y a los medios de comunicación para que colaboren en la erradicación de esta problemática.

Por su parte, la Procuradora para la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, Ileana Hernández Gómez, dijo que aún cuando se dice que muchas violaciones a los derechos humanos de las mujeres no son responsabilidad del Estado, se ignora que muchos son tolerados.

A menudo, añadió, se evade la responsabilidad de garantizar que la violencia no quede impune, mediante una legislación protectora y punitiva, la promoción de políticas públicas destinadas a la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, pero sobre todo de presupuestos públicos específicos.

Reconoció que ante la falta de recursos financieros es difícil llevar a cabo esta tarea y lo que se ha hecho no ha sido suficiente.

04/SJE/GMT

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