La violencia de género contra las mujeres es un atentado a sus derechos humanos y uno de los más graves problemas sociales de urgente atención. No es natural: se incuba en la sociedad y en el Estado debido a la inequidad y la desigualdad, a la falta de democracia y desarrollo.
La violencia contra las mujeres empieza a percibirse claramente como violencia feminicida, con crímenes de odio de urgente resolución. Hoy las instituciones han sido rebasadas por esta problemática social, no tienen políticas públicas adecuadas y crece la impunidad.
La violencia de género, debemos decirlo ahora, es un mecanismo político cuyo fin es mantener a las mujeres en desventaja y desigualdad en el mundo y en las relaciones con los hombres; permite excluirlas del acceso a bienes, recursos y oportunidades; contribuye a desvalorizar, denigrar y amedrentarlas y reproduce el dominio patriarcal.
Además recrea la supremacía de género de unos sobre otras y confiere a los varones poderes extraordinarios en la sociedad.
El camino para erradicar la violencia no es otro que la construcción de los derechos humanos de las mujeres, en condiciones sociales de democracia, desarrollo y paz.
Estamos frente a una guerra soterrada o abierta contra las mujeres, por eso es ético erradicarla. Pero es preciso apresurarnos. Debemos actuar con responsabilidad para desenmascarar a quienes cobijados por la impunidad permitieron esta violencia que, al atentar contra la integridad, la seguridad, la libertad y la vida de las mujeres, nos coloca frente al colapso del estado de derecho.
La violencia contra las mujeres atraviesa todas las culturas, condiciones sociales y esferas de la vida social. Por eso resultaron muy reveladoras las cifras que difundió el Instituto de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en la víspera del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en el que suma los resultados de encuestas realizadas en los últimos tres años por ese instituto y otras dependencias del gobierno federal.
Estas cifras, cuantiosas, articuladas, revelan algunos aspectos de la violación reiterada a los derechos humanos de las mujeres desde varios ángulos: la violencia conyugal, el homicidio, los suicidios y los accidentes, e incluye, sin una razón clara, también la violencia contra la infancia.
Este informe, atiborrado de información, generó en los medios de comunicación una serie de errores de interpretación; cifras sumadas sin explicación contribuyen a una preocupante anestesia en una sociedad que ha normalizado la violencia contra las mujeres.
Enumerar así las agresiones, sin explicar causas ni dar cuenta de qué se hace para enfrentarla, no ayuda a la reflexión serena y profunda de lo que sucede. En el documento se insiste, veladamente, en que se trata o bien de fatalidades como los accidentes y el suicidio o sólo de violencia doméstica, donde hay otras víctimas.
Es necesario revelar que las encuestas han sido parciales o sesgadas, principalmente la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), aplicada sólo a mujeres en pareja, en apenas siete entidades y constreñida al último año.
INEGI no específica la diferencia sustantiva entre accidentes y homicidios, no mapea los homicidios y otros crímenes. No habla de violencia contra las mujeres, se refiere a relaciones donde hay ejercicio de poder y nunca se refiere al feminicidio.
Con frecuencia pienso que la realidad supera toda ideología, pero todavía hay quienes sostienen que tendiendo una cortina de humo, diseccionando los tipos de violencia, llamando la atención hacia la infancia –lo que más duele a una parte de la sociedad moralina– podemos evadir que en esta sociedad la violencia contra las mujeres es sólo por ser mujeres. También se evade la responsabilidad del Estado y la sociedad, que tolera y promueve esa forma de odio y discriminación.
*Sara Lovera, periodista y feminista mexicana
