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Lanza gobernador de manera tardía plan “urgente” antiviolencia

Por Anaiz Zamora Márquez

En un intento por dar respuesta a la reciente presión social por el aumento del feminicidio en Hidalgo, el gobernador José Francisco Olvera ordenó acciones “urgentes” para garantizar la seguridad de las mujeres aunque de manera tardía, ya que algunas de ellas están en la ley estatal desde 2007.
 
Alberto Martínez, coordinador de comunicación social de Servicios de Inclusión Integral (Seiinac) –organización que recientemente solicitó que se decrete la Alerta de Violencia de Género (AVG) en el municipio de Tula–, criticó que tales acciones preventivas debieron emprenderse años atrás de manera obligatoria en la entidad. 
 
A raíz de la reciente ola de asesinatos que en seis meses cobró la vida de al menos siete mujeres en Tula y una más en Pachuca, Seiinac presentó a fines de marzo pasado ante el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres una solicitud de AVG, la cual fue aceptada para su revisión y con la que se obligó al estado a rendir un informe en materia de violencia de género.
 
En un intento por abatir el feminicidio ante el reclamo social, el pasado 5 de abril José Francisco Olvera decretó el Plan Estatal de Intervención para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, basado en 10 ejes de acción.
 
Tales ejes son: atención especializada a mujeres en situación de violencia; diagnóstico situacional; espacios seguros y servicios públicos; seguridad y justicia; difusión; sensibilización y capacitación; aplicación de normas; armonización legislativa; presupuesto, y seguimiento y evaluación.
 
Dentro del plan se establecen como acciones urgentes la construcción de un Centro de Justicia para las Mujeres, el registro estatal de transporte público, así como la atención especializada a los familiares de las mujeres víctimas de violencia, desapariciones y asesinatos.
 
Del mismo modo se asienta la creación de una base de datos sobre el número de mujeres víctimas de violencia, la prevención con campañas de difusión de los servicios públicos, así como de los Derechos Humanos de las mujeres, condiciones que ya se estipulan en la legislación estatal.
 
En diciembre de 2007 se decretó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Hidalgo, que en sus 57 artículos establece obligaciones específicas para todas las dependencias e instituciones estatales en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género.
 
La ley define que las autoridades estatales tienen la obligación de “difundir el conocimiento y fomento del respeto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; a prevenir y erradicar conductas nocivas que generen una imagen desvirtuada del hombre y la mujer; impulsar la capacitación del personal encargado de la procuración e impartición de justicia, así como de quienes están a cargo de la aplicación de las políticas públicas en la materia y suministrar asistencia especializada para la atención y protección a  las víctimas”.
 
También se establece que las instituciones que integran el Sistema Estatal de Prevención, Acción, Sanción y Erradicación para la Violencia contra las Mujeres (SEPASEVM) están obligadas a dar datos sobre el número de mujeres atendidas en materia de violencia.
 
Incluso las fracciones X y XI del artículo 47 establecen como obligación del Instituto Hidalguense de la Mujer la integración de un banco de datos de violencia contra las mujeres, que incluya información organizada por tipo y modalidad de violencia, así como “solicitar a las dependencias de la administración pública estatal y municipal la información estadística correspondiente”.
 
Dentro de las obligaciones del instituto también está impulsar la armonización de las leyes en materia de derechos fundamentales de las mujeres.
 
El pasado 26 de marzo se tipificó el delito de feminicidio en la entidad con penas de 30 a 50 años de prisión.
 
Se espera que se defina la procedencia o no de la solicitud de AVG el próximo 17 de abril, cuando sesione el Sistema Nacional.
 
Previamente, las organizaciones Constituyente Feminista y la Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos solicitaron la declaración de AVG, pero fue rechazada con el argumento de que las agrupaciones carecían de un acta constitutiva.
 
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