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Las distancias en los diálogos del Movimiento por la Paz con Dignidad y Justicia con los poderes del Estado mexicano

Por Clara Jusidman*

Entre el Movimiento por la Paz con Democracia y los Poderes del Estado mexicano existe una enorme distancia por cuanto al diagnóstico de lo que está ocurriendo en el país y por lo tanto, sobre la estrategia de seguridad que debe aplicarse.

Esta es la base de la discusión en torno a la reforma de la Ley de Seguridad Nacional que aprobó en lo general la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

Para el gobierno de Felipe Calderón los culpables de todo son los delincuentes organizados y, por lo tanto, el Estado está obligado a aplicar una estrategia de combate, persecución y castigo de esos delincuentes mediante el uso de la fuerza involucrando a las policías, los soldados y los marinos.

La muerte de “víctimas colaterales” y la violación de los Derechos Humanos se justifican en razón del objetivo final.

Si bien es cierto que algunos intentos ha realizado el gobierno federal para cambiar el sistema de justicia penal, y presentar iniciativas en materia de corrupción y de control del poder financiero del crimen organizado, los resultados son magros o inexistentes.

Con el Poder Legislativo la distancia es aún mayor pues los legisladores están enfrascados en una pelea por el poder político. Además, muchos de ellos son representantes de los poderes reales cuyos intereses están vinculados con los mercados ilegales animados por el crimen organizado.

Por ello, carecemos de una legislación que enfrente de manera integral y contundente la serie de actividades ilegales vinculadas al crimen organizado.

Para el Movimiento, en cambio, la delincuencia tiene un origen multicausal y es resultado de un país desigual e injusto, donde campean la corrupción y la impunidad, que ha sido incapaz de brindar oportunidades de ingreso y empleo a millones de jóvenes, aún con educación superior, y cuyo tejido social se ha ido deteriorando en gran medida por las políticas económicas y sociales adoptadas en los últimos años.

Las más de 50 mil personas muertas y los miles de desaparecidos y sus familias, y el creciente número de desplazados son resultado de una guerra iniciada por el gobierno federal que no ataca las causas del problema, sino que sólo intenta acabar con los síntomas.

En ese sentido, el Movimiento postula la necesidad de una estrategia de seguridad pública integral que se centre en la seguridad de las personas y no de las instituciones, que brinde acceso a la justicia y a la reparación del daño para las víctimas; que combata la corrupción y la impunidad, así como el poder financiero de las bandas del crimen organizado.

Que modifique las condiciones económicas, sociales y culturales que conllevan a la violencia y al creciente deterioro del tejido social, cancelando las oportunidades de desarrollo y de vida digna para los jóvenes.

Estos diagnósticos tan distantes se traducen en varias discrepancias conceptuales. Pongamos algunos ejemplos: el gobierno federal no acepta que estamos en una guerra y que es necesario un proceso de paz. Cuestiona incluso que el Movimiento lleve en su propia denominación que su objetivo es alcanzar la Paz.

Otro punto de tensión refiere al concepto de víctimas. Para el gobierno federal las víctimas son sólo aquellas cuya vida, integridad o propiedad han sido afectadas por la delincuencia, incluyendo a sus familiares.

Para el Movimiento los delincuentes son también víctimas-victimarios de un sistema que los ha marginado, excluido, violentado y los ha llevado a perder el sentido del valor de la vida humana.

Muchos han sido incorporados al crimen organizado mediante secuestros, extorsión, amenazas, levas, adoctrinamiento desde pequeños y obligados al sicariato.

Basta preguntarnos ¿qué ha sucedido con los miles de migrantes desaparecidos o encontrados en las fosas en varios estados del norte del país? ¿Qué ha pasado con los hijos y esposos de las cientos de familias que recorren el territorio nacional buscándolos o de aquellas otras que por su pobreza, indefensión y miedo ni siquiera se atreven a denunciar que han desaparecido o han sido secuestrados?

Si bien las palabras importan, el acercamiento respecto de sus significados resulta fundamental para un diálogo fructífero, tan necesario en este momento de emergencia nacional.

*Analista del Cambio Social y presidenta de INCIDE Social AC.

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