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Las extorsiones telefónicas

Por Clara Jusidman *

El cálculo más reciente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) es de 28 mil personas asesinadas en lo que va del sexenio, como resultado de la lucha entre las bandas del crimen organizado. Esta institución estima también que en promedio, hay un enfrentamiento diario en las calles del país entre policías y delincuentes, y que actualmente 6 por ciento de la población de 12 a 65 años consume algún estupefaciente.

La violencia criminal relacionada con el narcotráfico ocupa las primeras planas de los periódicos, en tanto que la violencia también delincuencial que afecta crecientemente a la población civil, no se considera noticia.

La población sujeta a esta violencia opta incluso, por no denunciarla por temor a posteriores represalias de los delincuentes, por desconfianza a las policías y ministerios públicos o porque consideran que es inútil hacerlo por la incapacidad de investigación y sanción del sistema de procuración y administración de justicia.

Muchas familias han perdido patrimonios construidos durante décadas, otras han visto desaparecer sus pequeñas empresas, otras más viven sometidas al pago de protección.

Quisiera referirme a un delito que se comete diariamente en todo el país y que muestra el creciente grado de indefensión en que nos encontramos actualmente los mexicanos.

Se trata de las extorsiones o fraudes telefónicos, que de acuerdo con los expertos se siguen cometiendo desde el interior de los reclusorios o desde otros estados, mediante el uso de teléfonos celulares.

Las modalidades van cambiando y según el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Distrito Federal, en la actualidad hay cuatro formas de amenazar y extorsionar a los ciudadanos por vía telefónica.

La primera es simulando un secuestro, utilizando la voz de un familiar quien pide llorando se cumplan los requerimientos de quienes lo acaban de secuestrar. Esta modalidad es conocida como “El Chillón”.

La segunda es aparentando ser una familiar que viaja desde Estados Unidos y que ha sido retenido por la policía migratoria o por la aduanal, misma que exige para liberarlo el pago de una cierta cantidad de dinero.

La tercera modalidad, utilizada por La familia de Michoacán y los Zetas, consiste en una llamada para decir que se tiene conocimiento de todos los movimientos de la víctima y de diversos datos personales, y que a ellos les ha sido encomendado secuestrarlo, o matarlo y que no lo harán sólo si se les entrega dinero a cambio.

Por último, llaman diciendo que son licenciados o médicos y que tienen que entregarle unos documentos urgentes a una persona de la familia y que necesitan su teléfono celular.

Obtienen diversa información de la persona que contesta la llamada y utilizan esa información para llamarle a la persona del celular diciéndole que saben que la persona que respondió está sola en la casa y que la van a secuestrar si no se deposita dinero.

El Consejo Ciudadano informa que los delincuentes van obteniendo información útil para la comisión de estos delitos, lentamente por la misma vía telefónica, mediante el directorio telefónico e incluso por internet y que escogen a sus víctimas al azar.

El elemento clave de estos delitos es la sorpresa. Los primeros minutos son fundamentales para atrapar a la víctima. Si ésta muestra dudas sobre la veracidad de lo que le están diciendo y permanece en la línea, el delincuente mediante violencia verbal y amenazas, logra asumir el control.

Busca además obtener dinero de la víctima de manera rápida, por ejemplo pidiendo el dinero disponible en cuentas de cheques o en efectivo, obligando a la compra de relojes finos utilizando los límites de crédito de las tarjetas bancarias o mediante la compra de tiempo aire para ponerlo a disposición de los delincuentes dándoles la clave de la tarjeta adquirida.

Por ello, la recomendación del Consejo Ciudadano es colgar de inmediato la línea. Si vuelven a llamar, volver a colgar y aprovechar para verificar que los parientes cercanos se encuentren bien.

La frecuencia de estos delitos es alarmante. Basta con hacer una encuesta entre nuestros conocidos y todos han tenido una experiencia personal o de alguien cercano que ha sufrido algún tipo de fraude telefónico en los últimos meses.

La incapacidad de las autoridades para enfrentar y sancionar a los perpetradores del fraude telefónico es preocupante. Varias son las razones que se argumentan:

La imposibilidad de impedir la salida de llamadas desde los reclusorios pues por una parte, se dificulta la comunicación interna entre el personal y por otra, las compañías telefónicas no quieren afectar a sus usuarios que viven en las cercanías de los reclusorios.

Tampoco estas compañías tienen interés en abatir el muy importante mercado de compra de tiempo aire para las líneas usadas por los delincuentes.

Son cientos de miles de minutos que se compran para la práctica de extorsiones y a pesar de existir tecnología disponible para reducir estas prácticas delincuenciales, las compañías no están dispuestas a aplicarlas.

También resulta preocupante el reducido personal destinado para la investigación de delitos cibernéticos que están afectando crecientemente a la población, como son además del descrito, las alteraciones a saldos en tarjetas de crédito o en cuentas bancarias.

Lamentablemente, a pesar del despojo que sufren miles de ciudadanos, su atención no parece interesar a los gobiernos y la práctica del delito de fraude telefónico se asume como una anécdota de la vida cotidiana.

* Analista del Cambio Social y Presidenta de INCIDE Social AC

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