En la actualidad todos los procesos del sistema de las Naciones Unidas se enmarcan en la Declaración del Milenio, constituida en el compromiso de la comunidad internacional para enfrentar los principales desafíos del desarrollo, así como confirmar los acuerdos de 189 países miembros de la ONU, lo cual da idea de la magnitud del consenso para fijar un punto de llegada acotado en el tiempo.
Establecen objetivos específicos, acuerdan dónde deberíamos estar en el año 2015 en temas que son centrales para el desarrollo de nuestras sociedades. Este marco político del milenio otorga prioridad al combate de la pobreza, reconoce las diferencias en los procesos del desarrollo, focaliza la implementación y requiere de indicadores de medición para poner el acento especialmente en la rendición de cuentas periódica.
Se puede decir que los objetivos de desarrollo y las metas son excelentes e indispensables como puntos de referencia de carácter general para todos los países. Sin embargo, no todos son aplicables a nuestra región de América Latina y el Caribe, ya sea porque en varios casos no conlleva una mejora sustancial de las condiciones de vida o porque su aplicación no se adapta adecuadamente a las condiciones que se dan en algunos países.
Por ejemplo, en el tema de la pobreza, la reducción a la mitad del porcentaje de extrema pobreza es una meta ya alcanzada en varios países; más del 50 por ciento de la población de la región, pero el número de personas pobres en la región aumentó en más de 10 millones al no producirse mejoras en los niveles de vida.
La mortalidad infantil tiene un alto porcentaje aún, la meta consiste en reducir en dos terceras partes la tasa de mortalidad de menores de cinco años, lo cual resulta muy alta para los países en donde este indicador ya es bastante bajo.
Este asunto de las muertes de infantes, está determinado sobre todo, por la mortalidad neonatal, siendo el primer año de vida, el primer mes del año y en las primeras 24 horas de los recién nacidos, cuando se presentan los mayores casos de mortalidad infantil.
En el rubro de la educación, la mayoría de los países ha cubierto la meta del cien por ciento de niños y niñas que concluyen la educación primaria. En tal caso, el objetivo debe ser ampliar la escolaridad secundaria, además, es muy importante que se otorgue especial atención a las notables brechas en términos de acceso y calidad, sobre todo entre las zonas urbanas y rurales, entre distintos grupos socioeconómicos y entre las distintas etnias de los países. De manera adicional, considerar los temas de la calidad de la educación y la deserción, especialmente en los sectores de menores recursos.
Se sabe que la tarea es enorme, los estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), realizados con el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), indican que al ritmo actual del desarrollo económico, sólo seis países de América Latina cumplirían la meta de reducir a la mitad la pobreza extrema para el 2015: Chile, Colombia, Honduras, Panamá, República Dominicana y Uruguay.
Sin embargo, ello depende de si su crecimiento económico y reducción de la desigualdad continúa al ritmo de los años noventa. México también disminuiría sus niveles de pobreza extrema, pero a un ritmo más lento que los anteriores. En cambio, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela verían aumentada la pobreza, por el incremento de la desigualdad, una baja en el ingreso o por ambos factores combinados.
Siendo que 14 de los 48 indicadores que serán utilizados para dar seguimiento a las ocho grandes metas de la Declaración del Milenio están relacionadas con la infancia, garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es el mejor y más seguro camino para un crecimiento sin pobreza.
Con lo anterior, es necesario desarrollar planes participativos de acción que se integren en las políticas gubernamentales nacionales y locales, en los presupuestos de egresos y leyes de ingresos, con enfoque multisectorial.
Paralelamente, es imprescindible que se priorice el fortalecimiento de la institucionalidad pública, como único instrumento para revertir desigualdades, que es el peor mal endémico y la mayor causal de la pobreza.
*Senadora: [email protected]
2005/LS/SJ
