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Las mujeres de octubre

Por Sara Lovera

Hace exactamente siete años, en la cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Pekín, se acordó que cada 6 de octubre se celebraría el día de la ciudadanía de las mujeres; esto, al caer en cuenta que el hecho de que algunas mujeres tuvieran la oportunidad de participar en los procesos electorales o en la toma de decisiones de los gobiernos eso no hacía posible la ciudadanía de todas.

En México, las mujeres recién cumplimos el primer medio siglo desde que podemos votar y ser elegidas, sin embargo nuestra ciudadanía sigue estando incompleta. Los derechos decretados, instituidos y hechos ley en las últimas tres décadas, son el resultado de un avance mundial y del empuje de las mujeres organizadas; sin embargo, los derechos no se respetan ni se cumplen para una inmensa mayoría de mujeres mexicanas: pobres, excluidas, marginadas, humilladas y dominadas, tanto en la vida pública como en la privada.

Tal vez por ello sea tan importante que las mujeres sepan que en México, de acuerdo con nuestra Constitución, está jurídicamente garantizada su igualdad; lo mismo que por ley se prohíbe cualquier tipo de discriminación por sexo: es decir, las mujeres no pueden ser tratadas como inferiores porque está prohibido por la ley.

Es necesario que las mujeres sepan que el artículo cuarto de la Constitución las ampara frente al abuso de su marido, de su patrón o patrona, del policía de la calle, del agente del ministerio público, del médico, del profesor, del sacerdote de su comunidad, de su hermano o de su padre. Tienen además que saber adónde ir, con quién quejarse y dónde poner una denuncia, o en otras palabras, hacer valer sus derechos protegidos por la ley.

El drama es que sobre la ley priva la costumbre, las leyes no escritas, el peso de la cultura. Las mujeres, se dice con frecuencia, fueron hechas para aguantar, para sufrir, para obedecer y para ocultar su indignación. Además, se dice, si las mujeres salen adelante, abusan y hasta se vuelven peor que los hombres: esta falsa creencia impide que en este país haya justicia para las mujeres violadas repetidamente, para las mujeres despojadas de sus tierras, para las mujeres golpeadas, hostigadas, maltratadas; para las mujeres trabajadoras que reciben salarios menores a los legales e infinitamente menores a los que reciben los hombres por el trabajo igual.

Hay que decir ahora que además de la protección nacional a nuestros derechos hay una protección internacional, un comité que en Naciones Unidas recibe quejas, una corte interamericana de derechos humanos con sede en Costa Rica; también, es importante recordar que está el tribunal de La Haya, en Holanda, donde se llevan los casos de las violaciones a los derechos humanos: lugares todos ellos adonde se puede acudir cuando un juez o un tribunal no hace caso de nuestra denuncia.

Tal vez por esto es tan importante que antes del 30 de noviembre el senado de la república ratifique el acuerdo de México sobre el establecimiento de una corte internacional que permita hacer efectivos los derechos, especialmente los de las mujeres.

Pero eso hay que saberlo, se necesitan ciudadanas y ciudadanos que quieren decirle al senado que ratifique el acuerdo, que es su obligación porque el plazo termina el 30 de noviembre. Ya es hora de que nos rindan cuentas los legisladores.

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