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Latente, la injerencia de la ultraderecha en políticas públicas

Por la Redacción

Hoy en día el tema de los derechos sexuales y reproductivos está presente en la conciencia social gracias al esfuerzo de feministas, académicas y grupos civiles, pero persiste la injerencia de la Iglesia católica, las organizaciones conservadoras y algunos grupos protestantes que pretenden imponer en las políticas públicas su visión sobre la sexualidad.
 
Esa es una de las ideas plasmadas en el libro “Género, Cultura y Sociedad”, una colección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que recopila textos sobre los problemas sociales, políticos, y en este caso con el Estado laico, la perspectiva de género y los derechos de las mujeres.
 
A decir de Roberto Blancarte, autor del ensayo “Género, Mujeres y Estado laico”, en el caso de México, como en otros países latinoamericanos, la defensa de los derechos sexuales y reproductivos es posible gracias al Estado laico, en la medida en que ninguna Iglesia o agrupación religiosa pretenda imponer su doctrina en la sociedad.
 
El experto en estudios de las religiones explica que cuestiones como la planificación familiar, la vida sexual, el aborto y otras materias ligadas a los derechos femeninos, son reguladas por un principio distinto al de la doctrina religiosa o la norma moral de cualquier agrupación confesional, de ahí la importancia de que exista un Estado laico en sociedades democráticas.
 
Blancarte expone que los derechos sexuales y reproductivos suelen reivindicarse de manera conjunta, pero los primeros implican el derecho a la autodeterminación sexual, la libre orientación sexual, el placer y la salud sexual, y los segundos se refieren a la planificación familiar y el acceso a anticonceptivos.
 
Estos derechos reclamados por las feministas y grupos civiles, dice el autor, retan a las doctrinas religiosas y al patriarcado que han impuesto a las mujeres el deber de preservar la familia y los valores morales, y el papel de reproductoras, lo que les niega su capacidad de tomar decisiones y ejercer sus derechos.
 
Por eso en este tema, el doctor en Ciencias Sociales por la Escuela de Altos Estudios de París aclara que las agrupaciones religiosas ya no son las que pueden influir sobre la conformación de las leyes o definir las políticas públicas, ahora quienes tienen este poder son los parlamentarios.
 
El experto sostiene que en materia política, las y los católicos, en su mayoría, se muestran convencidos de la separación de esferas y la necesidad de preservar el Estado laico. Según estudios internacionales el 82 por ciento de los creyentes consideraba en 2003 que se debía conservar al Estado laico, y proteger al gobierno mexicano de la influencia de la Iglesia católica.
 
Un porcentaje similar sostenía que su Iglesia no debía tener influencia en el diseño de las políticas del gobierno mexicano. Además una mayoría del 92 por ciento no estaba de acuerdo en que la Iglesia usara las misas para promover o descalificar ciertos candidatos o partidos políticos.
 
En su ensayo, el autor concluye que, en teoría, las iglesias ya no pueden influir en los derechos sexuales y reproductivos, porque quienes pueden reconocerlos, defenderlos y garantizarlos son las sociedades que se manifiestan a través de sus parlamentarios,  legislaciones y políticas públicas.
 
13/AGM/RMB

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