En los casos de Puebla, Oaxaca y Atenco, las investigaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estaban consideradas como el último espacio para acceder a la justicia y para la reivindicación de los derechos humanos en México, aseguraron senadores y diputados perredistas.
Por eso, que la SCJN haya trasladado a otras instancias la decisión de enjuiciar a los gobernadores de Oaxaca y Puebla es la abdicación más grave de las facultades que la ley le permite y que los magistrados interpretaron erróneamente, aseguró el senador Carlos Navarrete.
Asimismo, la coordinadora Jurídica del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en San Lázaro, Aleida Alavéz Ruiz, aseveró que la Constitución no le impide a la Corte emitir una opinión sobre los lineamientos que deben seguirse para castigar a los responsables de la represión en Puebla, Atenco y Oaxaca, ni a constreñir los demás procesos, como el juicio político y las denuncias por genocidio.
En entrevista con Cimacnoticias, el líder de la bancada perredista en el Senado de la República, Carlos Navarrete, interpretó esta decisión como un retiro de la primera línea de la defensa de la justicia que la SCJN venía haciendo en casos recientes; y lo calificó como un mensaje ominoso para la aplicación de la justicia.
Ese acto de «lavado de manos» es una derrota para la justicia en México, y los ministros que pugnaban por una decisión diferente también han sido derrotados en el seno de la Suprema Corte; mientras que los gobernadores Ulises Ruiz, de Oaxaca, y Mario Marín Torres, de Puebla, están de fiesta, lamentó Navarrete Prida.
Ahora, en los casos de Lydia Cacho, así como en el de las mujeres y hombres de Atenco y Oaxaca, cuyas garantías individuales fueron violentadas por elementos de las fuerzas policiacas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sólo describirá los hechos.
Como informó ayer el magistrado Sergio Valls, la única facultad que se atribuye la Suprema Corte es la de describir los hechos y señalar a los responsables, sin hacer ninguna recomendación de castigo.
JUICIOS «DE SALIVA»
Respecto a los juicios políticos, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la casona de Xicoténcatl dijo que son juicios de papel, de saliva, toda vez que carecen de los canales adecuados en la Cámara de Diputados.
Hasta el momento, dijo, no ha prosperado ni un solo juicio político, por lo que «todo el mundo teníamos puestas nuestras esperanzas en la Suprema Corte», para que con las facultades que tiene y de acuerdo a la ley permitiera romper los candados y los diques que tiene el Congreso de la Unión.
En su momento, el presidente de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados, Diódoro Carrasco Altamirano, informó que ya se hizo la revisión de alrededor de 28 casos de juicio político dictaminados, y en cartera, por revisar, se encuentran otros tantos o más, pero que serán las próximas semanas cuando se convoque a sesión.
Sin precisar en contra de quiénes serán esos juicios, el diputado panista, debido a una diferencia de criterios sobre la interpretación legal de cuándo inicia y cuándo termina un juicio político, dijo que se acordó hacer una consulta con el Centro de Derechos e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara, entre otras instituciones externas sobre el tema.
Cabe mencionar que en los casos de Puebla, Oaxaca y Atenco quedó evidenciado en la opinión pública el exceso del uso de la fuerza por parte de los gobiernos locales y federal para acallar los legítimos reclamos de la población, dijo.
Existen pruebas fehacientes de que la población ha pagado los costos con detenidos, heridos y muertos, por la intransigencia y revanchismo con los que ha actuado el gobierno en cada unos de los casos, aseguró el legislador priista.
A pesar de ello, la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, constató que hasta el momento no existe ningún servidor público sancionado por las vejaciones a los derechos humanos, las cuales han sido plenamente documentadas por organismos nacionales e internacionales».
La diputada Aleida Alavéz Ruiz recordó que organizaciones sociales y civiles y legisladoras perredistas recurrieron al amparo de la Constitución mediante las investigaciones solicitadas a la Corte, creyendo que con ello podrían acceder a la justicia y sancionar a los responsables de los abusos de poder.
Los hechos demuestran que con resoluciones precisas por parte de la Corte para estos procesos de investigación se impediría que la clase política del PRI y del PAN omitieran la obligación de juzgar a los represores materiales e intelectuales y únicamente los ingresaran en los expedientes como una actuación más.
Así, tanto en el caso de Lydia Cacho, secuestrada «legalmente» por instrucciones de Marín, como estrategia para proteger al pederasta Succar Kuri, como en el de las mujeres y hombres de Atenco y Oaxaca, la SCJN sólo describirá los hechos, sin recomendar castigo.
En aquellos casos en que la SCJN haya comprobado la existencia de violaciones graves a las garantías individuales, emitirá un informe señalándolo y podrá señalar también a las autoridades involucradas, pero no sus nombres ni si son responsables en los hechos.
Quienes procederán penal, civil, política o administrativamente contra funcionarios serán autoridades como el Congreso de la Unión, el Ejecutivo federal o la Procuraduría General de la República.
Con ello, el juicio político contra Marín, quedó en mera propuesta del ministro Juan Silva, pues las sesiones privadas que realizaron el grueso de ministros benefician directamente al funcionario poblano, quien podrá presentar más argumentos en su defensa, luego de que la Corte definió ayer sus nuevas reglas de actuación.
07/MLT/GG
