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Le recuerdan a Peña que cumpla sentencias de CoIDH

Por Anayeli García Martínez
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En medio de la polémica por la iniciativa de contrarreforma priista que pretende relegar los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos (DH), un grupo de organizaciones civiles hizo un llamado a Enrique Peña Nieto para que cumpla las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). 
 
Mientras la bancada priista en el Congreso trata de reducir la importancia de los preceptos internacionales, las agrupaciones ciudadanas piden que se sancionen los abusos castrenses y se restrinja el fuero militar, tal y como lo ordenan las sentencias de la CoIDH, la cual condenó al Estado mexicano por violar las garantías individuales.
 
Organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa y promoción de los DH enviaron una carta abierta a Peña Nieto, para solicitar que cumpla las sentencias notificadas el 1 de octubre del 2010, referentes a los casos de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, violadas por militares en 2002.
 
Amnistía Internacional, la Organización Mundial Contra la Tortura, Artículo 19, la Asociación para los Derechos de las Mujeres, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, entre otras agrupaciones, recordaron las agresiones contra Inés y Valentina y que los responsables no han sido castigados.
 
En la misiva se indica que la denuncia de las indígenas evidenció a nivel internacional que en México existen graves rezagos para que las víctimas de violencia sexual accedan a la justicia, que persiste la discriminación hacia los pueblos y comunidades originarios, y que la falta de controles civiles sobre las fuerzas armadas provoca abusos de los cuerpos castrenses.
 
Cabe mencionar que en estos casos el Estado mexicano fue condenado por la CoIDH por dos tratados internacionales: la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (conocida como Belém Do Pará).  
 
De acuerdo con las sentencias de la CoIDH, el Estado mexicano está obligado a implementar medidas de reparación de carácter individual, familiar, comunitario y de no repetición.
 
Entre las disposiciones pendientes destaca el acceso a la justicia, toda vez que la anterior administración culminó sin que esta medida se cumpliera.
 
Ante el rezago en el cumplimiento de las sentencias, en especial en la investigación y sanción de los responsables, así como la reforma al fuero militar, las agrupaciones urgieron que este tema se convierta en un asunto prioritario “que completaría la agenda de DH del gobierno federal”.
 
Indicaron que además de las sentencias de Inés y Valentina, el Estado mexicano tiene pendiente dos fallos más que tienen que ver con los abusos militares: el caso del activista Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido en 1974 presuntamente por militares, y el de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, detenidos y torturados por militares en 1999.
 
La Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, es la encargada de coordinar los trabajos para cumplir las resoluciones de la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para lo cual cuenta con un presupuesto de 53 millones 500 mil pesos.
 
No obstante, las organizaciones criticaron que a la fecha no se ha realizado ningún pronunciamiento sobre la relevancia que esta nueva administración dará al cumplimiento pleno de los fallos internacionales.
 
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