En la actualidad se proclama como algo indispensable el desplazamiento transfronterizo de bienes y capital (comercio internacional) y las medidas «proteccionistas» son reprobadas por la aldea global.
Sin embargo, cuando se trata de flujos de personas –trabajadores y trabajadoras que también tienen motivos económicos– se imponen barreras, se levantan muros, criminalizando, se cierran fronteras, se violan los Derechos Humanos, su vida peligra, se genera un comercio ilegal de personas que trasciende el concepto de «trata».
El cuerpo de las mujeres migrantes se vuelve territorio de conquista, tierra de nadie, no son consideradas sujetos sociales y mucho menos económicos. En México representan la cuarta parte de los emigrantes internacionales; para junio de 2010 la cifra asciende a 279 mil 832 mujeres.
Para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) son 214 millones de personas el flujo de migrantes internacionales a nivel mundial y estima que 40 millones son migrantes indocumentados. Involucra a más de 20 millones de personas de América Latina y del Caribe, equivale al 5 por ciento de la población de la región.
Bloqueando los caminos de estas migrantes lo que se logra es encarecer el acceso de las familias a mejores niveles de bienestar, así como disminuir salarios y prestaciones en el país de destino.
¿Qué está en el centro de esta movilidad de personas? Por un lado la escasez relativa y absoluta de empleos y por otro, la expectativa de ser partícipe de una riqueza o abundancia, representada en este caso por la economía de Estados Unidos.
Hay una relación directamente proporcional entre diferencias de salarios y atracción de flujos migratorios: a mayor expectativa de salario o mejores condiciones de vida más captación de migrantes, por eso México es tránsito de toda la población expulsada por la pobreza en los países de Centro y Sudamérica.
DELITOS COMETIDOS QUE NO SE CONOCEN
De acuerdo con el Informe Especial sobre Secuestro de Migrantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, febrero 2011), la prioridad de los y las migrantes es llegar a su destino, por tanto existe un bajo índice de denuncia entre la población migrante que ha sido víctima no sólo del delito de secuestro, sino de violaciones a sus Derechos Humanos. Son las cifras del silencio, que están incluidas en la categoría de «delitos cometidos que no se conocen».
En un periodo de seis meses, de abril a septiembre de 2010, la CNDH documentó un total de 214 eventos de secuestro, de los cuales, según el testimonio de las víctimas y testigos de los hechos, resultaron 11 mil 333 víctimas, más del 15 por ciento de los testimonios recabados en este informe son de mujeres.
Se reconoce que existe una estrecha relación entre migración, pobreza y desempleo. Según el INEGI, en México el número de miembros de un hogar con un migrante internacional es mayor de cinco y superior al hogar donde no hay una persona migrante.
Desde hace tiempo esta migración ya no procede exclusivamente de áreas rurales, de 2006 a 2009 se aprecia un crecimiento de los y las migrantes internacionales procedentes de localidades mayores a 15 mil habitantes o más; para mayor precisión 49.7 por ciento en 2009.
Seis son los estados donde la tasa de población migrante internacional rebasa la media nacional de 66.5 para las mujeres y 64.5 por ciento masculina: Oaxaca, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Guerrero y Michoacán (datos de INEGI, 2010).
Lo acontecido en San Fernando, Tamaulipas, es rotundo; perfectamente podía haberse evitado y es obligado impedir que se repita ahí o en cualquier otro lugar del país. Es un problema de Estado y hay responsabilidades en los tres niveles de gobierno.
¿Por qué?
Hace seis largos años en 2005, la CNDH presentó un informe especial sobre la situación de los Centros del Instituto Nacional de Migración, al igual que en el informe de trabajo de esa Institución se documentaba ampliamente la situación de esa población migrante –tanto nacional como internacional– y nadie hizo absolutamente nada.
La solución no estriba exclusivamente en la protección de los Derechos Humanos, fundamentalmente es económica y es muy sencilla: generar más empleos, salarios dignos y regular la migración internacional; se puede reducir la diferencia salarial entre países desarrollados y periféricos pero ésta siempre va a existir, requiriéndose regular y legalizar la migración internacional.
Victimizar a las mujeres migrantes señalando que son violadas es insuficiente, es indispensable contar con acciones afirmativas en sus derechos económicos.
La Secretaría de Economía se especializa en quitar normas y aranceles para el libre comercio, muchas veces sin contraparte; por qué no hacer lo mismo con los flujos de personas. Pero el gobierno del país es y ha sido omiso.
Si en Estados Unidos la reforma migratoria está en la agenda del presidente Obama es gracias al arduo trabajo que por años han realizado las organizaciones de trabajadores y trabajadoras migrantes.
* Economista especializada en temas de género
ramona_melé[email protected]/twitter @ramonaponce
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