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Legislación sobre medios debe incluir derechos de población femenina

Por Rafael Maya y Guadalupe Gómez

En aras de la democracia y los derechos ciudadanos, las reformas a las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión deben contemplar sin cortapisas el respeto a las mujeres como informadoras y la garantía de espacios en los medios de comunicación que reconozcan los aportes de la población femenina al desarrollo de la sociedad.

Así lo afirmaron activistas, académicas y defensoras de los derechos humanos, quienes señalaron ante el Grupo Plural para la Reforma de las Leyes de Radio y Televisión y Telecomunicaciones del Senado de la República que no se excluya a las mujeres en las discusiones que se llevan a cabo en dicha Cámara para reformar la legislación en materia de medios de comunicación.

Al participar en la mesa redonda “Derechos humanos de las mujeres y su acceso a la Comunicación y la Información”, realizada el pasado 12 de marzo, Eréndira Cruzvillegas, relatora para la Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, propuso la creación de un “Ombudsman de los medios de comunicación” que garantice el respeto de los derechos ciudadanos –en particular de las mujeres- en la llamada Ley de Medios.

“Que los medios sean nuestros”, exclamó Cruzvillegas, y lamentó que las mexicanas sean consideradas únicamente como “consumidoras” de información y no como ciudadanas con el legítimo derecho a participar directamente en los medios de difusión masiva.

COMUNICACIÓN, VIDA Y LIBERTAD

Por su parte, Angélica de la Peña, integrante de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, organización que presentó la propuesta “Lineamientos y Mecanismos para una legislación de medios de comunicación con perspectiva de género”, dijo que se debe pugnar por la construcción de un marco jurídico nacional que garantice el acceso de las mujeres a la información y los medios de comunicación.

Destacó que la Ley de Medios es “fundamental” para que se erradique la desigualdad y la discriminación que padecen las mujeres principalmente en los medios electrónicos.

La propuesta de la Red de Investigadoras contempla: la promoción de la paridad de género en la constitución del Consejo del Órgano Regulador; el impulso del servicio público con perspectiva de género; el acceso igualitario de las mujeres a la propiedad, dirección y administración de los medios de comunicación.

También la erradicación de los contenidos que alientan la violencia y la discriminación de género contra las mujeres y las niñas, entre otros. El documento presentado promueve, además, la creación del “Consejo de los Derechos Comunicativos e Informativos de las Mujeres y las Niñas” y la constitución del “Observatorio Mediático de los Derechos Humanos de las Mujeres y las Niñas”.

En tanto, Aimée Vega, académica del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, se pronunció porque sea del 50 por ciento la presencia de las mujeres en la Comisión Federal de Telecomunicaciones, con el fin de garantizar la equidad de los sexos.

Asimismo, indicó que debe aplicarse la perspectiva de género en las concesiones de radio y televisión. La investigadora dijo que es necesario garantizar el derecho de réplica a las mujeres, y consideró que la nueva Ley de Medios debe contemplar la instauración de un Consejo de los Derechos a la Información de Mujeres y Niñas, así como un Observatorio Mediático que vigile el respeto de los derechos humanos de la población femenina en los programas de radio y TV.

En su exposición, Eréndira Cruzvillegas dijo que de los siete grandes monopolios de la comunicación que existen en el mundo, uno es mexicano. Señaló que seis de cada 10 trabajadores de los medios de comunicación son mujeres y aprovechó para recordar el hostigamiento que han padecido Carmen Aristegui y Lydia Cacho al realizar su tarea periodística.

Igualmente, destacó que de cada 10 televidentes siete son mujeres, por lo que –recalcó- se deben defender los derechos de la audiencia femenina.

En el acto, realizado en el Museo de la Ciudad de México, también participaron la investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Elsa Muñiz y la artista Maris Bustamante, quien presentó el performance “Con el labio partido”.

DESPIDO

En tanto, en Monterrey, la periodista Sanjuana Martínez Montemayor fue informada que debido a una “reestructuración de las páginas” dentro del Diario Milenio de Monterrey ya no requerirían más de sus servicios, informó el Centro de Comunicación Social (Cencos).

La última nota publicada por la periodistas en ese medio fue en el espacio denominado “A Bocajarro” con la nota titulada “Ernestina: un año de ignominia”, en la que hace una crítica al manejo del caso por parte del gobierno federal, publicada en el impreso el 29 de febrero de 2008, una semana antes del anuncio de su despido.

La periodista, ganadora del Premio Nacional de Periodismo 2006, ha recibido constantemente amenazas desde el 2006 por los contenidos de sus investigaciones, en específico por la cobertura que llevó en el caso del sacerdote mexicano Nicolás Aguilar, acusado de haber abusado sexualmente de docenas de niños en México y Estados Unidos y de dos cardenales que presuntamente protegieron al indiciado, señala el comunicado.

En entrevista telefónica con Cencos, la periodista dijo desconocer el verdadero motivo de su cese laboral, y comentó que los temas que había denunciado recientemente tenían que ver con la jerarquía eclesial en Monterrey, el caso de la muerte de la indígena nahua de 72 años Ernestina Ascención Rosario a consecuencia de la violación múltiple por parte de soldados del Ejército Mexicano, y corrupción en manejo de recursos en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Sanjuana Martínez explicó que nunca ha presentado una denuncia ante instancias del Estado por la desconfianza que tiene hacia éstas y que ha optado por hacer públicas las amenazas con la esperanza de que la publicidad disuada a sus agresores, situación que se agrava, comentó, si se habla más del caso del sacerdote pederasta Nicolás Aguilar.

La periodista, que también colaboraba en el espacio desaparecido de Carmen Aristegui en W Radio es –considera Cencos– una voz crítica que ha hecho visibles temas como la pederastia en la Iglesia católica así como abusos de poder por parte de autoridades, por lo que su despido del rotativo de Monterrey limita su derecho a la libertad de expresión pero también limita el acceso a la información por parte de la audiencia.

OBSTÁCULOS A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Sobre el mismo tema, hoy en el Club de Periodistas de la Ciudad de México se dio a conocer el Informe Buendía 2007: análisis sobre los obstáculos a la libertad de expresión en México, elaborado por la Fundación Manuel Buendía y Libertad de Información-México AC, que da cuenta del panorama de los obstáculos al quehacer informativo en México en el inicio del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

Aunque no presenta datos desagregados por sexo, el informe demuestra que continúan las agresiones contra medios y periodistas, pues “en el año 2007 se registraron 113 casos de obstáculos a la Libertad de Expresión. De tal universo, la mayor parte (86.7 por ciento) correspondieron a ataques públicos o embozados: 75.2 por ciento a periodistas y 11.5 por ciento a medios. El restante 13.3 por ciento lo constituyeron hechos que pudieran significar inhibición o presiones al quehacer informativo en general”.

Los incidentes con mayor recurrencia, dice el Informe, fueron las amenazas e intimidaciones, con 30.1 por ciento, y las agresiones físicas, con 24.8 por ciento. Con menores cuantías figuran los atentados (8 por ciento), las detenciones (5.3 por ciento), los asesinatos (4.4 por ciento) y los actos de censura (4.4 por ciento). En un año hubo cinco asesinatos y cuatro periodistas desaparecidos.

Los impresos continúan siendo los medios que más agresiones y amenazas reciben (62.8 por ciento), específicamente al momento de ejercer su labor informativa (31.9 por ciento) y por sus contenidos publicados (26.5 por ciento).

En cuanto a los presuntos responsables: 23 por ciento de los casos se atribuyen a “desconocidos” y 8.8 por ciento a “supuestos narcotraficantes”, destaca que el poder público continúa a la cabeza, con 49 por ciento de incidencias, como principal actor que vulnera las libertades informativas, al englobar fuerzas del orden (22.1 por ciento), funcionarios de gobierno (21.2 por ciento) e instituciones gubernamentales (6.2 por ciento).

Los casos consignados (113), 86.7 por ciento correspondieron a periodistas y 13.3 por ciento a medios de comunicación en general. De los 98 incidentes contra informadores, 31.6 por ciento fueron amenazas y actos de intimidación, 28.6 por ciento agresiones físicas, y le siguen atentados (6.1 por ciento), asesinatos (5.1 por ciento), desapariciones (4.1 por ciento), entre otros.

Los periodistas con mayores presiones, golpes y amenazas fueron los adscritos a las fuentes policíaca (38.8 por ciento), política (33.7 por ciento) y de información general (15.3 por ciento).

Al analizar la procedencia de los actos contra periodistas, es posible advertir que si bien el distrito federal encabeza la lista con 12.2 por ciento de incidencias, estados como Oaxaca (10.2 por ciento), Chiapas (7.1 por ciento), así como Guerrero, Hidalgo, Puebla, Sonora y Tamaulipas (cada uno con 6.1 por ciento), como en años anteriores, continúan apareciendo en los primeros lugares.

La mayor parte de los incidentes enfocados a los medios ocurrieron a los impresos (60 por ciento) y 33.3 por ciento a la radio, según el Informe.

“Al igual que los focos rojos en torno a la violencia desatada contra periodistas y medios de comunicación no pueden minimizarse, respecto a los casos que se dan desde el uso abusivo de la ley El sur de Acapulco se erige hoy en un caso paradigmático de los artilugios del poder político para imponer mecanismos indirectos de censura al quehacer periodístico, tales como demandas, boicot publicitario, presiones fiscales, cerrazón informativa” considera la Fundación Buendía.

Y destaca otro caso “como el de Sosa Castelán Gerardo Vs. Alfredo Rivera Flores, Miguel Ángel Granados Chapa y otros, en el cual, a tres años, seis meses y veinte días de iniciado el juicio continúa en una trampa procesal sin fin, cuyo objetivo es mantener permanentemente sujetos a juicio a los codemandados como una forma indirecta de inhibir su libertad de expresión, finaliza el Informe.

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