La provincia de Buenos Aires es zona caliente para la trata de personas con fines de explotación laboral y sexual.
No hay cifras, pero de acuerdo a estudios exploratorios, las mujeres son captadas en otras provincias y llevadas a prostíbulos bonaerenses, o reclutadas en Buenos Aires para enviarlas a España y otros destinos.
En la región bonaerense el crimen de trata de personas afecta a cientos de víctimas, la mayoría es forzada a ejercer la prostitución, pero en los últimos años ha crecido la explotación laboral, según el Estudio Exploratorio sobre Trata de Personas en Argentina y otros países, realizado por Organización Internacional de las Migraciones (OIM) en 2006.
Buenos Aires es sobre todo el lugar de destino para víctimas de trata reclutadas en el interior del país y también en países limítrofes como Paraguay y Bolivia.
En los últimos dos años aparecieron en la región reclutadores que llevan a las mujeres esclavizadas a España. Se observa además que los regentes de prostíbulos reclutan mujeres personalmente, a través de sus empleados o utilizando a las víctimas explotadas sexualmente en sus locales. Inclusive se identificaron reclutadores comisionistas, que captan mujeres en los lugares de reclutamiento y luego las envían solas o viajan con ellas a los prostíbulos bonaerenses.
Ante este creciente problema, ya empezaron a actuar legisladoras provinciales y el gobierno bonaerense, con el apoyo de la OIM.
La diputada provincial del Frente para la Victoria, Valeria Amendolara, impulsa un proyecto de ley que propone crear una Comisión bicameral sobre la trata de personas. La legisladora y quienes apoyan la iniciativa proyectan establecer un marco institucional para las acciones que están realizando en forma conjunta con organizaciones sociales a fin de prevenir y erradicar este crimen.
Con motivo de esa alianza, el mes pasado se logró que se hiciera una investigación judicial para conocer el paradero de mujeres jóvenes que serían explotadas sexualmente y que estuvieron esclavizadas en una whiskeria de la ciudad de La Plata.
Las víctimas enviaron un mensaje de texto a integrantes de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, La Plata (AMMAR) pidiendo ayuda para escapar. La organización decidió recurrir a la Legislatura provincial y desde ese ámbito se convocó a la Secretaría de Derechos Humanos y a la Fiscalía.
Al final recibieron un nuevo mensaje en el que se aseguraba que las mujeres fueron liberadas por la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI La Plata). Sin embargo, ese mismo día se comprobó que las víctimas no utilizaron la línea de emergencia 911 y tampoco fueron asistidas por una comisaría de la mujer o alguna guardia médica.
Las mujeres no fueron halladas y sin embargo el caso se investiga bajo el supuesto de que fueron descubiertas y obligadas a mandar el último mensaje de texto.
Frente a ese tipo de intervención interinstitucional –y al crecimiento del número de víctimas esclavizadas en la provincia–, la propuesta de Victoria Amendolara obtuvo una buena recepción en el sector de las organizaciones y también en los bloques de diputados y diputadas del oficialismo y la oposición.
El proyecto ingresó a la Legislatura bonaerense en abril y el mes pasado obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Igualdad de Trato y Oportunidades. Faltan las resoluciones de otras dos comisiones y luego podrá ser tratado en el recinto legislativo.
SIN ESTADÍSTICAS
La diputada Amendolara, al fundamentar la iniciativa, aseguró que Argentina se convirtió en un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas en base a un informe de 2007 de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Asimismo, dijo que la Oficina de Asistencia Integral a la Víctima del Delito de la Procuración General de la Nación, ese mismo año, intervino en 85 casos de trata, unos 43 hechos nuevos en relación con 2006. Sin embargo, estos datos no alcanzan a reflejar la situación de la trata y tráfico en Buenos Aires.
Por eso, una de las primeras tareas que debe realizar la Comisión bicameral es «un diagnóstico cuantitativo y cualitativo de la situación de la trata de personas en la provincia».
La abogada Susana Cisneros, que colabora en el equipo técnico de la diputada provincial, explicó que crearán una mesa de trabajo para recopilar y sistematizar datos. Convocarán a los poderes Ejecutivo y Judicial, y también a organizaciones como AMMAR La Plata, Red No a la Trata, y Red provincial de Políticas Públicas contra la Violencia para integrarla.
Al respecto, Monique Altschul, directora ejecutiva de La Fundación Mujeres en Igualdad, fundadora de la Red No a la Trata e integrante del Programa Mujeres por la Equidad y la Transparencia, coincide en señalar que no hay datos sobre la trata. Por ello, uno de los propósitos de su Programa es estimular el acceso a la información pública y el año pasado creó en su órbita la Red Mujeres al Borde de la Información. Y distribuye información sobre la trata de personas a través de dos redes virtuales: Mujeres en Igualdad y No a la Trata, de la cual fueron fundadoras.
Las organizaciones que la integran piden información relevante a gobiernos provinciales y municipales del país sobre trata de personas y otros temas, pero «no se avanzó demasiado. Los datos que se consiguieron son cualitativos y muy pocos cuantitativos. La información que tenemos es parcial e incompleta».
MONITOREO Y ONG
La comisión bicameral también deberá elaborar y monitorear leyes tendientes a mejorar los efectos de la Ley Nacional de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.
La abogada Susana Cisneros adelantó que se analiza instrumentar una reforma general del Código de procedimientos en materia penal y en ese marco ampliar el Artículo 77, referido al particular damnificado. De ese modo «las organizaciones con personería jurídica estarán habilitadas para presentarse en procesos penales contra la trata de personas», agregó.
La diputada provincial de la Coalición Cívica Maricel Etchecoin Moro también impulsa una ampliación de otro artículo del Código Procesal Penal, pero para establecer que «la condición de víctima, a los fines de su asistencia, se va a configurar sin tenerse en cuenta la prestación o no de consentimiento», un tema que estuvo en el centro de la polémica cuando el Congreso Nacional aprobó la Ley Nacional sobre la Trata de Personas que obliga a las víctimas mayores de 18 años a demostrar que fueron tratadas y esclavizadas.
Esta reforma se aplicará cuando se sancione el proyecto de ley que presentó Etchecoin Moro y que propone crear la Oficina Provincial para la Lucha contra la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de ese delito.
CONVENIO DE COOPERACIÓN
El gobierno bonaerense es otras de las instituciones con iniciativas para erradicar la trata de personas de la provincia de Buenos Aires. El 18 de abril firmó un convenio de cooperación con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Comenzará a instrumentarse después de julio y durará dos años, según informó Gabriela Fernández, coordinadora del programa Fortalecimiento Institucional en la Lucha contra la Trata de Personas en Argentina (Fointra), de ese organismo.
— ¿Que estableció el convenio?
— Tres ejes de trabajos. El primero incluye el Programa de Prevención y Erradicación de la Trata de Personas desarrollado por OIM, que incorpora la perspectiva de género y capacitaciones a equipos técnicos provinciales y municipales para el abordaje de esta problemática. El segundo eje tiene que ver con la realización en todo el territorio de la provincia de la campaña de información pública No a la trata de personas, no a la esclavitud moderna, en la que colaboró la actriz Natalia Oreiro. El último eje incluye actividades de intervención y sensibilización de poblaciones potencialmente vulnerables a la trata de personas, más que nada, grupos migrantes en villas miseria.
— ¿Por qué se eligió a OIM?
— La trata de personas es una de las áreas de acción de OIM desde la década del 90, en especial a partir de la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En Argentina se comenzó a trabajar este tema en 2002, a través del Programa de Asistencia a las Víctimas de Trata.
«En 2005, señala, comenzamos con el programa Fointra, desde el cual brindamos capacitaciones a jurisdicciones de todo el país. Se trabaja en sensibilizar no sólo a los funcionarios gubernamentales, sino también a la sociedad civil. OIM es un organismo de cooperación y comparte sus conocimientos con las áreas gubernamentales que lo solicitan, en ese marco el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires solicitó la firma del convenio y la misma se materializó después de la aprobación de la ley nacional contra la trata de personas».
08/AW/GG
