El tema del fuero militar continúa vigente al darse esta semana en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el sobreseimiento de un amparo promovido por la viuda de un joven asesinado por militares en la comunidad de Santiago de los Caballeros, en Sinaloa, durante 2008.
Con este amparo solicitaba acotar los alcances del fuero militar y determinar si era constitucional o no que los militares fueran juzgados por ellos mismos cuando cometen violaciones a derechos humanos.
La Corte, en votación dividida, determinó sobreseer el amparo de Morales y determinó que las víctimas no pueden solicitar a la justicia federal revisar la competencia de los militares para investigar violaciones a derechos humanos cometidas contra civiles.
Con ello, según la opinión de algunos defensores de derechos humanos, la Corte avaló la impunidad de los cuerpos castrenses que cometen estas violaciones y determinó que las víctimas o sus familiares, no son sujetos de derechos.
Human Rights Watch (HRW), organización internacional defensora de derechos humanos, ha enfatizado en su informe Impunidad Uniformada que en México el tema central sobre fuero militar no es el contenido de la Constitución «sino la voluntad política para asegurar que los casos de abusos cometidos por el Ejército contra civiles sean juzgados donde corresponde».
Deben ser oídos, dice, ante los tribunales civiles donde existe la garantía de independencia judicial y el escrutinio público necesarios para que las víctimas puedan obtener justicia.
Y en ello coincide el General Francisco Gallardo, declarado preso de conciencia en 1997 por Amnistía Internacional, quien señala que mientras no exista esta independencia de las instituciones de justicia, «continuarán más violaciones a derechos humanos e impunidad».
El General Gallardo fue enfático al señalar en entrevista a Cimacnoticias «que el Estado mexicano no está preparado para establecer una nueva relación civil-militar», por lo que difícilmente podrá darse una discusión seria sobre el tema del fuero militar.
Sin embargo precisó que corresponderá al Poder Legislativo impulsar el camino de las reformas constitucionales para empezar a definir qué tipo de Ejército «necesitamos y queremos».
Si bien Felipe Calderón se comprometió, como parte del Programa Nacional de Derechos Humanos para su administración, a impulsar reformas en materia de procuración e impartición de justicia militar acordes con los compromisos internacionales signados por México en materia de derechos humanos, a la fecha, únicamente ha enviado una iniciativa al Congreso de la Unión pero para continuar blindando al Ejército.
La iniciativa de Ley de Seguridad Nacional propuesta por Calderón y enviada al Congreso propone la creación de un concepto de «amenazas a la seguridad interna» para que, de darse esta situación, se declare la suspensión de garantías, lo que dejaría en manos del Ejército nuevamente la «seguridad» ciudadana.
Ello y el decreto publicado el pasado 22 de julio en el Diario Oficial de la Federación para otorgarle más facultades al Procurador de Justicia Militar en representación del Ejecutivo, son ejemplos de las intenciones de Felipe Calderón en materia de fuero militar.
Sin embargo, no hay que olvidar que uno de los ejemplos más claros de que es posible juzgar a militares en tribunales civiles es el caso de Castaños, Coahuila, donde 13 mujeres fueron violadas por soldados en julio de 2006.
El caso tuvo una amplia cobertura mediática que en su momento sirvió de presión para que así ocurriera, aunque sólo 3 de los 12 soldados que participaron en la violación sexual fueron sentenciados.
HRW ha señalado que «los abusos graves como violaciones sexuales y torturas claramente no pueden ser considerados funciones inherentes de las fuerzas armadas» por lo que deben ser investigados y juzgados en el ámbito civil.
09/LGL/GG
