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Lejana, la erradicación de violencia a mujeres

Por Guadalupe Vallejo Mora

Lejos están aún de cumplirse en nuestro país los objetivos de la Plataforma de Acción de Pekín (1995), los del Desarrollo del Milenio (ODM), así como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), en cuanto a la erradicación de la violencia sexual y abusos que se cometen contra mujeres, niñas y niños en situaciones de conflictos armados, como en el caso de Chiapas.

Las activistas Alma Oceguera Rodríguez y Martha Figueroa Mier denunciaron que en aquella entidad la realidad demuestra que las mujeres y los menores todavía son víctimas de actos de terrorismo, torturas físicas y psíquicas, así como desapariciones y desplazamientos forzados.

“En Chiapas la mayor parte de la población desplazada y extremadamente pobre son mujeres, quienes además de padecer un notable aumento de la violencia intrafamiliar, son víctimas de todo tipo de agresiones sexuales por parte de la milicia”, destacaron en su ponencia Derechos Humanos y Conflictos Armados.

Oceguera, quien es directora del Centro Cultural Esperanza Rodríguez A.C. e integrante de la Red Nacional Milenio Feminista, Capítulo B.C.S, lamentó que nuestro país haga caso omiso a los objetivos del Desarrollo del Milenio no sólo en zonas rurales en conflicto sino urbanas, donde es evidente la feminización de la pobreza y el hambre.

Por su parte, la abogada Figueroa Mier, directora del Grupo de Mujeres en San Cristóbal de las Casas, A.C., destacó que las mujeres y la infancia sufren en particular el llamado “plus” de la impunidad, pues ésta se planea y financia desde las fuerzas castrenses para “tranquilizar a la tropa”, lo que provoca serios problemas de prostitución y abusos sexuales en las llamadas zonas de conflicto.

Dijo que amén de que no hay reparación del daño para las víctimas de violaciones y agresiones sexuales, las autoridades castrenses se niegan a revisar y modificar sus leyes y a homologarlas con las legislaciones y tratados internacionales para castigar a los responsables de este tipo de agresiones.

Tal es el caso de las dos denuncias ocurridas en 2002, por violación tumultuaria a mujeres tlapanecas en la zona de La Montaña, en el estado de Guerrero, presuntamente por el batallón 41 del ejército mexicano, y el más conocido de las tres hermanas tzeltales violadas por soldados en 1994 en el municipio zapatista de Altamirano, Chiapas, el cual sigue pendiente, a pesar de las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) por medio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Cabe recordar que el 16 de febrero de 2002, la tlapaneca Valentina Rosendo Cantú lavaba ropa en un arroyo, a 200 metros de su casa en el caserío de Barranca Bejuco, cuando un grupo de militares la interrogaron y acusaron a sus familiares de guerrilleros; acto seguido la golpearon y, al desmayarse durante unos minutos, dos soldados la violaron mientras otros seis observaban.

También, el 22 de marzo del 2002 tres militares armados con rifles atacaron y violaron a Inés Hernández Ortega en el poblado cercano de Barranca Tecuani.

Ambas jóvenes decidieron hacer la denuncia formal y sostenerla, a pesar de las amenazas. Valentina Rosendo salió de su comunidad rumbo a la cuarta visitaduría general de la CNDH, a varias horas de camino, únicamente para poner una queja contra militares del ejército mexicano. Hasta el momento no se conoce ningún castigo a miembros del Ejército mexicano, dijo Figueroa en entrevista.

05/GV/GM

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