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Letra muerta en México norma contra violencia familiar

Por Silvia Magally

Los proveedores de servicios de salud se resisten, por ignorancia, a aplicar las normas sobre violencia intrafamiliar, afirmó hoy la directora saliente del Programa Mujer y Salud (Promsa), Blanca Rico.

Al participar en la Tercera Conferencia Nacional sobre Maternidad sin Riesgos en México, que concluye hoy, Rico precisó que la actual norma oficial para la atención de la violencia familiar emitida en el año 2000 sólo es conocida por el 10 por ciento del personal de salud, lo que impide su aplicación.

A nivel nacional, dijo, la norma constituye una herramienta que obliga a todo el personal de salud a atender esta problemática, considerada una de las causas de muerte materna.

Mencionó que la violencia en el embarazo puede tener consecuencias graves como el aborto espontáneo, aumento de infecciones, parto prematuro, lesiones fetales, así como aumentar el riesgo de muerte en el primer año de vida de los hijos de las mujeres maltratadas.

La encuesta sobre violencia realizada por el programa a su cargo reveló recientemente que el 14 por ciento de las mujeres embarazadas que fueron entrevistadas sufrieron violencia durante la gestación.

El 50 por ciento de ellas reportó que la violencia fue igual que cuando no estaban embarazadas; el 25 por ciento dijo que empeoró la situación; el 22 por ciento que disminuyó y el cinco por ciento declinó responder.

El 4.4 por ciento de las consultadas dijo que fueron amenazadas, golpeadas o recibieron puntapiés en el abdomen, además de haber sido víctimas de humillaciones, relaciones sexuales forzadas.

Fernando López Cruz, de la Dirección de Violencia Familiar del Promsa, coincidió con Rico en que existen temores por parte de los proveedores de salud a aplicar la Norma Oficial para la Atención de la Violencia Intrafamiliar, así como ignorancia respecto a la intervención del Ministerio Público.

Informó que hasta la fecha se han firmado 12 convenios de colaboración con autoridades del Distrito Federal, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Michoacán, entre otros, para el desarrollo de programas estatales de atención a la violencia familiar y el reto es lograr integrar en este modelo a las 32 entidades federativas.

López Cruz también planteó como uno de los pendientes la capacitación del personal de salud que incluya un manual que permita romper las formas clásicas de atención en especial a las mujeres que se presume, están siendo víctimas de la violencia en sus hogares.

Entre los retos mencionó se considera la capacitación a los agentes del Ministerio Público así como al personal de refugios y albergues y a las personas que realicen acompañamiento legal.

Maricarmen Elú, presidenta del Comité Por Una Maternidad sin Riesgos- iniciativa que cumple 10 años de trabajo- sostuvo que la violencia doméstica viola los derechos humanos de las mujeres y aseguró que el embarazo no las protege contra las agresiones por lo que muchas de ellas mueren estando embarazadas.

La Tercera Conferencia Nacional Sobre Maternidad sin Riesgos comenzó el lunes pasado y será clausurada este miércoles en la en la sede del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIES).

2003/SM/MEL

       
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