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Ley de Ahorro y Crédito Popular, contraria a los intereses indígenas y campesinos

Por la Redacción

Los recovecos de la nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular privará a la mayoría de la población indígena y campesina de la capacidad para utilizar su propio ahorro, e impedirá la instrumentación cabal de los programas de microfinanciamiento, oferta primordial del presidente Vicente Fox para acabar con la pobreza, aseguró el especialista Raúl Hernández Garcíadiego.

El director de la Organización Civil de Desarrollo (OCD) Alternativas y Procesos de Participación Social A.C, señaló que la Red de Finanzas Sociales ha denunciado en diversos foros que esta ley limita injustamente los derechos económicos de los más pobres, al cerrarles la mejor –o única– vía de financiamiento: el ahorro de sus propios socios.

Negarles a los pequeños grupos y cooperativas el derecho de aportar sus recursos en forma de ahorro es negarles la fuente de financiamiento que les es natural, indicó.

Conforme pasan los días, crece la polémica por el efecto de esta nueva ley –aprobada en junio de este año– así como el reglamento que debió publicarse a más tardar el 4 de diciembre.

Esta ley apenas empieza a ser conocida por la población, pero ya ha comenzado a generar una gran preocupación entre los miembros de miles de pequeñas organizaciones –la mayoría de ellas del medio rural– que realizan actividades de economía solidaria, entre las que se cuentan las actividades de ahorro y crédito entre sus miembros.

El problema principal estriba en que la nueva ley y el reglamento propuesto establecen elevados requisitos en cuanto al número mínimo de miembros, montos mínimos de capital, así como una compleja contabilidad, administración y supervisión, que serán imposibles de cumplir para los pequeños grupos y cooperativas ubicados en pueblos campesinos e indígenas.

Hernández Garcíadiego explicó que son tres razones principales por las que los pequeños grupos y cooperativas no podrán cumplir con los requisitos propuestos: su dispersión demográfica, su nivel económico y el nivel educativo.

El censo de febrero del 2000 reveló que de los 97.48 millones de mexicanos que habitaban el país, el 25 por ciento de la población vivía en pueblos rurales, es decir con menos de 2,500 habitantes, mientras que cinco millones de personas habitaban en poblaciones de menos de 100 habitantes. En total se contabilizaron 150,000 poblados con menos de 500 personas, que viven en condiciones de alta pobreza y marginación.

La población indígena del país se concentra principalmente en los 476 municipios que componen las llamadas “250 microregiones prioritarias”, en donde viven 5.5 millones de personas.

Al no poder cumplir los requisitos establecidos por la ley, las pequeñas organizaciones de economía solidaria que utilizan el ahorro de sus socios, quedarán proscritas al momento de cumplirse el plazo de regularización establecido en la ley.

En caso de seguir operando posteriormente quedarán expuestas a severas sanciones, mientras que en caso de optar por suspender operaciones, sus miembros perderán un valioso medio de prestarse servicios financieros adecuados, que les han sido de gran utilidad desde hace más de 162 años, cuando se constituyó la primera Caja de Ahorros mexicana en la ciudad de Orizaba, Veracruz.

Algunos de los funcionarios que impulsaron esta nueva ley de Ahorro y Crédito Popular argumentan que no se puede permitir la existencia de estos pequeños grupos de ahorro toda vez que a las autoridades no les será posible ni rentable supervisarlas adecuadamente, y así evitar fraudes como los que ocurrieron durante el último año.

Sin embargo, la realidad es que los fraudes más importantes ocurrieron en bancos y sociedades de ahorro y préstamo supervisados por la Comisión Nacional Bancaria, y no en pequeños grupos y cooperativas como las que hoy se ven amenazadas por la ley de manera injusta.

Los miembros de la Red de Finanzas Sociales señalan que en lugar de prohibir este tipo de iniciativas de desarrollo basadas en el esfuerzo propio, se deberían establecer políticas y programas de fomento que brinden apoyos organizativos, técnicos, educativos y financieros para lograr su profesionalización y expansión, en lugar de establecer un sistema institucionalizado basado en la restricción, la disuasión y la sanción.

       
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