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Ley de Infancia violenta tratados internacionales: Ririki

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa

No reconocer derechos sexuales y reproductivos a las niñas, niños y adolescentes en una Ley General que asienta garantías para esta población contradice tratados internacionales en derechos de las mujeres y la infancia, advirtió Nashieli Ramírez, directora de la organización civil Ririki Intervención Social.
 
El pasado 23 de octubre el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la minuta de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. En el dictamen, la Comisión de los Derechos de la Niñez presentó reservas a los artículos 50, 57 y 58 (referentes a sexualidad y reproducción) de la norma.
 
Tales modificaciones fueron promovidas por la diputada Carmen Lucía Pérez, del Partido Acción Nacional (PAN), y con ello se omitió en la redacción final de la minuta el reconocimiento de los “derechos a la sexualidad y reproducción” de la infancia y adolescencia, así como su ejercicio, y se condicionó la educación sexual al consentimiento o intervención de los padres de familia.
 
La legisladora argumentó que los derechos sexuales y reproductivos no son garantías reconocidas en la Constitución mexicana.
 
Nashieli Ramírez, directora de Ririki –organización civil que protege y defiende los derechos de la infancia en México–, alertó en entrevista que las modificaciones aprobadas muestran que el aparato legislativo mexicano aún tiene desafíos en términos de una visión progresista sobre derechos sexuales y reproductivos, que garanticen la igualdad de género.
 
Criticó que durante la discusión de las reservas en el pleno, apoyadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y rechazadas por el de la Revolución Democrática (PRD), hubo una “andanada de desinformación, ignorancia y una evidente presión por parte de la Iglesia”.
 
La defensora afirmó que los argumentos de la diputada panista y de grupos civiles conservadores que intervinieron en la discusión en comisiones son “falaces”, ya que sí existen tratados internacionales que reconocen como prioridad la atención y la educación de las niñas y adolescentes en materia de derechos sexuales y reproductivos.
 
Esos tratados, precisó la experta, de acuerdo con el artículo primero de la Constitución deben ser acatados por México como Estado parte de los organismos internacionales que los promovieron.
 
Los instrumentos que fundamentan normativamente los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, niños y adolescentes están reconocidos –explicó Ramírez– en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), la Convención Belém do Pará, el Parlamento Iberoamericano de la Juventud, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
 
Además acusó que las y los legisladores ignoran que es una obligación del Estado mexicano asegurar la salud sexual y reproductiva de todas y todos, al igual que garantizar una educación integral que permita a la infancia, de acuerdo con su edad y desarrollo, tomar decisiones informadas sobre su sexualidad.
 
La activista recordó que además de la salud y la educación, también son derechos de las niñas, niños y adolescentes participar, conocer y ejercer decisiones sobre su propio cuerpo, que se respete su integridad física y dignidad, y se reconozca su integralidad como seres humanos.
 
“No reconocer esos derechos no es sólo hacer omisiones a la salud, sino también hacer omisiones en cuanto a su sano desarrollo, bienestar y su vida libre”, concluyó Nashieli Ramírez.
 
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