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Ley de salud sexual y reproductiva, detenida por tema de aborto

Por Redaccion

El proyecto de Ley sobre Salud Sexual y Reproductiva, que actualmente debate una comisión del Parlamento uruguayo, estaría aprobado hace tiempo de no ser porque su segunda parte se refiere a la despenalización del aborto, un tema que divide a la sociedad, informa el Especial de Prensa Latina Mujeres del Tercer Milenio.

La situación es tan singular, que los legisladores del gobernante Frente Amplio (FA) están encarados en ese tema con el presidente Tabaré Vázquez, cuya posición coincide más con la de los partidos de oposición, el Colorado y el Nacional.

Jamás en la historia del país se alcanzaron a nivel parlamentario los votos necesarios para despenalizar el aborto puesto que los partidos tradicionales votaban unánimes sobre el punto y solo eran unas pocas las voces discordantes, por lo regular desde la izquierda.

Con la llegada del FA al poder en marzo de 2005 –para mejor con mayoría parlamentaria– parecían creadas las condiciones para que la moción prosperara, pero los más optimistas en el caso pasaron por alto lo que podía opinar el jefe del gobierno.

Llegado el momento, y después en reiteradas ocasiones, el primer gobernante de izquierda en la historia del Uruguay, por añadidura médico de profesión, señaló que la despenalización del aborto no prosperaría aunque el Parlamento lo aprobara, porque él lo vetaría.

El asunto ha llegado a convertirse en un duelo callado –pero público– entre el Presidente y un grupo de legisladores y representantes de diversas instituciones que luchan por la equidad de género.

La senadora Mónica Xavier, una de las abanderadas de esa causa y compañera de Vázquez en el Partido Socialista afirma que al margen de la opinión del dignatario y de su legítimo derecho a vetar el proyecto, los legisladores deben seguir discutiendo el tema.

CON FÓRCEPS

El principal, y conste que no único, campo de batalla es la Comisión de Salud Pública del Senado, donde sin mayores contratiempos se aprobaron ya los capítulos referidos a los derechos sexuales y reproductivos.

El temor de los legisladores a favor de la legislación que despenalice el aborto es que los de la otra banda maniobren para demorar hasta las “calendas griegas”, es decir nunca, los consabidos artículos neurálgicos del proyecto.

Si así sucediera -alerta Lilián Abracinskas, de la organización Mujer y Salud- se estaría nuevamente eludiendo desde el sistema político uno de los nudos del problema, la práctica clandestina del aborto.

La líder feminista estima que el anunciado veto presidencial obstaculiza el tratamiento parlamentario, lo que hace necesario buscar mecanismos de democracia directa para permitir a la ciudadanía expresarse.

En lo que parece ser una nueva táctica dilatoria, algunos legisladores plantearon la necesidad de conocer, antes de votar, la opinión de profesores de la Cátedra de Ginecología y Medicina Legal.

A Mónica Xavier, la propuesta no parece hacerle gracia porque algunos quisiéramos que el proyecto fuera tratado lo más rápido posible y no en tiempos preelectorales, pero los integrantes (de la Comisión) son varios y vamos a esperar por aquellas opiniones calificadas.

Por otra parte, representantes del Partido Colorado propusieron un referéndum consultivo antes de que el Parlamento vote el proyecto.

La propuesta consiste básicamente en llamar a una consulta popular antes de que se tome cualquier decisión sobre el tema, pero esa figura jurídica –el referéndum consultivo– no existe en la legislación nacional.

A los legisladores del Frente Amplio no les gusta la idea. Mónica Xavier prefiere una discusión integral del proyecto y no una consulta por un tema en particular: aborto sí, o aborto no.

Xavier opina que, cuando el proyecto se convierta en ley firme, entonces sí la ciudadanía podría expresarse sobre el texto mediante un referéndum. Esa figura sí existe en el sistema jurídico nacional y ha sido utilizada antes para ratificar o derogar una ley entera o alguno de sus artículos.

Vale decir que los partidos Colorado y Blanco no son las únicas fuerzas opuestas a la despenalización del aborto.

Por razones históricas, una de las de mayor peso es la Iglesia, que más de una vez ha llamado a los legisladores a no aprobar la controvertida parte del proyecto de ley.

La Conferencia de Obispos expresó en un comunicado público que suman sus voces a las de tantos uruguayos que piden a sus representantes que nuestras leyes respeten y tutelen el valor supremo de la vida de todos los seres humanos, en todas sus etapas.

En un país de arraigados sentimientos católicos, son frecuentes las expresiones de diversas capas de la sociedad contra el aborto, ya sea a través de los medios de prensa, las manifestaciones en las calles, los graffiti o cuanto recurso esté a mano.

Mientras, el debate parlamentario transcurre sin que se vislumbre un horizonte claro sobre cómo se podrá resolver este asunto que tanto divide a la sociedad. La iniciativa debe entrar al plenario legislativo a fines de agosto o principios de septiembre.

Lo peor de todo es que, según diversos estudios, en Uruguay se practican 33 mil abortos clandestinos por año, en una población de 3.4 millones de habitantes. Y que esa es la causa de casi la mitad de todas las muertes maternas, concluye el Especial de Prensa Latina Mujeres del Tercer Milenio.

07/GG

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