Inicio ¿Leyes imparciales en México o ley a secas para periodistas?

¿Leyes imparciales en México o ley a secas para periodistas?

Por Aurora Sansores Serrano

En el año que recién terminó, ante la magnitud de los atentados contra la libertad de expresión en el país, la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Fapermex) consignó el cambio de penas en el Código Penal de Chiapas en las figuras de calumnia y difamación.

En ese tiempo se advirtió la amenaza que significaba para el ejercicio periodístico el que los gobernantes reformaran las leyes a conveniencia con el único fin de acallar las voces de denuncia de un mal ejercicio gubernamental. Esta organización, afiliada a la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap), también dio a conocer el vergonzoso primer lugar que ocupaba México en muertes de periodistas.

Pero la gota que derramó el vaso, y que llevó a que México fuera conocido a en el ámbito internacional como un país donde la libertad de prensa sólo es letra muerta, fue el caso de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, una mujer que valientemente denunció a un pederasta, Jean Thouma Hannah Succar Kuri, quien impunemente operaba en Cancún, uno de los destinos turísticos más importantes de México, con pornografía infantil y trata de menores.

En su libro Los demonios del Edén. El poder detrás de la pornografía”, la periodista vincula con Succar Kuri a Kamel Nacif, empresario textilero conocido como el rey de la mezclilla, quien fue el responsable de la denuncia contra la periodista que llevó a las autoridades de Puebla a violar todas y cada una de las garantías individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Vámonos por partes. Para empezar, la periodista nunca recibió un citatorio para enfrentar la denuncia interpuesta en su contra; con ello se habló de un supuesto desacato por parte de Lydia que llevó a su detención que rayó en una acción sólo vista en las mentes de cineastas.

En cuanto a la llegada de los policías judiciales poblanos hasta Cancún para cumplir con la detención, me parece que las Procuradurías estatales solicitan la colaboración de sus homólogas del Estado en donde supuestamente se encuentra el denunciado, y la detención la hace la policía del lugar o, en su caso, se realiza de manera conjunta, cuando se trata de algún delincuente peligroso.

Aquí supongo que temían ser atacados con una pluma o con las teclas de una computadora. De ahí detención con cinco judiciales en dos autos provenientes de Puebla y tres más de Quintana Roo.

Cacho Ribeiro contaba con protección de la Agencia Federal de Investigación (AFI) debido a la cantidad de amenazas de muerte que había recibido; sin embargo, a la hora de su detención, los agentes no se encontraban, y cuando llegaron a la Procuraduría les aseguraron que podrían acompañarla en el traslado a Puebla, pero la sacaron por la puerta trasera y los dejaron con un palmo de narices.

Hasta en Campeche, cuando se hace un traslado a otra entidad lejana, se hace por vía aérea; a la periodista se la llevaron por tierra durante más de 20 horas de camino sin permitirle accesos a sanitarios, sin detenerse para comprar los medicamentos que requería porque padecía bronquitis, proporcionándole un solo alimento en todo ese tiempo, y con amenazas de muerte.

A esto agréguele que la jueza encargada del caso reconoció que no le había entregado la orden de aprensión a la interesada para evitar un escándalo; como datos curiosos, la denuncia fue interpuesta en una agencia de delitos electorales y el papel membretado de la misma decía misterio público en lugar de ministerio público, según datos aportados por periodistas que han dado puntual seguimiento al caso.

Las declaraciones del demandante fueron en verdad una muestra de que en Puebla no existe la división de poderes, porque aseguró que él solo le dijo al gobernador que una mujer lo estaba difamando e inmediatamente salió la orden de aprensión. El mismo mandatario estatal poblano dio una muestra de estupidez y falta de tacto político, ya no hablemos de legalidad, al afirmar que la periodista era una delincuente y que si no era así, que demostrara lo contrario.

¿Cómo dijo? El señor no sólo se convirtió en juez, lo que significa que estaba usurpando funciones, sino que confirmó que, en México, eso de que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario y no al revés, es letra muerta.

No es extraño el apoyo irrestricto que tuvo el empresario por parte del ejecutivo poblano porque, según se dice, el primero fue uno de los que financió la campaña a la gobernatura del segundo. Lo incomprensible es por qué la demanda se interpuso en Puebla y no en Quintana Roo o en el Distrito Federal, que son los lugares donde se podrían haber cometido los supuestos delitos imputados a la periodista.

Habrá que consultar con los juristas mexicanos si cada ciudadano puede elegir el estado que, de acuerdo a sus leyes, le conviene para poner una querella. Quizá valdría la pena buscar una entidad donde existan leyes locales que permitan a la periodista ganar una contrademanda y llevar a juicio a las autoridades poblanas, porque entonces, para llegar a un veredicto, tendrían que apegarse a las leyes federales.

Todo esto me lleva a pensar que como ciudadanos no nos conviene denunciar, porque no hay autoridad que nos pueda proteger ante los abusos del poder y el maridaje entre funcionarios y empresarios millonarios.

Asimismo, sin temor a equivocarme, creo que la Comisión Legislativa puede documentar el exceso de la fuerza pública, la intromisión del ejecutivo poblano en competencias del poder judicial y la violación de los derechos humanos de Lydia Cacho para, con base en eso, solicitar un juicio político en contra del gobernador de Puebla para que enfrente la denuncia por abuso de poder y usurpación de funciones.

Lo que no se debe olvidar es que la periodista está siendo víctima de un contubernio entre empresa y poder por denunciar los atentados contra la integridad de nuestros niños y niñas.

*Periodista mexicana

06/AS/YT

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