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Leyes restrictivas favorecen el aborto clandestino

Por Gladis Torres

Lejos de prevenir o evitar el aborto, las leyes restrictivas perjudican a las mujeres más pobres, quienes por falta de dinero, de instrucción o de información recurren a prácticas inseguras e insalubres.

Así lo señala el documento Por la despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, realizado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida, AC (GIRE), el cual afirma que si el aborto no fuera penalizado las mujeres podrían optar por una interrupción segura del embarazo. La prohibición del aborto voluntario atenta, desde esta perspectiva, contra los derechos humanos.

El mismo análisis indica que realizarse un aborto en condiciones inadecuadas puede causar daños irreparables para la salud o provocar la muerte, y que las mujeres que abortan pertenecen a clases socioeconómicas bajas y altas; en su mayor parte son creyentes y no creyentes instruidas o analfabetas.

Sin embargo, las enfermedades y la muerte relacionadas con el aborto están directamente vinculadas con la pobreza, el bajo nivel de instrucción y el parto de varios hijos, entre otras causas.

Anualmente, 4.2 millones de mujeres se practican abortos en América Latina y el Caribe. La mayoría lo hace en condiciones de riesgo y de forma clandestina, según cifras de la Organización Mundial de Salud (OMS).

Un aborto en México es aceptado legalmente cuando es por violación, accidente, malformación o inseminación artificial no consentida; cuando el parto pone en riesgo la vida de la madre o cuando el embarazo provocar un gran daño a la salud de la mujer; también se admite si la mujer tiene razones económicas para interrumpir el embarazo y ya es madre al menos de tres hijos.

Cada estado de la República Mexicana tiene sus propias leyes en relación con el aborto. De las razones mencionadas, solamente la primera, por violación, es válida legalmente en todo el territorio nacional. 29 estados contemplan en sus leyes el aborto imprudencial; 28 admiten la interrupción cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer; siete lo aprueban por inseminación artificial no deseada y solamente Yucatán lo permite por motivos socioeconómicos.

La Secretaría de Salud y la Procuraduría General de Justicia del DF ya emitieron los respectivos documentos para hacer efectiva la práctica de los abortos legales por diversas causas en la Ciudad de México.

05/GT/YT

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