Ante el proyecto de reformas constitucionales, que se vinculan a la restricción de la contratación directa de partidos políticos y terceros en espacios de medios de comunicación con fines propagandísticos, ciudadanas y ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil reconocen y se congratulan por el aporte y la voluntad política del Poder Legislativo para una primera etapa de reforma en materia de medios de comunicación electrónicos.
Mediante pronunciamiento fechado el día de ayer, las OSC, ciudadanas y ciudadanos afirman que el predictamen de reformas constitucionales que plantea esta reforma electoral se vincula a un nuevo modelo de comunicación y a una nueva relación entre los partidos políticos y los medios de comunicación electrónicos.
Entre las numerosas OSC que signan el pronunciamiento están: Mesa Ciudadana para la Reforma Integral de los Medios Incide Social AC; Centro Nacional de Comunicación Social AC; Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia; Asociación Mundial de Radios Comunitaria-México, Alianza Cívica AC; Diálogo Parlamentario y la Equidad AC; Enlace Comunicación y Capacitación AC, así como Red de Derechos de la Infancia y Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos: «Todos los Derechos para Todos y Todas», entre muchas otras.
El punto fundamental ?señala el pronunciamiento– es la prohibición total a los partidos políticos y terceros para adquirir tiempo en radio y televisión. En esta nueva relación, el IFE sería el único facultado para contratación y administración de tiempos en los medios.
Al mismo tiempo el derecho de replica y rectificación que plantea esta reforma es un avance, sin embargo es necesario generar el mecanismo en la ley secundaria correspondiente para garantizarlo.
CAMBIOS Y DEMOCRACIA
Todos estos cambios son fundamentales para repensar las prácticas de la democracia, mejorar el discurso de los partidos políticos y sus candidatos y reducir los costos de las campañas electorales, sin embargo falta construir el camino para la reforma integral de los medios de comunicación electrónicos así como las telecomunicaciones, señalan.
«Ante ello, ciudadanas y ciudadanos, así como organizaciones de la sociedad civil, que hemos observado y hemos participado en esta discusión, desde la mesa de reforma integral de los medios de comunicación en el año 2000, que nos opusimos al cambio en el «decretazo» del 10 de octubre que redujo los tiempos oficiales, que propusimos una ley que democratizará el otorgamiento de concesiones y permisos, que hemos defendido a los derechos de las radios comunitarias, que nos opusimos a la llamada Ley Televisa, y que presentamos argumentos ante la Suprema Corte de Justicia, nos pronunciamos:
«La libertad de expresión no depende de comprar espacios en los medios de comunicación, ni se garantiza por no comprarlos.
«Generar las condiciones para el debate, el acceso y las garantías a la discusión en la opinión pública de los diversos actores políticos y sociales, es punto fundamental para la garantía de la libertad de expresión.
«Es claro que la audiencia llevada a cabo entre el Senado de la República, como poder constitucional y la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), como poder fáctico puso de manifiesto un desencuentro entre estos dos actores.
«Los concesionarios de radio y televisión y sus principales presentadores de noticias representan a la industria y no a la sociedad civil.
«Denostamos la posición fijada por algunos legisladores que tienen conflictos de interés por sus vínculos con la industria».
Reiteramos –finaliza el documento- «nuestro compromiso y nuestra demanda por una reforma integral en materia de medios electrónicos, que permita la pluralidad y la diversidad de medios, así como el acceso y respeto a la libertad de expresión para todas y todos, y no sólo de un grupo de empresarios con intereses particulares».
07/GG
