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Limitado acceso de población femenina en política

Por Román González

La presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Maricela Contreras, aseguró que a pesar de los avances en materia legislativa para propiciar la participación de las mujeres en la política, aún hay serias limitaciones que impiden su ingreso en ese ámbito.

Recordó que los puestos más altos que han tenido las mujeres en la historia del país son tres gubernaturas, una jefatura de Gobierno y diez secretarias de Estado. Actualmente en la ALDF de 66 curules, 22 son ocupados por mujeres, sin olvidar por su puesto las diputaciones y senadurías que han ganado a pulso.

En el centro cultura de La Viga, la integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se pronunció porque las políticas públicas y programas de gobierno creen los mecanismos para reconocer que la desigualdad no es un problema aislado o propio de las mujeres y que se requiere de la participación de todos los sectores.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, Julio César Moreno, lamentó por su parte que a pesar de que el sector femenino es la figura principal en la reconstrucción del tejido social, se les excluye de las políticas públicas.

«Siempre que se implementa una política gubernamental en materia de derechos humanos para las mujeres, se comete el error de no consultarlas, «sólo se asume que ellas son quienes reciben forzosamente los beneficios», dijo.

En ese sentido, destacó que el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, es sin duda un pendiente en la agenda nacional, que no puede reducirse al norte del país, dado que informes de las procuradurías locales arrojan un alarmante crecimiento en el índice de mortalidad en todo el país de esta parte de la población en los últimos años.

Así, la aplicación de políticas públicas, no sólo debe darse con relación a los homicidios, sino a las necesidades básicas de todo su entorno, dada la creciente desnutrición, maltrato al interior de la familia o acoso sexual que sufren las mujeres en sus centros de trabajo, sin olvidar la falta de oportunidades.

Moreno, señaló que hoy en día se han creado institutos, centros de atención y casas de asistencia que promueven cambios, sin embargo, «desconocemos las aplicaciones de acciones en beneficio de la población femenina».

Las mujeres, concluyó, tienen derecho a transformar su realidad, no tienen que ser sujeto pasivo que sólo recibe «beneficios»: ellas tienen que participar en la elaboración de políticas públicas.

Identificar la discriminación, desigualdad y exclusión de que es objeto la población femenina en todos los ámbitos de su vida, permitirá impulsar acciones adecuadas y avanzar en la construcción de la equidad entre mujeres y hombres, coincidieron finalmente participantes del coloquio Mujeres y políticas públicas.

2004/RG/GV

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