La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se pronunció en contra de las limitaciones a la labor de los medios de comunicación y periodistas en el marco del golpe de Estado que destituyó al presidente de Honduras, Manuel Zelaya, desde el pasado 28 de junio.
El presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón, dijo que se encuentran preocupados «por la crisis política en Honduras y las limitaciones a la libertad de información, lo que ha quedado en evidencia con la suspensión temporal de las señales de radio y televisión estatal, así como de otras cadenas internacionales privadas, y varios hechos y agresiones registrados en contra de periodistas e instalaciones físicas de algunos medios de comunicación».
Según Reporteros sin Fronteras, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Honduras (CONATEL) notificó el domingo pasado a los operadores de cable la prohibición de emitir algunos canales internacionales como Telesur, Cubavisión Internacional y CNN Español, al inicio del toque de queda.
Además, a partir de ese día han ocurrido diversas acciones en contra de los medios de comunicación nacionales, como el cierre de Radio Globo, emisora que transmitía denuncias populares y que fue cerrada por elementos militares, quienes irrumpieron de forma violenta en las instalaciones, y obligaron a los trabajadores a cortar la señal.
De la misma forma fue cerrada Radio Progreso. Claudio Andrés de Luca, colaborador de la estación, denunció que fueron obligados a cancelar de manera absoluta la transmisión mientras transmitían las noticias.
Así mismo, el canal 8 del Estado de Honduras fue sacado del aire. Cesar Romeo, el gerente de Operaciones de la televisora, dijo que los empleados que se encontraban laborando en sus instalaciones en el Palacio Presidencial, fueron encañonados y sacados de sus operaciones.
The Associated Press, y de Telesur de Venezuela, denunciaron que 10 periodistas internacionales, pertenecientes a ambas cadenas, fueron arrestados el pasado lunes en el hotel donde se hospedaban por elementos castrenses que desconectaron sus equipos de edición, y que posteriormente los llevaron a una oficina de migración, dónde revisaron sus visas hondureñas. Tanto The Associated Press como Telesur, informaron que sus periodistas fueron liberados posteriormente.
También se han denunciado los cortes a la energía eléctrica, que han obstaculizado el acceso a Internet.
La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) reportó que un fotógrafo del diario El Heraldo fue atacado con violencia y un periodista de este mismo medio fue apedreado y víctima de una paliza, dentro de las manifestaciones en apoyo al presidente destituido Manuel Zelaya.
RSF manifestó que «los golpistas manifiestan la clara voluntad de ocultar los acontecimientos con suspensiones o cierres de medios audiovisuales, tanto locales como internacionales.
Así mismo, diversas organizaciones civiles integradas en el llamado Frente de Resistencia Popular, Coordinadora Nacional de Resistencia Popular (CNRP) denunciaron el cerco informativo y aislamiento de noticias, por parte de los medios de comunicación encabezados por Rafael Ferrari, dueño de Televicentro, con el canal 3, 4, 5 y 7, y de Radio América, propiedad de Miguel Antonio Fernández.
Al respecto, Cesar Ham, candidato presidencial y diputado del Partido Unificación Democrático, dijo que el golpe de Estado «Es un contubernio de todo el sector privado y los medios corporativos de televisión, radio y prensa, además de diferentes sectores religiosos que han estado avalando el golpe de Estado, dando a entender que en Honduras, no ha pasado nada».
La ministra de Relaciones Exteriores de Honduras, Patricia Rodas, quien fue expulsada del país y enviada a México, denunció que los medios de comunicación mienten al decir que Honduras está en calma, dijo que «todas las radioemisoras, todos los medios de comunicación, están tratando de aparentar de que acá no pasa nada».
La Relatoría Especial de la Organización de los Estados Americanos demandó «el respeto irrestricto del derecho a la libertad de expresión en Honduras y exige que se otorguen todas las garantías para que los medios de comunicación y periodistas puedan cumplir su labor de informar con libertad y en condiciones de seguridad».
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