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Limpian autoridades la cara del gobierno mexicano en Juárez

Por Rafael Maya

Académicas y especialistas en derechos humanos de la mujeres arremetieron hoy contra las acciones implementadas por el Ejecutivo federal para esclarecer los asesinatos de mujeres de Ciudad Juárez al acusar a las autoridades de limpiar la cara del gobierno mexicano ante las diversas instancias internacionales.

En el segundo y último día de trabajos del Seminario Internacional Feminicidio, Justicia y Derecho en la Cámara de Diputados, las especialistas, en su mayoría latinoamericanas, coincidieron en que las acciones emprendidas por Vicente Fox carecen de resultados satisfactorios en la búsqueda de justicia.

Por el contrario, advirtieron, se ha fomentado la simulación para aparentar ante la opinión internacional que se trabaja para erradicar el feminicidio.

En el segundo y último día de actividades del Seminario Internacional, participaron académicas y defensoras de los derechos humanos de las mujeres para debatir y reflexionar sobre el feminicidio como categoría de análisis y su visibilidad jurídica.

Destacó la presencia del representante en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Anders Kompass, de la jefa de la sección de Latino América y el Caribe del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), Marijke Velzeboer y de la ex relatora de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Marta Altolaguirre.

La delegada para América Latina de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), Alicia Pérez Duarte, advirtió que el feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua estaría vinculado con la trata de personas, crimen que involucra la prostitución forzada, la pornografía y la explotación sexual de las mujeres y niñas.

Subrayó que se deben investigar todos los asesinatos de mujeres, sean de carácter sexual o de violencia intrafamiliar; y denunció que todos los ex gobernadores de Chihuahua son responsables de feminicidio en la medida en que han minimizado el problema y culpabilizado a las víctimas.

Mientras que la investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Patricia Ravelo, se pronunció porque prevalezca una perspectiva feminista contra todo tipo de opresión y violencia de género al exigir políticas públicas profundas y no campañas que fomentan la simulación.

La maestra en derecho Lourdes Enríquez del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM (PUEG) presentó el Plan Alternativo para Esclarecer el feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua, elaborado por académicas, activistas y autoridades judiciales.

Remarcó el colapso del estado de Derecho que prevalece en esa ciudad fronteriza, la presencia del crimen organizado, así como la falta de voluntad política y corrupción de las autoridades que impiden el esclarecimiento de los crímenes al recomendar que el feminicidio se resuelva por una fiscalía general que atraiga todos los casos sin excepción.

La investigadora del Colegio de la Frontera Norte, Julia Monarrez, sostuvo que los crímenes que ocurren en Ciudad Juárez se definen como «feminicidio sexual sistémico» que se caracteriza por la violencia misógina contra las mujeres perpetrada por los hombres y en los que se manifiesta una cuestión de poder, jerarquía, y sometimiento.

Y la presidenta del Colegio de Académicas Universitarias, Olga Bustos, criticó severamente el informe de la fiscal especial María López Urbina, en el sentido de que 60 por ciento de los asesinatos de mujeres ya fueron resueltos.

Exigió un alto a la simulación por parte de las autoridades, y un cese de diversas cifras que contribuyen a enmascarar la trágica realidad que padecen las mujeres en Chihuahua.

EXIGE LA RENUNCIA DE ARTURO CHÁVEZ

La diputada Marcela Lagarde, presidenta de la comisión organizadora destacó hoy que la Cámara de Diputados puede legislar e incidir directamente para que se establezcan mecanismos transparentes y reparar el daño a las madres y las familias de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y Chihuahua.

La presidenta de la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana, reiteró su exigencia para que el secretario de Gobernación, Santiago Creel, destituya de inmediato a Arturo Chávez, Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de esa dependencia.

Desde 1998, Chávez es señalado como uno de los funcionarios del estado de Chihuahua que habría cometido negligencia en las investigaciones del feminicidio.

Remarcó que Chávez, ex procurador de justicia de Chihuahua durante en el gobierno de Francisco Barrio Terraza es «sujeto de desconfianza» por lo que debe responder ante las autoridades por su posible responsabilidad en la obstrucción de las pesquisas.

2004/RM/MR

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