A promover una acción urgente para demandar al presidente Vicente Fox y al secretario de gobernación Carlos Abascal, justicia y solidaridad por el abuso de militares en Castaños, llamaron hoy la diócesis de Saltillo y el Centro Diocesano para los Derechos Humanos «Fray Juan de Larios».
Mediante un comunicado, el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, y la directora del Centro Diocesano, Ana María Villarreal Contreras, sostienen que no pueden permanecer en silencio frente a los hechos lamentables de la madrugada del 11 de julio, cuando un grupo de elementos del Ejército Mexicano ingresó armado a la zona de tolerancia del municipio de Castaños.
AGRESIONES Y VIOLACIÓN SIMULTÁNEA
En el salón «El Pérsico», un hombre que dijo llamarse José Joaquín Alvarado Flores fue detenido por escandalizar y poco después llegaron a solicitar su libertad varios de sus compañeros que se identificaron como militares del 14º Regimiento Motorizado del Ejército Mexicano, adscrito a resguardar las boletas del IFE en Monclova.
Se les concedió la liberación del compañero y se retiraron. Uno de ellos abordó un taxi, con la amenaza de volver pronto.
Media hora más tarde, regresaron en vehículo oficial, vestidos con uniforme color beige, portando armas largas y en mayor número que antes, de inmediato sometieron a los policías municipales que ahí se encontraban y aunque los segundos solicitaban refuerzos todos fueron sometidos conforme fueron llegando.
Aunque esta agresión de los elementos del ejército se llevó a cabo sobre todo en el «Pérsico», también entraron al sitio llamado «Las Playas», donde abusaron de un par de bailarinas.
Las trabajadoras de ambos lugares fueron obligadas a bailar solas o con ellos y violadas en los cuartos, en los baños e incluso, fuera de los salones. A varias las violaron sucesivamente por diferentes soldados y a otra un grupo la violó en forma simultánea. Una de ellas tuvo un aborto, tenía tres meses de embarazo.
Tanto las personas que ahí trabajan, como las mujeres violentadas, aseguran que el trato dado a ellas fue indigno; además de los insultos, las amenazas y las burlas, los militares las encañonaban y utilizaban sus armas para abrirles las piernas y amedrentarlas aún más.
Todas temían por la vida propia y las de sus compañeras, pues los elementos del ejército, además de estar ingiriendo alcohol en ese momento, daban la impresión de estar bajo el efecto de las drogas.
CONDENAN ABUSO Y PREPOTENCIA DE MILITARES
«Ante estos hechos afirmamos y defendemos la inviolable dignidad que posee todo ser humano, especialmente, la dignidad de nuestras hermanas ultrajadas, independientemente de raza, creencia, sexo ó condición», precisa el comunicado de la diócesis de Saltillo y el Centro Diocesano para los Derechos Humanos «Fray Juan de Larios».
Condenamos el abuso y la prepotencia de los militares que, denigrando su investidura y abandonando la delicada misión que en este momento les había sido encomendada, durante el proceso postelectoral, se dedicaron a realizar las acciones antes descritas, en contra del código ético de esa institución, que en cambio, debería velar por la protección de los derechos humanos y la paz social, subrayan.
Lamentan también que el Ejército Mexicano, que tiene el encargo de guardar el orden a nivel federal, actúe de manera tan ruin e irrespetuosa con las autoridades locales, en este caso, con la policía municipal de Castaños. Quienes usaron insignias, armas y vehículos oficiales, «para justificar las agresiones que cometieron contra las mujeres, los propietarios de esos salones y contra los ciudadanos que ahí se encontraban, como trabajadores o clientes de los salones», abunda.
Por tanto, exigen a los altos mandos del Ejército, a las autoridades locales y a los responsables de la impartición de justicia, que de ninguna manera solapen a los culpables de estos atropellos, haciéndose cómplices de sus crímenes, sino que, «tratándose de elementos que deberían proteger las garantías de los ciudadanos, ustedes se comprometan a que estos sean juzgados y sancionados ejemplarmente».
Hacen, además, un llamado a la sociedad y a las diferentes organizaciones comprometidas con la defensa y promoción de la dignidad humana y sus derechos, para que levanten su voz y se unan a este esfuerzo.
«Es necesario que las demandas interpuestas contra quienes cometieron los atropellos de Castaños, no queden en las papeleras de los Ministerios Públicos y en el olvido de la colectividad, pues lo que hoy hicieron contra nuestras hermanas y nuestros hermanos, mañana lo perpetrarán contra todas y todos nosotros».
Permitir la impunidad, es dejar libre camino para que sólo la ley del más fuerte se imponga en Coahuila y en México, puntualizan.
Entre las acciones urgentes plantean enviar escritos a varios funcionarios como el general Gerardo Clemente Ricardo Vega García, Secretario de la Defensa Nacional, Daniel Cabeza de Vaca Procurador General de la República, José Luis Santiago Vasconcelos, Sub procurador de Investigación en Delincuencia Organizada de la PGR, entre otros.
06/LR/CV
