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Llamado urgente por Feminicidio en Isla, Veracruz

Por Brisa Gómez, corresponsal

Para evitar una “mala publicidad”, el gobierno de Veracruz rechaza emitir la declaratoria de Alerta de Violencia de Género por la desaparición, secuestro y asesinato de mujeres, documentado desde 2009 en Isla, Veracruz.

El año pasado, en Isla, Veracruz, zona de producción agroindustrial del estado, la población hizo un llamado urgente a las autoridades para frenar la desaparición de mujeres, y para encontrar a las que tenían reporte de haber sido secuestradas varios meses atrás.

El primero de los cuerpos que se encontró sin vida fue el de una joven de 19 años de edad en abril de 2007, en la zona conocida como “Playitas”, y hace un par de semanas se encontró la osamenta de una estudiante cuya identidad no ha sido confirmada.

Desde lo ocurrido en Isla, que tomó fuerza en septiembre y octubre del 2009, diferentes organizaciones y redes dedicadas a la defensa de los derechos humanos de las mujeres, han solicitado la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG).

La Ley General de Acceso a una vida libre de Violencia, en su artículo 24 define a la AVG como el “conjunto de acciones gubernamentales de emergencia, derivadas de la declaratoria emitida por la autoridad competente, para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado”.

A más de un año de que fue aprobada la norma anterior en la entidad, y en medio de la urgencia para resolver los casos de 9 mujeres que han sido torturadas y asesinadas en Isla, Veracruz, el Gobierno del Estado se resiste a emitir la declaratoria, pese que organizaciones y el propio Instituto Veracruzano de las Mujeres lo demandan desde hace más de cinco meses.

Al llamado de la sociedad civil, se han unido las diputadas de las Comisiones Permanentes de Equidad de Género y Familia y Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, quienes demandan que se publique el reglamento de dicha Ley para que tenga la vigencia necesaria, y se permita su total aplicación.

UNA MALA NOTA

En noviembre del 2009, el Instituto Veracruzano de las Mujeres solicitó la AVG al Secretario de Gobierno, Reynaldo Escobar Pérez. No obstante, el funcionario respondió que el Gobernador no quería una mala nota para el estado.

El 24 de diciembre de 2009, las diputadas del congreso local exigieron a Escobar Pérez la declaratoria para Isla. La respuesta fue “es instrucción del Gobernador no emitirla, pues eso sería como prender un foco rojo en la entidad”.

Con esto, se minimizó el asesinato de entonces 8 mujeres y la desaparición de al menos 5 más, así como el hallazgo de otras tres jóvenes en bares de diferentes partes de la zona centro y sur del estado obligadas a trabajar como meseras, y otra más forzada a prostituirse.

El reclamo se incrementó cuando el número de cuerpos sin vida de mujeres con señas de tortura, violadas y estranguladas, incluso con su propia ropa interior, se elevó a 9, luego de que el procurador de Justicia del Estado, Salvador Mikel Rivera, acudió a la zona.

LA REALIDAD

Se considera que en Isla, Veracruz hay violencia feminicida por los 9 casos confirmados homicidio, tortura y violación, así como por las omisiones de las propias autoridades encargadas de la seguridad y la procuración de justicia.

El Estado envió a elementos del Ejército para la vigilancia de la zona y detuvo a Luis Alfredo García Caporal alias “el tierritas”, Juan Pedro Zepahua alias “el ojitos” y Rubén Morales Dam alias “el sargento”, a quienes la población considera “chivos expiatorios”.

Sin embargo, no han iniciado campañas de concientización o revisión de los casos, tampoco se ha llevado a cabo el reporte especial sobre la zona que incluya indicadores de violencia contra las mujeres, y tampoco se han asignado recursos para erradicar la problemática en Isla.

Mucho menos se ha atendido la reparación del daño ocasionado a las víctimas, entre éstas la del derecho a la justicia pronta y expedita, pues pese a que hay tres detenidos y dos más involucrados prófugos, aún no se ha cerrado el caso.

Tampoco se ha dado la atención a los familiares, entre ellos a los de la primera víctima encontrada, a quien ni siquiera se le dio el número de averiguación previa, o se le han devuelto los artículos personales que se tomaron para llevar a cabo la investigación.

CAMBIO DE MP EN LUGAR DE SANCIÓN

El Agente del Ministerio Público de la zona, quien fue acusado de negarse a levantar las denuncias de los familiares de las víctimas, sólo fue enviado a otra adscripción, con lo que el Procurador de Justicia del estado incurrió en omisión de acuerdo con la Ley de Acceso, por lo que tendría que haber sido sancionado.

La presidenta de la Comisión Permanente de Equidad de Género y Familia, María de los Ángeles Sahagún Morales, planteó que “si no quieren emitir la AVG, que no la declaren, pero que lleven a cabo las acciones que exige la Ley para atender el caso”.

Es inexplicable, dijo, el desconocimiento respecto de la Ley, que lejos de ver a este mecanismo de la Alerta como una medida favorable que demostraría la preocupación por la vida y seguridad de las mujeres, se diga que es una mala imagen.

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