Inicio Llaman a seguir ejemplo de Uruguay para despenalizar aborto

Llaman a seguir ejemplo de Uruguay para despenalizar aborto

Por Anaiz Zamora Márquez

En Uruguay, la implementación de políticas públicas para la salud de las mujeres, la garantía del derecho a decidir sobre la maternidad, así como la atención a la primera infancia, derivadas del Consenso de Montevideo, han permitido reducir los índices de muerte materna (MM) y de pobreza extrema.
 
Así lo expuso Cristina Lustemberg, viceministra de Salud Pública del Ministerio de Salud de Uruguay, durante la Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina (AL) y el Caribe, que se realiza del 6 al 9 de octubre en esta capital.
 
Al presentar ante las y los delegados los avances del país sudamericano en la implementación del acuerdo regional, la representante del Estado uruguayo reiteró que el Consenso de Montevideo brinda la orientación específica para que los países de la región implementen los compromisos de la Agenda de El Cairo, aprobada hace 20 años durante la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo.
 
En ese sentido, Lustemberg informó que Uruguay implementó un marco legal y políticas públicas focalizadas en población y desarrollo, tomando como base los derechos de la ciudadanía, sobre todo el derecho a decidir y a garantizar el acceso a estas garantías sin discriminación.
 
Los resultados, “aunque distan de ser suficientes, alcanzan para comprobar la funcionalidad del Consenso de Montevideo” para garantizar mejores condiciones de vida, destacó la viceministra.
 
Aseguró que la pobreza en su país cayó en tres cuartas partes desde 2004, al mismo tiempo que la tasa de mortalidad infantil en ese año fue de 7.8 por cada 100 mil nacidos vivos.
 
Cristina Lustemberg reconoció que para reducir aún más la mortalidad infantil aún es necesario seguir impulsando el marco normativo que permita que las paternidades y maternidades sean elegidas y responsables, y continuar brindando servicios de acompañamiento adecuados para las mujeres embarazadas.
 
“Estos indicadores también nos desafían a resolver las inequidades que aún hay en el país”, dijo la representante de Uruguay al aclarar que aunque se pueden presumir avances en el país, todavía enfrentan múltiples retos.
 
“La discriminación de género, el no respeto a los derechos sexuales y reproductivos, la violencia contra la mujer y el feminicidio deben considerarse como una situación intolerable para la sociedad, pero sobre todo como un flagelo que como gobierno estamos dispuestos a redefinir, mediante un acceso a la salud sexual y reproductiva y asegurando la atención en salud en todas las etapas de la vida, la humanización del parto, garantizando la licencia por paternidad y maternidad y la prevención del VIH”, enumeró la especialista al invitar a todos los Estados a generar los cambios necesarios.
 
Abundó que la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) implementada desde 2012, además de asegurar el derecho a decidir de las mujeres y permitirles acceder a un aborto seguro, es resultado de la visión de Estado que considera que “la criminalización del aborto debe terminar ya, porque lo único que se logra es una multidiscriminación, angustia, más abortos y más muertes”.
 
Y si no se considera su despenalización, al menos se debe disminuir el riesgo por abortos inseguros mediante el compromiso del personal de salud para dar atención a las mujeres que se ven obligadas a recurrir a ellos.
 
La Ley de IVE –prosiguió la funcionaria– ha permitido tener nuevos indicadores, toda vez que la MM bajó a 14 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos, lo que coloca a la nación sudamericana, sólo detrás de Canadá, entre los países con menor índice de mortalidad, “indicadores que estamos muy decididos a sostener”, remarcó.
 
Finalmente, Lustemberg precisó que se ha incorporado la perspectiva de género de manera transversal, por ejemplo en las políticas de cuidado a las personas adultas mayores, en las que se ha puesto mayor énfasis en las mujeres, pues son ellas las que tienen mayor esperanza de vida, y en ellas recae mucho el cuidado de otras personas. 
 
“Nuestro continente tiene claras desigualdades que deben ser atendidas de manera integral”, llamó la viceministra al reconocer el rol de la sociedad civil para avanzar en la agenda de desarrollo, especialmente de las organizaciones feministas y de mujeres.
 
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