Llega ante CIDH criminalización de salvadoreñas por abortar

Defensoras de Derechos Humanos (DH) y víctimas de la criminalización del aborto en El Salvador pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revisar la política que ha llevado a que un amplio número de mujeres sean encarceladas, y recordar al gobierno del país centroamericano su responsabilidad con los derechos femeninos.
 
Ayer, durante el 156 periodo de sesiones de la CIDH en Washington se realizó la audiencia “El Salvador: mujeres privadas de la libertad por emergencias obstétricas”, en la que activistas por los derechos reproductivos testificaron sobre las violaciones a los DH de las mujeres.
 
El Centro de Derechos Reproductivos (CDR) y la Agrupación Ciudadana por el Aborto Terapéutico denunciaron ante las y los comisionados de la CIDH que en El Salvador las mujeres enfrentan las graves consecuencias de la prohibición total del aborto, política que ha derivado en que un amplio número de mujeres que tuvieron complicaciones durante el embarazo y/o abortos espontáneos sean encarceladas por sospechas de haber interrumpido la gestación.
 
Relató su historia Cristina Quintanilla, una de las 17 mujeres que sufrió complicaciones en su embarazo en 2004 y fue sentenciada a 30 años de prisión por cargos de homicidio agravado.
 
Contó que fue llevada por su madre al hospital para acceder a cuidados de emergencia, pero antes de que pudiera recuperarse un oficial la interrogó y arrestó por sospecha de haber tenido un aborto ilegal.
 
“Yo aún estaba inconsciente y no entendía porque me interrogaba un señor vestido de azul, cuando los médicos visten de blanco; aún no entiendo como el hospital permitió que el oficial ingresara”, relató Quintanilla.
 
Sin pruebas que determinaran que ella había asesinado a su hijo,  fue sentenciada en 2005 a 30 años de prisión por los cargos de homicidio agravado.
 
En la cárcel, contó Cristina, soportó discriminación, así como abuso físico y verbal. Ella dormía en una celda que debía compartir con otras 84 mujeres y fue sometida a revisiones que atentaron contra su intimidad, entre otros tratos inhumanos durante su tiempo en prisión.
 
Dos años después de la condena, ella trabajó con un abogado en su liberación. Se demostraron violaciones al debido proceso durante la investigación y el juicio en su contra. La Corte Suprema de Justicia de El Salvador determinó que su condena era excesiva. Quintanilla fue liberada en agosto de 2009, casi cuatro años después de haber sido encarcelada.
 
“Debido a las leyes restrictivas que prohíben el aborto en El Salvador, sufrí daños tanto en el hospital como en la cárcel, que afectaron toda mi vida hasta el día de hoy; fui al Hospital buscando ayuda y terminé en la cárcel”, dijo la mujer ante la CIDH. 
 
Por más de 16 años, El Salvador ha criminalizado de manera absoluta el aborto –incluso en casos en los que el procedimiento es necesario para proteger la vida de la mujer–, imponiendo penas a las mujeres y los médicos.
 
La prohibición total ha resultado en el encarcelamiento injusto de muchas mujeres que han sufrido complicaciones en el embarazo, que luego son juzgadas por el delito de homicidio, acusaron las organizaciones civiles.
 
También durante la audiencia se presentó el caso de “Manuela”, mujer de 33 años de edad que al igual que Cristina presentó una emergencia obstétrica y fue encarcelada.
 
Tras varios meses en prisión, se descubrió que los tumores que tenía desde años atrás en el cuello de la matriz eran producto de un cáncer en el tejido linfático, conocido como linfoma de Hodgkin, enfermedad que probablemente provocó el aborto espontáneo, pues nunca recibió un tratamiento para su enfermedad. “Manuela” murió en prisión en abril de 2010.
 
Tras escuchar el testimonio, Catalina Martínez Coral, directora regional encargada del CDR, pidió a la CIDH que solicite al Estado salvadoreño información sobre los casos de las 17 mujeres encarceladas por aborto.
 
Es de recordar que las organizaciones sostienen una campaña por “Las 17”, para llamar a la liberación de Cristina y otras 16 mujeres salvadoreñas que sufrieron emergencias obstétricas, y fueron juzgadas por aborto y sentenciadas por homicidio.
 
“Mirna”, una de las “Las 17”, fue liberada en diciembre de 2014. El resto de las 15 mujeres siguen purgando penas entre 30 y 40 años.
 
Las activistas solicitaron a las y los comisionados visitar El Salvador y recordarle al Estado su responsabilidad con los derechos de las mujeres. “La Comisión Interamericana debe monitorear y solicitar a El Salvador que rinda cuentas por las graves violaciones a los Derechos Humanos de Cristina y las otras mujeres”, concluyeron.
 
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