El jueves 3 de febrero Carmen Argibay juró como magistrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un hecho que terminó de concretar la intención del presidente de Argentina Néstor Kirchner de incorporar mujeres al más alto tribunal del país, después de la asunción de Elena Highton a mediados del 2004.
Antes de ellas, sólo Margarita Argúas había desempeñado el mismo cargo. En 1970, a instancias de la dictadura de Alejandro Lanusse, esta camarista de reconocido prestigio fue convocada para el cargo. Si bien su trayectoria era inapelable, su nombramiento fue visto como una intención del gobierno militar de mejorar su imagen ante la sociedad.
Este primer nombramiento, lejos de inaugurar un espacio para otras mujeres, no fue más que un mojón en la historia. Ni en los siguientes períodos democráticos ni durante la feroz dictadura de 1976-1983, una mujer fue convocada para ocupar un cargo en el máximo tribunal del país. Debieron pasar más de tres décadas para que los argentinos volviéramos a tener juezas aportando su punto de vista a la resolución de los casos más importantes que llegan a la justicia.
Justicia discriminatoria
En el Poder Judicial, como en los demás poderes del Estado argentino, las mujeres están subrepresentadas.
Desde 1983 existe la Ley de Cupos que logró renovar la estructura del Poder Legislativo, obligando a que, como mínimo, el 30% de las integrantes de cada lista electoral sean mujeres. Esta ley, sin embargo, no fue emulada en las demás estructuras del Estado.
Así es como, actualmente, menos del 20% de los cargos en las Cortes Supremas provinciales, y en la Nacional, está ocupado por mujeres. Y mientras en primera instancia las juezas ocupan el 40% de los cargos, son apenas el 25% de las camaristas (segunda instancia).
Además predominan en los fueros considerados tradicionalmente femeninos. Una investigación de 1998 revelaba que eran mayoría abrumadora en los Juzgados de Menores (el 86% del total), mientras que apenas llegaban al 9% en los ámbitos Criminal y Correccional Federal, y Penal Económico (donde se dirimen las causas vinculadas al poder y en las que están en juego grandes sumas de dinero).
Nuevas damas
Carmen Argibay y Elena Highton llegaron a la Corte Suprema con trayectorias y apoyos diferentes.
Elena Highton tiene una reconocida trayectoria en el área civil, especialmente en mediación, e ideológicamente se ubica casi en las antípodas de Argibay, con una larga militancia en la lista conservadora de la Asociación de Abogados de Buenos Aires.
Si bien fue una de las fundadoras de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, no se considera feminista y su nombramiento fue visto por las organizaciones de mujeres como un hecho positivo en tanto disminuye las iniquidades de la representatividad política, pero no se espera de ella que aporte una mirada de género.
Aun así, Highton es consciente de la discriminación. «Las expectativas que se han puesto en mí son más de las que se han puesto en otros ministros de la Corte –afirmó poco después de asumir el cargo, a mediados del 2004-. Es como si se me exigiera rendir más cuentas.»
Carmen Argibay fue la primera mujer propuesta por Kirchner para ocupar los puestos vacantes en la Corte Suprema, pero recién pudo asumir hace unas semanas debido a sus compromisos como jueza de los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia.
Tiene una extensa militancia en derechos humanos y particularmente en la defensa y protección de las mujeres; fue la primera presidenta de la Asociación Argentina de Mujeres Jueces; entre 1998 y el 2000 presidió la Asociación Internacional de Mujeres Jueces; y hasta su designación como integrante de los Tribunales Penales Internacionales, en el 2001, fue camarista en el fuero criminal, con algunos fallos históricos como el del entrenador de futbol Héctor Bambino Veyra por violación de un menor.
En el verano del 2004, poco después de ser propuesta como miembro de la Corte, se manifestó publicamente atea y pro-abortista, lo que le valió un aluvión de críticas y una difícil audiencia pública antes de ser aprobada para el cargo.
Su feminismo es manifiesto desde que sufrió el primer acto discriminatorio de su carrera el día que se recibió. En el tribunal en el que trabajaba, y cuyo juez se enorgullecía de esta empleada tan joven e increíblemente capaz, quedó vacante el puesto de Secretario. Su nombre era ficha puesta, pero el mismo juez que tanto la alababa la desestimó por ser mujer. Ese mismo día Argibay pidió el pase a otro juzgado.
«Yo admito la discriminación en la profesión, cosa que muchas juezas niegan. Y es permanente, porque siempre estamos dando exámen –señala-. Sin embargo, creo que las mujeres que desarrollan profesiones jurídicas se equivocan al poner en práctica la estrategia de negar cualquier diferencia relacionada con el género para poder enfrentar la discriminación.»
La mirada
Estos nombramientos deben ser mirados con la lupa de la cantidad pero también de la calidad. Con la incorporación de estas dos mujeres, la Corte compuesta por nueve miembros pasará a tener una representación femenina del 22%. ¿Es esto sinónimo de perspectiva de género? No necesariamente. Mientras Carmen Argibay garantiza la defensa de los derechos humanos y de las mujeres, de Elena Highton no se espera mucho en ese sentido.
En lo que juristas y analistas coinciden es que, más allá de la mirada de cada una, la mayor representatividad de las mujeres en el máximo tribunal del país es un acto simbólico de enorme importancia.
«Se trata de una medida democrática que da cuenta de una realidad: en la sociedad hay mujeres y hombres –dice contundente la abogada Haydée Birgin, integrante del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)-.
Pero las mujeres y los hombres no tienen esencias que se deriven de la biología sino que son construcciones simbólicas pertenecientes al orden del lenguaje y de las representaciones. Nada indica que las mujeres son más sensibles o portadoras de una ética distinta. Diría que un cuerpo de mujer no garantiza un pensamiento de mujer. De la presencia de estas dos mujeres en la Corte no se deriva que el conflicto entre mujeres y hombres se dirima desde una perspectiva de género, ellas no garantizan sólo por el hecho de ser mujeres que se dicten sentencias que incluyan esa dimensión.»
2005/SCH/LR
