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Llegarán diputadas con acuerdos previos a San Lázaro

Por Rafael Maya

Al menos desde 1991, mujeres de organizaciones civiles y candidatas a legisladoras por distintos partidos políticos han firmado acuerdos en aras de que los derechos femeninos se vean plasmados en las leyes mexicanas.

A partir de entonces, las aspirantes que han logrado llegar al Poder Legislativo han hecho esfuerzos titánicos para avanzar poco a poco en establecer en la Constitución, códigos federales y demás leyes la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en rubros como salud, trabajo, violencia intrafamiliar y participación política.

En marzo de 1991, nació la Convención Nacional de Mujeres por la Democracia a iniciativa de grupos civiles femeninos y los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y el extinto Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

Su objetivo central fue llevar a la 55 Legislatura un grupo compacto de candidatas, para que desde sus curules dieran la batalla por consolidar y ampliar los derechos de las mexicanas en la legislación.

También se planteó que las mujeres incidieran cada vez más en la toma de decisiones, en beneficio de la población femenina.

En 1994, año de elección presidencial, el movimiento feminista elaboró la “Plataforma para un plan de igualdad”, el cual presentó a las y los nueve aspirantes a la residencia oficial de Los Pinos.

Tal documento emanó del Tercer Congreso Feminista en enero de ese año, y que en sus siete puntos planteó, entre otros asuntos, reformas legislativas a favor de las mujeres rurales, de la ciudad, en materia de derechos civiles y penales, y en relación a los medios de comunicación.

Luego en 1996, rumbo a los comicios intermedios de 1997, las mexicanas firmaron el Acuerdo Nacional de Mujeres para la Transición Democrática, en el cual se propuso por vez primera una reforma del Estado con perspectiva de género.

El Acuerdo Nacional dio pie a que en junio de 1997, mujeres de grupos civiles y partidos políticos hicieran un llamado a los ocho partidos contendientes en los comicios federales de ese año, para que se comprometieran a legislar en beneficio de las mexicanas. El documento de cinco puntos se llamó “Avancemos un trecho”.

En junio de 2000, con la sucesión presidencial en puerta, más de 120 organizaciones civiles y 319 candidatas a cargos de elección popular firmaron un texto de 13 puntos titulado “Pacto entre mujeres: hacia una agenda legislativa y de gobierno por la equidad”. El acuerdo no fue suscrito por el ahora gobernante Partido Acción Nacional (PAN).

Todos esos documentos, que en líneas generales han señalado las mismas demandas (salud, empleo, violencia, participación política, etcétera), son los antecesores del nuevo acuerdo signado la semana pasada por candidatas a diputadas federales de 10 partidos. El que ahora se abstuvo de suscribirlo fue el de la Sociedad Nacionalista.

Aunque han habido avances legislativos en pro de la equidad de género, la firma del pacto “Un trecho más por la ciudadanía plena de las mujeres en México” demuestra que éste y otros acuerdos similares serán todavía necesarios en próximas legislaturas, toda vez que falta mucho para consolidar las conquistas femeninas y acabar con los rezagos legislativos.

2003/RM/MR

       
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