Durante los últimos cinco años, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) logró sentar precedentes en el acceso a la justicia en casos como el de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara, Teresa González, Basilia Ucán Nah, Concepción Moreno Arteaga, las mujeres de Atenco y los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.
Al concluir su gestión 2007-2011 como director del Centro Prodh, Luis Arriaga Valenzuela hizo un balance sobre el trabajo de esta organización civil con más de 22 años de trayectoria.
Afirmó que aún hay muchos retos, entre ellos, diseñar nuevos mecanismos para frenar la injusticia y erradicar la impunidad y posicionar la perspectiva de Derechos Humanos (DH) en el diseño de las políticas públicas.
Cabe recordar que la indígena maya Basilia Ucán Nah recobró su libertad el pasado martes luego de que el Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo revisó un recurso de apelación y determinó que su reclusión fue producto de un juicio penal –que inició el 18 de marzo de 2008– carente de las mínimas garantías procesales, tras la falsa acusación de haber cometido los delitos de lenocinio y corrupción de menores.
El Centro Prodh demostró que al igual que Basilia, las otomíes Alberta, Teresa y Jacinta fueron encarceladas injustamente en 2006 al ser acusadas de secuestrar a seis elementos de la Agencia Federal de Investigación, hecho que evidenció las fallas del sistema de justicia penal, la vulnerabilidad de las mujeres indígenas y la criminalización de la protesta social.
Durante su discurso, Arriaga Valenzuela señaló que en este tiempo el Centro Prodh incidió en el establecimiento de precedentes nacionales e internacionales sobre la defensa legal e integral, garantizó el acceso a la justicia a las víctimas, a sus familias y sus comunidades, y les acompañó de forma muy cercana.
Así por ejemplo –mencionó– Concepción Moreno Arteaga fue liberada en septiembre de 2007, tras pasar dos años en la cárcel acusada de tráfico de personas por ofrecer comida a un grupo de migrantes hondureños.
El Centro Prodh también apoyó desde 2006 en los ámbitos nacional e internacional a las víctimas de tortura sexual en San Salvador Atenco. Durante los operativos del 3 y 4 de mayo en Atenco y Texcoco se detuvieron a 47 mujeres, de las cuales 11 continúan su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ese no fue el primer caso que el Centro Prodh litigó ante el sistema interamericano, ya que en 2010 logró la condena a México por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por la tortura de los defensores de bosques Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, quienes fueron detenidos en 1999 de forma arbitraria por elementos del Ejército.
«Promover y defender los Derechos Humanos es una tarea que nos humaniza y es, hoy, una tarea imprescindible en México. Es una exigencia de las personas, colectivos y comunidades que consideran que vivir dignamente vale la pena. Todas esas personas representan nuestra esperanza y nuestro aliciente en la difícil tarea de ser defensores y defensoras de Derechos Humanos», aseguró Arriaga Valenzuela.
Finalmente dedicó su trabajo a las víctimas y sus familias y reiteró que a través de la defensa de casos emblemáticos, denunciar de forma informada y documentada violaciones a los DH, lo que se tradujo en diversas recomendaciones en la materia y en el establecimiento de criterios, precedentes nacionales e internacionales y normas congruentes con los estándares internacionales de DH.
«Hoy más que nunca requerimos un nuevo pacto que sólo puede estar basado en el respeto irrestricto a los Derechos Humanos y el Estado de Derecho. Para ello, la labor del equipo que constituye el Centro Prodh sigue siendo esencial», destacó.
«Estoy seguro de que bajo la dirección de José Marroquín, el Prodh seguirá siendo fiel a su labor de defensa y promoción de los Derechos Humanos de mujeres, indígenas, migrantes y víctimas de represión social», concluyó.
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