Las migrantes con documentos de estancia legal en México podrán acceder a los programas Oportunidades y de Apoyo Alimentario 2011 de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), como resultado de las reformas a sus reglas de operación.
Los cambios en los lineamientos de ejecución de Oportunidades y Apoyo Alimentario fueron promovidos por la sociedad civil, luego de que mujeres de los municipios de Tapachula y Huixtla, en Chiapas, presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por actos u omisiones de servidores públicos que negaron el apoyo a las migrantes en octubre de 2010.
Los funcionarios les negaron el registro a los programas con el argumento de que el documento migratorio no estaba establecido como válido en las reglas de operación, aun cuando ellas cubrieron el resto de los requisitos en tiempo y forma, acusó Miriam González, vocera del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova.
En entrevista, dijo que esa situación representó una violación a sus derechos fundamentales a la salud, educación, alimentación y a la no discriminación, sobre todo porque ocurrió en Chiapas, uno de los tres estados con menor Índice de Desarrollo Humano en el país.
Las modificaciones publicadas el 7 de septiembre y 13 de octubre de este año en el Diario Oficial de la Federación, consisten en la inclusión de un documento migratorio de estancia legal como válido para que las mujeres migrantes puedan recibir los beneficios de los programas «no sólo en Chiapas, sino en todo el país».
El programa Oportunidades, creado hace ocho años, tiene entre sus metas reducir la pobreza, mejorar la educación, nutrición y salud de mujeres, niñas, niños y personas de la tercera edad.
En Chiapas hay cerca de tres millones de personas beneficiarias del programa en 28 municipios, entre ellos Tapachula y Huixtla.
Miriam González señaló que si bien las transferencias económicas y el apoyo en especie que reciben a través de Oportunidades y Apoyo Alimentario no resuelven de fondo la situación de pobreza, les representan a las mujeres un «ingreso importante» debido a la falta de empleo y salarios «dignos».
La activista indicó que para el Fray Matías de Córdova, organización que acompañó a las migrantes en el proceso ante la CNDH, las reformas a los apartados sobre procedimientos de incorporación y sobre la actualización permanente del padrón de personas beneficiarias de ambos programas, «sientan las bases de un cambio de prácticas discriminatorias contra esta población».
Indicó que las migrantes con Forma Migratoria 2 (FM2) y FM3 son quienes podrán beneficiarse en mayor medida, debido a que su estancia es permanente a diferencia de quienes tienen documento de «visitante local» o «trabajador fronterizo». Sin embargo, para registrarse pueden tener cualquiera de estos documentos.
La FM2 puede obtenerse si tienen descendencia nacida en México o si su cónyuge es mexicano, con año de residencia en el país. Mientras que la FM3 es para las personas solteras que puedan comprobar que tienen un trabajo permanente.
Las y los migrantes en el país aún enfrentan obstáculos para tramitar su estancia legal, debido a que los documentos tienen un costo «arriba de los mil pesos», cantidad difícil de reunir «porque quienes consiguen un empleo están en la informalidad y ganan menos de 50 pesos al día».
Las modificaciones deben darse a conocer para que las personas que operan los programas estén al tanto y no rechacen la solicitud de las migrantes. Además debe realizarse una campaña masiva para que las y los extranjeros en el país estén informados.
González apuntó que «al mismo tiempo» es necesario avanzar en la construcción de políticas públicas dirigidas a garantizar el derecho a la salud, educación y empleo digno «independientemente del estatus migratorio de las personas».
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