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Logran reducir decesos de uruguayas por aborto inseguro

Por Isabel del Villar

Mientras en la última década el promedio de mujeres que murió en el Hospital Pereira Rossell, en Uruguay, a consecuencia de abortos inseguros fue de tres a cinco por año, en 2004 no se registró ningún caso, esto como un logro de la implementación de las iniciativas sanitarias contra el aborto provocado en condiciones de riesgo.

Leonel Briozzo, profesor adjunto de la Clínica Ginecológica A de la Facultad de Medicina, que funciona en el Hospital Pereira Rossell, es el fundador y coordinador del Grupo de Iniciativas Sanitarias contra el aborto provocado en condiciones de riesgo.

Integrado por profesionales de la medicina, y contando con el apoyo del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y de la Facultad de Medicina y la Sociedad Uruguaya de Ginecología, el grupo se reunió por primera vez el 10 de julio de 2001, cuando acababa de registrarse la tercera muerte materna por aborto inseguro de ese año.

El 17 de diciembre ya estaba presentando públicamente una guía normativa de intervención pre y post aborto que, actuando dentro de los márgenes de la legislación vigente que penaliza la interrupción voluntaria del embarazo, permite poner en práctica una estrategia de reducción de daños en beneficio de aquellas mujeres que tengan intención de interrumpir su embarazo.

El 8 de marzo de 2002, Día Internacional de la Mujer, las normas fueron entregadas para consideración del Ministerio de Salud Pública (MSP). Pero no fue sino hasta la gestión del actual ministro Conrado Bonilla, que se aprobaron a través de la Ordenanza 369 del 6 de agosto de 2004, convirtiéndose en norma oficial y por lo tanto de aplicación obligatoria en todo el país, sea en el ámbito público como en el privado.

Frente a la falta de respuesta gubernamental –que se demoró más dos años– los integrantes del Grupo Iniciativas Sanitarias habían decidido que era su obligación, desde el punto de vista bioético, poner en funcionamiento una policlínica en el Pereira Rossell, donde las mujeres con embarazos indeseados pudieran recibir información avalada científicamente sobre las alternativas para practicarse un aborto y sus riesgos.

Así comenzó en el 2003, y sigue funcionando hoy, merced al trabajo honorario de profesionales comprometidos con el tema. La ordenanza 369 la introdujo en el andamiaje oficial del centro hospitalario, como uno más de los servicios que presta el Hospital de la Mujer.

Puesto que la normativa es de aplicación obligatoria a todo nivel, las usuarias pueden dirigirse tanto a esa policlínica como al resto de los ginecólogos y ginecólogas del establecimiento. “La única diferencia deriva del grado de entrenamiento en su aplicación”, explicó Leonel Briozzo.

En el marco de la Comisión de la Ordenanza 369 –que dirige la doctora Ima León por Digesa (Dirección General de Salud del MSP) e integran su colega Beatriz Silva por ASSE (Administración de Servicios de Salud del Estado), y los doctores Fabián Rodríguez por la Sociedad de Ginecología, Hugo Rodríguez por la Facultad de Medicina y Leonel Briozzo por el SMU–, existe un plan de difusión de la normativa oficial que incluye Montevideo e interior del país, cuyos objetivos son el conocimiento, la sensibilización en la temática y el desarrollo de talleres de entrenamiento práctico en base a la evaluación de situaciones clínicas.

Información, un derecho de todas

“La reacción de las y los ginecólogos ante las normas, tanto en el Pereira como fuera de él, fue muy favorable, asegura Briozzo, no obstante, reconoce que existe un pequeño sector que se sigue negando en reconocerlas, como una alternativa dentro de la estrategia sanitaria de prevención de daños, de probada eficacia en otros temas como la drogodependencia.

Entre otras acciones paralelas se están repartiendo planillas para registrar de manera uniforme las consultas pre y pos aborto, a partir de las cuales se llevará a cabo la vigilancia epidemiológica correspondiente.

“La mejor manera de controlar sería a partir de las usuarias, que ellas pudieran empoderarse en ese sentido y reclamar su derecho a un asesoramiento adecuado –o a ser derivadas adonde puedan dárselo– si están frente a una situación angustiosa de aborto”, enfatiza Briozzo.

En los tres meses posteriores a la oficialización de las normas preventivas, 300 mujeres han acudido a consulta y a solicitar información en la policlínica del Pereira Rossell.

Briozzo informó que “la mayoría de ellas resolvió abortar”. Un número no despreciable desistió de esa intención por múltiples motivos, que van desde que el embarazo tenía una edad gestacional mayor a la que pensaban.

Lo importante es que siguen controlando su embarazo con el las y los ginecólogos por los que inicialmente fueron atendidas, lo que habla de confianza”.

“Cuando no se daba asesoramiento se abortaba igual o más, con el agravante de que se hacía en condiciones de muchísimo riesgo fuera del sistema. La sola inclusión de esta problemática dentro del sistema hace que disminuyan abruptamente los riesgos, fundamentalmente porque la mujer está informada”.

En 2004 no murió ninguna mujer a consecuencia de un aborto en el Pereira Rossell, donde en los 10 años anteriores el promedio de fallecimientos por esa causa se mantuvo entre tres y cinco anualmente.

También se registraron muy pocas internamientos por esa causa, y no se registró ningún caso grave que haya requerido intervención quirúrgica mayor.

A la policlínica del Pereira Rossel concurren mujeres de toda edad. Las niñas, cuyo embarazo en general es fruto de violación, muchas veces van acompañadas por los padres (la madre fundamentalmente); las jóvenes suelen acudir con la pareja también joven que se involucra mucho, y las adultas van solas.

Consultado sobre sus expectativas de avanzar en la resolución de este grave problema de salud pública y justicia social, Briozzo reflexionó: “Nosotros creemos, y por eso estamos en esto, que el problema del aborto provocado sintetiza de una manera paradigmática la violencia contra la mujer, la sexual, la social, económica, cultural e ideológica hacia las mujeres más desprotegidas y vulnerables.

Si consideramos que la muerte materna es un indicador centinela de la salud de una población, y la muerte por aborto en Uruguay es su primera causa, sin duda que esto tiene que ser encarado por un gobierno que presuma de progresista, finalizó.

Por su parte, Ima León, confió en “contar con un apoyo mucho mayor que el actual”, recordando que el Plan de Emergencia que se propone llevar adelante el gobierno electo incluye políticas en materia de derechos sexuales y reproductivos, en cuyo marco encajan las Iniciativas Sanitarias para la prevención del aborto practicado en condiciones de riesgo.

León adelantó, asimismo, que se cuenta con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de Población de Naciones Unidas para la instalación de una mesa de trabajo en la que participen todos los actores para avanzar en la consolidación de la estrategia de reducción de daños.

* Directora de La República de las Mujeres, suplemento mensual del diario La República, Uruguay.

2004/SM

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