«Abuso de autoridad, encubrimiento y los que resulten»; ésos son los delitos por los que el agente del Ministerio Público (MP) Gerardo Cruz Bedolla y seis elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) tienen una demanda penal en su contra como resultado de la mala integración de la averiguación previa en el caso de las otomíes Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, acusadas de haber secuestrado a los seis integrantes de la AFI en 2006.
José Leonides Ortiz Castillo, abogado de las dos mujeres –quienes llevan tres años recluidas en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de San José el Alto, en Querétaro– explicó a Cimacnoticias que el agente del Ministerio Público y los elementos de la AFI «están demandados» desde el 6 de noviembre de 2006 por sus «maquinaciones y componendas» en relación con la averiguación previa que siguió al operativo que realizaron ese mismo año en el tianguis de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco de Bonfil, en Querétaro.
ANTECEDENTES
La mañana del 26 de marzo de 2006, los agentes de la AFI «fueron a investigar el supuesto delito contra la salud» que una llamada anónima denunció ante Cruz Bedolla; en esa ocasión se acusó a una mujer, apodada «La Güera», de vender productos pirata y cocaína en el tianguis de Santiago Mexquititlán. De ella se dijo que era rubia, alta, pecosa, que y procedía del Estado de México.
Alberta, a quien «se identificó como ‘La Güera’», se encontraba ese día en el tianguis porque había ido a surtir su mandado de la semana y pasó a ver a su hermano, quien sí tenía un puesto en el mercado; por eso aparece en las fotos que tomaron los elementos de la AFI durante el operativo.
Teresa también sale en las fotos debido a que se encontraba con su esposo, Gabriel, quien tenía un puesto de discos en el mercado.
El día del operativo, Cruz giró un oficio a la AFI para que investigaran la demanda anónima. Para el abogado Ortiz Castillo, «los elementos de la AFI llevaban otras intenciones», ya que se aprovecharon de la vulnerabilidad de los tianguistas y, sin ninguna orden de cateo, les confiscaron sus mercancías.
Tres meses después, el 9 de agosto de 2006, el Juez Cuarto del Distrito, Rodolfo Pedraza Longi, les dictó a ambas mujeres la sentencia de 21 años de prisión y 91 mil pesos de multa por el supuesto delito de secuestro contra los agentes de la AFI; ante ese hecho, el abogado Ortíz interpuso una demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra los involucrados en el operativo por «abuso de autoridad, encubrimiento y los que resulten»
El 12 de septiembre de 2006, ante el cúmulo de irregularidades en el caso y con base en las pruebas en favor de la inocencia de Teresa y Alberta, Ortíz Castillo solicitó el sobreseimiento del caso ante la Subprocuraduría de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo de la PGR.
El sobreseimiento, explicó el abogado, es un recurso legal en el que «se ordena sentencia absolutoria en vista de que el delito es inexistente».
En dicha solicitud, Leonides enlista varias anomalías contra Alberta y Teresa y acusa a Cruz Bedolla y los agentes de la AFI de haber incurrido en «manipulaciones y componendas» durante la averiguación previa A. P./PGR/QRO/SJR-VIIA/064/2006 que se abrió el día del operativo.
En la opinión de Ortiz, que se puede leer en la página tres de la solicitud de sobreseimiento, el fracaso del operativo mencionado «hirió el orgullo» de los elementos de la AFI y de Cruz Bedolla, pues «tuvieron que reembolsar el importe de las mercancías».
Cruz Bedolla fue quien dirigió todas las actuaciones ministeriales, por lo que se le considera «el autor intelectual» de los delitos cometidos durante el proceso de averiguación, sentencia Ortiz Castillo en la solicitud de sobreseimiento.
En dicho documento también expone que el Ministerio Público al que Cruz Bedolla estaba adscrito pertenecía a la Subdelegación de Procedimientos Penales «A» del estado de Querétaro, por lo que también se acusa a Francisco Javier Campuzano López, titular de dicha institución.
Campuzano López emitió su opinión, personal y parcial, acerca de las pruebas que Ortiz Castillo presentó cuando hizo la solicitud de sobreseimiento para liberar a Alberta y Teresa, y «no realizó las investigaciones que en técnica jurídica está obligado a hacer», explica el abogado en el oficio de inconformidad ante la Secretaría Técnica del Visitador General de la PGR.
A Campuzano López se le acusa también de estar «involucrado en los hechos ilícitos»; de otra manera no se puede explicar su «proceder parcial» ante los elementos que demostraban la inocencia de Alberta y Teresa para que, por sobreseimiento, se ordenara su liberación.
A pesar de de todas las pruebas y acusaciones que contenía la solicitud del abogado, la Subprocuraduría de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo de la PGR consideró que no había elementos suficientes para liberar a las acusadas mediante dicho recurso legal.
LA DEMANDA
El 6 de noviembre de 2006, ante el Procurador General de la República Eduardo Medina, Ortiz Castillo presentó una denuncia contra los servidores públicos involucrados en la «ilegal integración de la averiguación previa» número A. P./PGR/QRO/SJR-VIIA/064/2006; por esta razón, el órgano persecutor (los agentes de la AFI y Cruz Bedolla) «no pueden ni deben alegar» en el caso, pues sólo han pretendido «generar derechos» que no les corresponden.
De acuerdo con Ortiz Castillo, los elementos de la AFI y Cruz se sienten «evidenciados», por lo que considera que es debido a un acto «odio y venganza» de los servidores públicos demandados el que Teresa y Alberta permanezcan en prisión hasta la fecha.
09/PRA/YT
