En estos primeros días del 2012 los medios de comunicación están dedicando una proporción importante de sus espacios de información y análisis a los temas electorales.
En esta etapa los partidos políticos y sus dirigentes son los que más aparecen en los medios. Los ojos de éstos se enfocan en los procedimientos que utilizarán los partidos para elegir a sus candidatos, así como a las personas que expresan su interés por ser postuladas.
Además de la Presidencia de la República, de los 128 senadores y de 500 diputados federales, este año se elegirán seis gobernadores, el jefe de gobierno del Distrito Federal y 889 presidentes municipales y jefes delegacionales, además de alrededor de 550 diputados locales.
Se trata de una etapa crucial del proceso electoral pues las cúpulas de los partidos deciden a quiénes seleccionarán como candidatos utilizando diversos métodos, en la mayoría de los casos poco democráticos y con poca participación de su militancia.
La pregunta es si dichos métodos nos aseguran a los electores que serán las y los mejores mujeres y hombres quienes serán postulados, tomando en cuenta su trayectoria y experiencia previa, preparación o capacidad intelectual.
Lamentablemente al pasar del tiempo vamos viendo cómo en la integración de los gobiernos y de las cámaras hacen mayoría personas inexpertas, sin calificación alguna, para ejercer la función encomendada, inclusive sin formación académica, que supla su falta de conocimiento de las materias que deberán manejar.
Asimismo, atestiguamos que personas impresentables por sus niveles de corrupción y abuso del poder aparecen como candidatos o se reubican en otras posiciones de gobierno. La impunidad y falta de efectividad de los mecanismos de rendición de cuentas les permite seguir extrayendo recursos públicos, pues aunque su nivel de corrupción es conocido y sufrido por muchos, nadie se atreve a denunciarlos, o se vuelven noticia fugaz en los medios de comunicación, sin consecuencia alguna.
Los partidos políticos que deberían ser los primeros en exigirles una conducta ética, son los primeros en protegerlos, defenderlos e incluso honrarlos, como es el caso reciente de Humberto Moreira y la deuda de Coahuila, o el desaseado asunto de REPSOL y el director de PEMEX.
Hace unos días empezó a expresarse la preocupación sobre la necesidad de blindar los procesos electorales de la penetración del crimen organizado. Este riesgo no puede desvincularse de la selección de candidatos con conocida trayectoria de corrupción, pues quien ya violó la ley una vez y, además, no fue castigado, lo volverá a hacer y con facilidad entrará en colusión con todo tipo de mafias.
Estamos a seis meses de elegir a 22 por ciento de los gobernadores, y a cerca de 37por ciento de los presidentes municipales. Dos grandes áreas metropolitanas cambiarán a sus gobernantes: Ciudad de México y Guadalajara.
El país está siguiendo una trayectoria de creciente violencia en donde la convivencia civilizada y la vida y la libertad de cada mexicano y mexicana están en permanente peligro.
La endémica corrupción en el ejercicio del poder político y económico en México ha sido caldo de cultivo del crimen organizado. También lo es la mediocridad e incapacidad de los gobernantes y el consecuente debilitamiento de las estructuras institucionales por la inexperiencia de quienes las conducen.
Es esta una etapa en donde los partidos políticos deberían procurar ofrecernos a los electores candidatos y candidatas aptos, dignos, responsables, comprometidos con el país y con conocimiento y experiencia sobre la función para la que serán postulados. Las curvas de aprendizaje son costosas y generan vacíos que rápidamente son ocupados por los intereses creados en los diversos campos y sectores.
No nos queda tiempo para más improvisados y menos para corruptos.
*Analista del Cambio Social y Presidenta de INCIDE Social AC
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